En materia de resguardo y defensa del medio ambiente la ciudadanía ha dado muestras contundentes de empoderamiento. Actos que han tenido algunos puntos altos.

 

Basta recordar cuando miles de personas marcharon para decir Patagonia Sin Represas, rechazando el proyecto de HidroAysén. O cuando la ciudadanía marchó gritando No a Pascua Lama.

 

Lo mismo con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, donde una comunidad entera se ha movilizado en contra, defendiendo la naturaleza y el medio ambiente.

 

 

La semana pasada se informó en redes sociales que el río Mapocho fue intervenido y cortado en dos. Esto para instalar una mini central hidroeléctrica de paso.

 

La consecuencia es que el cauce fue secado en un 100% en un rango entre los kilómetros 12 al 8, esto en la precordillera.

 

Se trata de de una instalación privada, a cargo de Eag, (Electro Austral Generación) y el proyecto tiene por nombre "El Arrayan".

 

La organización que hace la denuncia indica que la planta se ubica en una zona de preservación ecológica además de ser un lugar residencial.

 

 

Acusan no haber recibido apoyo ni de la Municipalidad de Lo Barnechea, del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), de la DGA (Dirección General de Aguas), ni tampoco de la Contraloría.

 

Los denunciantes afirman que la empresa no tiene permisos para la construcción que otorga la Dirección General de Aguas, esto para poder intervenir el lecho del río y el cauce, por lo que la empresa fue sancionada con 20 UTM.

 

 

Cambio21 conversó con dos vecinos del sector, quienes se encuentran agrupados en la organización Corporación Farellones, entidad que ha presentado frente a distintas autoridades las quejas de la comunidad.

 

Para Armando Aldunate la situación es complicada y pone en riesgo todo el lugar, por lo que la comunidad “se opuso desde el primer momento en que supo de esta construcción. Fuimos a la Contraloría, a la Municipalidad, conversamos con muchas personas pero no pudimos conseguir nada. Hay muchos vecinos perjudicados”, explica.

 

“Lo lamentable es que el lecho del río se secó completamente, cosa que puede verse en algunas imágenes que circulan por redes sociales. Los abogados, sin embargo, nos dicen que hay una serie de elementos que evidencian irregularidades frente al funcionamiento de la planta. Además que el ruido es insoportable, y los vecinos que viven cerca son los más perjudicados. Tenemos claro que seguiremos con las movilizaciones”, señaló Aldunate.

 

“Esto finalmente desemboca en un daño al turismo y a la naturaleza del cajón del camino a Farellones. Prometieron plantar árboles y conservar el lugar pero no han hecho nada de eso. Seguiremos con nuestras movilizaciones para cuidar un patrimonio que es de todo el país”, concluyó.

 

 

Javier Arentsen es otro de los vecinos que se encuentra movilizado frente al funcionamiento de la planta “Arrayán” y, en conversación con Cambio21, complementó la mirada del problema.

 

“Los derechos para intervenir el cauce de un río los entrega la DGA (Dirección General de Aguas), derechos que aún no han sido entregados. La planta lleva funcionando cerca de tres meses, pero sin los permisos de construcción, razón por la que la DGA ya multó a la empresa EAG (Electro Austral Generación), pero se trató de una multa muy menor”, explica Arentsen.

 

Sobre esta irregularidad de estar funcionando sin tener los permisos, Arentsen profundizó.

 

“La Municipalidad no nos ha ayudado en nada, diciendo que el lecho del río pertenece a la arbitrariedad del MOP (Ministerio de Obras Públicas), lo que termina siendo responsabilidad de la DGA, entidad que entregó una resolución a la Municipalidad, donde la jefa de la DOM (Dirección de Obras Municipales), Marcela Migueles, me dijo que sí habían recibido la resolución, pero que no podían hacer nada por ser responsabilidad del MOP. Nos queda claro que no hay voluntad política para hacer los cambios”, expuso.

 

“Lo que complica la situación es que las centrales de producción menores de 3 megas, el Arrayán tiene 1,2, no ingresan al sistema. Por tanto, este tipo de instalación tiene la facilidad de ir personalmente a cada una de las instituciones y presentar sus permisos de forma separada. Por tanto, ellos no ingresan a las fiscalizaciones que dispone el SEA. Esto les ha permitido trabajar en el borde de la legalidad. Han incumplido una serie de elementos, como un botadero de basura y alterar cuatro quebradas de la zona. Seguiremos con nuestras solicitudes, no nos detendremos”, finaliza Javier Arentsen.

 

Cambio21 se comunicó con la empresa EAG pero nos indicaron que no había ninguna persona disponible para responder nuestras preguntas.