La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó el procesamiento de cuatro civiles en la denominada masacre de Laja-San Rosendo, ocurrida el 18 de septiembre de 1973, en la que fueron asesinadas 19 personas por un piquete de Carabineros de la tenencia de Laja, en la Región del Bíobío.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada penquista encausó a Pedro Jarpa Forester, Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román, como cómplices en los homicidios calificados de al menos siete de los trabajadores, entre empleados de la Papelera Laja y de Ferrocarriles del Estado.
Las víctimas corresponden a Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez.
La ministra Carola Rivas, que preside la Quinta Sala del tribunal de alzada, argumentó que "los antecedentes reunidos, a juicio de estos ministros, se estimaron suficientes para presumir fundadamente que la participación de los (cuatro individuos) que actualmente son procesados es en calidad de cómplices".
Los cuatro civiles "prestaron vehículos, consignaron e individualizaron nombres de personas que debían ser detenidas y proporcionaron diversos medios que finalmente significaron que los delitos de homicidio fueran concretados por personal de Carabineros", detalló.
Un caso relevante
El abogado de las familias de las víctimas, Adolfo Montiel, comentó algunos elementos relevantes de este caso.
“Los encausados prestaron la cal y las cuerdas para que esta gente fuera amarrada y después asesinada camino a Los Ángeles, en el fundo Perales, entonces había una evidente complicidad y conocimiento del resultado que iba a ocurrir", relató.
"Nos llena de satisfacción, pero es un camino largo todavía. Falta que dicte la acusación el ministro (en visita especial para causas de violaciones de derechos humanos, Carlos Aldana) y se defenderán ellos seguramente; después viene la sentencia y seguramente van a apelar a la Corte (de Apelaciones); y al final esto terminará como todos los casos de derechos humanos, en la Corte Suprema, en Santiago", manifestó el letrado.
La temática de la participación de civiles en delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura es una materia que no ha sido del todo tratada en el país, elemento que el abogado Héctor Salazar considera que “tiene igual relevancia que los delitos cometidos por militares”.
“En este caso en particular la cooperación de civiles fue entregada a Carabineros, instancia que fue muy recurrente en los primeros años de la dictadura. Paine, Lonquén y Laja sirven de ejemplo. Es importante que se indaguen en este tipo de responsabilidades, más si tenemos información al respecto. El problema ha sido que las indagatorias se han centrado en los militares y no tanto en las responsabilidades de los civiles”, comenta el abogado.
Al reflexionar sobre la participación de los civiles, el abogado Salazar nos recuerda que hoy tenemos a un ministro del gobierno de Piñera estrechamente vinculado con este tipo de casos.
“Es lo que sucede con el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien está relacionado con Colonia Dignidad y Paul Schaefer. La no profundización en estas responsabilidades ha hecho que con el tiempo estas personas hayan conseguido blanquear su imagen pública y, como consecuencia, son los militares los principales responsables”, concluye el profesional.
Consultado el abogado Nelson Caucoto sobre la responsabilidad de los civiles en dictadura considera que “hoy se habla de dictadura cívico-militar por la gran participación de los civiles”, reflexiona el abogado.
“Tenemos casos de civiles que denunciaron los abusos como también tenemos varios casos de civiles que se sumaron a los actos represivos. Lo que sí es cierto es que muchos de estos últimos no han sido debidamente indagados, situación que se ha producido porque el foco se ha puesto en la responsabilidad de los militares”, dice Caucoto.
“La información sobre estas personas está, algunas indagatorias se han realizado, y la complicidad de muchos de ellos es algo que se puede comprobar, pero se trata de algo que se encuentra pendiente en nuestra historia judicial. Es de esperar que el tiempo permita revisar todo”, finaliza el abogado.
