Desde Augusto Pinochet (1973-1998) en adelante, con excepción de Ricardo Izurieta (1998-2002), todos los comandantes en jefe del Ejército han sido requeridos o apuntados por la justicia, de acuerdo a un informe publicado por radio Bío Bío.
En resumern, la crónica especifíca:
Juan Emilio Cheyre (2002-2006): el ministro en visita, Mario Carroza, sentenció al ex comandante en jefe del Ejército a 3 años y 1 día de libertad vigilada por el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el denominado Caso Caravana de la Muerte en 1973, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. A ello se suma una nueva causa del ministro en visita Vicente Hormazábal, que lo procesará -junto a otros dos generales- como presunto coautor de la “aplicación de tormentos” a 24 presos políticos de La Serena, tras el golpe militar de 1973.
Óscar Izurieta (2006-2010): una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó gastos improcedentes por 660 millones de pesos en las instalaciones del Ejército en Coyhaique. Ahí salieron a la luz viáticos adulterados, comisiones de servicios falsas, gastos de representación irregulares y pagos por servicios inexistentes que tenían su origen en una inusual forma de recompensar a los beneficiarios del FAM de oficiales y suboficiales, que se encontraba en quiebra. Entre ellos se apuntó al general en retiro Óscar Izurieta, a quien se le acusa de desvío de recursos presupuestarios en 2006, cuando se inició este modelo -que se mantuvo vigente hasta 2016- y se decidió devolver la plata a través de viáticos y trabajos que nunca se realizaron.
Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014): la ministra en visita Romy Rutherford ordenó la detención preventiva del excomandante en jefe del Ejército. Lo anterior, a raíz de la indagatoria -denominada Caso Pasajes- que lleva adelante la persecutora contra el militar en retiro por la presunta gestión irregular de viáticos y compras de pasajes al extranjero -para uso personal- de altos oficiales del Ejército en medio de comisiones de servicio. La determinación se concretó luego que el miércoles declarara ante Rutherford por más de 10 horas, donde tuvo que explicar el aumento de su patrimonio en una cifra cercana a los 7.000 millones de pesos.
Humberto Oviedo (2014-2018): a raíz del mismo Caso FAM, aunque sin que le impute cargo alguno, Oviedo fue citado a declarar como testigo por la investigación por el presunto fraude del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército. “En el año 2014, cuando recibo el mando del Ejército de manos del general Fuente-Alba, no se me entregó información referente al FAM ni nada asociado a aquel, sin ser uno de los temas que mereciera la importancia como otros que sí lo tenían en aquel momento”, declaró el 29 de octubre pasado.
Ricardo Martínez (2018-actualidad): en el marco de ese mismo caso, en el período en que Martínez se desempeñó como subjefe del Estado Mayor (2014-2015) con el grado de general de brigada, registró 30 viajes a distintas regiones del país y al extranjero, con destino a Estados Unidos, África, Europa y América Central. El costo de estos viajes fue de 120 millones de pesos, incluyendo el pago de viáticos y los tickets aéreos. Por su parte, en noviembre pasado, se filtró el audio de una reunión privada que sostuvo con cerca de 900 oficiales, donde señaló que conocía información sobre nexos entre oficiales y el crimen organizado.
