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Contraloría acredita que exsubsecretaria del gobierno de Piñera ofreció tierras a cambio de firmas para su partido político

La Contraloría General de la República acreditó que la exsubsecretaria de Bienes Nacionales del Gobierno de Piñera, Alejandra Bravo, ofreció terrenos en la Región de Antofagasta cuando ejercía su cargo, a cambio de que pobladores de la zona se inscribieran en el partido Nueva Clase Media.

Por esta razón, envió los antecedentes al Ministerio Público con miras a que se inicie una investigación por eventuales delitos de corrupción durante el ejercicio de su cargo entre 2018 y fines de 2019.

La información que consta en el documento, confirma lo revelado en radio Bío Bío en noviembre de 2019 y que significó su salida del gabinete.

La indagatoria que realizó la Contraloría en la Región de Antofagasta, estableció que al menos cuatro personas recibieron ofrecimientos formales para acceder a tierras a cambio de la afiliación política, de parte de funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales. Una de las interrogadas reconoció directamente a Bravo.

De acuerdo al organismo fiscalizador, los hechos implican una falta a la probidad administrativa”, como “el hacer valer indebidamente la posición funcionaria para
influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto”.

Lo publicado por este medio, incluía el audio de una reunión, donde una persona les indica que deben inscribirse para tener un apoyo “mutuo”.

“¿Se acuerdan ustedes que nosotros les pedimos un favor? (…) que la subsecretaria necesita inscribirse para ser diputada ¿cierto? … de partido, (…) Nueva Clase Media. ¿Quién de ustedes tiene la clave única? Aquí el apoyo tiene que ser mutuo. No pidamos, pidamos, pidamos, y… ¿qué entregamos?”, señala el registro.

La denunciante de estos hechos, la diputada Marcela Hernando (PRSD), valoró los alcances de lo acreditado por el organismo fiscalizador.

“Esta es la peor cara de la política que es cuando se usa para el beneficio propio”, indicó.

Lamentó, en todo caso, que la auditoría haya demorado casi dos años en conocerse, señalando que los plazos de prescripción pueden dejar a los infractores “sin sanción”.

“Me reuniré con el ministro de Bienes Nacionales para conocer cuál es el estado de los sumarios (internos) y haré llegar este informe de Contraloría al Ministerio Público que espero esté bien avanzado en su investigación”, agregó.