El actual ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, según trascendidos de círculos de abogados y miembros del Senado, es uno de los candidatos que suena fuerte en el gobierno para llegar al máximo tribunal de justicia del país. De perfil conservador, algunos de sus fallos han generado polémica. Estuvo por absolver a cuatro ex uniformados en el caso de las muertes de los frentistas Raúl Pellegrin y Cecilia Magni; falló contra recursos de protección presentados en contra de las empresas contaminantes en la zona de Quintero-Puchuncaví y se manifestó en oposición de otorgarle una pena sustitutiva a una mujer víctima de violencia sexual, según da cuenta El Desconcierto.

Hace algunos meses está en curso el proceso que designará al reemplazante del ministro Hugo Dolmestch, quien dejará la Corte Suprema después de 14 años. El 11 de marzo pasado sus pares del máximo tribunal de justicia elaboraron su propuesta con los cinco candidatos más votados, que posteriormente entregaron al Ministerio de Justicia.

En ese grupo resultaron electos los ministros: Sergio Mora Vallejos, de la Corte de Apelaciones de Coyhaique por su trayectoria judicial; Raúl Mera Muñoz, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con 8 votos; Mario Carroza Espinoza, con 7 votos; Jessica González Troncoso, 7 votos; y María Soledad Melo, con 6 votos. Los últimos tres, miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La decisión ahora está en manos del Ejecutivo que, hasta ahora, no ha entregado oficialmente su candidato electo al Senado para que finalmente sea ratificado. El que llegue a esta instancia tendrá que contar con los 2/3 de aprobación, es decir, 29 votos en total.

Sin embargo, de estos nombres el que ha resonado con fuerza en círculos de abogados y en la propia Cámara Alta es el de Raúl Mera (64). Fueron los votos de María Eugenia Sandoval, Manuel Valderrama, Arturo Prado, Ángela Vivanco, Rosa Egnem, Guillermo Silva, Mauricio Silva, Gloria Ana Chevesich los que lo posicionaron en el primer lugar de la lista. A excepción de los dos últimos, se reconoce un perfil conservador en los ministros que le dieron su preferencia.

Por ahora el nombre de Mera como posible candidato del oficialismo ha trascendido entre los senadores, según indicaron algunos a El Desconcierto. Este perfil ha generado alarmas entre los parlamentarios del Partido Socialista, PPD, la DC y el Frente Amplio quienes tendrán que decidir sobre la carta que finalmente proponga el gobierno.

Desde este último conglomerado, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo esperar que se opte por un perfil pro derechos humanos, pero sin hacer juicios anticipados sobre un candidato que todavía no es ratificado. Su apuesta es que se realizaran audiencias públicas para analizar la carrera y las opiniones del posible candidato en el espacio público. “Un juez de la Corte Suprema tiene relevancia en políticas públicas por sus fallos que afectan a la ciudadanía en muchas áreas sensibles, entre ellas situaciones medioambientales en Valparaíso”, expresó.

Mientras que desde la sociedad civil también han alertado sobre esta posible designación. Es el caso del Espacio de Memorias “Londres 38” que lanzó una campaña informativa sobre los criterios de los jueces que deben ser escogidos para estos cargos. Su coordinadora general, Alexandra Benado, sostuvo a El Desconcierto que nuevamente se ven interpelados por la perpetuación de elementos de impunidad en estos fallos. “Resulta incomprensible que desde el Poder Judicial y de la misma Corte Suprema, a la cual hemos tenido que recurrir durante más 45 años en búsqueda de verdad y justicia, los propios jueces voten por Raúl Mera. Es una revictimización y muestra que no cumplen con su propio “mea culpa” que hicieron en otras épocas por su omisión en casos de violaciones a derechos humanos en dictadura”, señaló.

Por su parte, Karinna Fernández abogada experta en derecho internacional y también integrante de este espacio, sostiene que el fallo en materia de Derechos Humanos desconoce las obligaciones internacionales respecto a los delitos de lesa humanidad, con investigaciones diligentes y sanciones efectivas, algo que no se cumplió en el caso “Los Queñes”. “Es necesario poner atención en las autoridades que llegan a estos cargos porque deben cumplir con la idoneidad para proteger la integridad de las personas”, expresa.

En esta misma línea, Javiera Tapia, abogada y activista de Derechos Humanos de Valparaíso,  considera preocupante su eventual designación: “Se ha observado en su participación cierto conservadurismo y regresión en materia de derechos humanos y medio ambiente”, concluye.

El Ministerio de Justicia fue consultado por esta información, sin embargo, declinaron entregar información al respecto.