Por Mario López M.

La profesional que desde el SII descubriera los casos de financiamiento ilegal de la política y las boletas y facturas ideológicamente falsas, asegura que el país no ha estado a la altura para resolver estos casos.

Siente que la salida de los fiscales Gajardo y Norambuena era una “profecía anunciada” que comenzó con la llegada de Abbott. Chile al renunciar a perseguir estos casos está incumpliendo el derecho internacional, asegura.

La abogada que descubrió el hoy conocido Caso FUT, que más adelante derivó a Penta, Soquimich, Corpesca y otras empresas involucradas en graves casos de corrupción mediante el financiamiento ilegal de la política, analiza para Cambio21 la salida de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, así como el perdonazo a SQM.

Golpeada pero no derrotada, cree que los ciudadanos no pueden ser ajenos a lo que está pasando, so riesgo de transformarse en “cómplices pasivos”.  No le extraña que se esté tratando de echar tierra a las causas, ello ya se veía venir, asegura.

-Pareciera que no es buena noticia que lo que usted inició en 2014, como investigación en el caso FUT y que derivó más tarde en los casos de financiamiento ilegal de la política, de la noche a la mañana se desmorone. ¿Qué pasó?

-Buena pregunta, qué pasó. Es lamentable que nuestro país no haya estado a la altura de los casos de financiamiento irregular de la política, que causaron tanto daño, desprestigio, desconfianza en la ciudadanía y que, sin embargo, no hayan tenido un resultado sancionatorio por parte de las instituciones que deben investigar y sancionar, tanto tribunales como la fiscalía.

Solo nos quedamos en la denuncia pública, en las protestas en redes sociales, en la sensación que hay en toda la comunidad de que son conductas reñidas absolutamente con el estándar que uno exigiría para sus funcionarios públicos, pero pareciera que no era la misma opinión que sostenían nuestras instituciones.

-En paralelo a este caso se va dando una arista, que es el caso Soquimich. No solo está relacionado con casos de corrupción en el financiamiento ilegal de casi todo el espectro político, sino que además tiene la explotación del litio. Se acabaron los dos juicios de la noche a la mañana y más encima se beneficia a la empresa. ¿No le parece una especie de terremoto?

-Por supuesto. Soquimich es la principal empresa que ha estado involucrada en temas de financiamiento irregular de la política en forma transversal y se aprobó una ley por nuestro país, que es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, precisamente para que casos como este no quedaran impunes, sino que las empresas que participaran en actos de corrupción sean sancionadas.

No obstante haberse dictado la norma y que este era un tema que durante mucho tiempo se discutía en esferas jurídicas y que implicaba además el cumplir con ciertas exigencias internacionales en torno a que se legislara para sancionar conductas en materia de corrupción de personas jurídicas ¿qué se hace en los hechos? No se sanciona a la persona jurídica de SQM. Entonces, si no hay sanción para una empresa como esa, ¿para qué otra empresa va a haber sanción? Esa es la pregunta.

-¿Cómo estima usted que influirán el acuerdo que se logra con Moreira por un lado y el que se llega con el perdonazo a SQM por el otro, en los demás casos judiciales que se encuentran en trámite en materia de corrupción?

-Influyen ciertamente, porque no se trata de una situación aislada por parte de los fiscales que tienen a su cargo esas causas, sino que aquí se está manifestando una voluntad general de la Fiscalía al no sancionar estas conductas.

Cuando el nuevo Fiscal Nacional asume (Abbott), da una señal de que quería terminar rápido con estas investigaciones y que no debían prolongarse, y es una señal clara de que no se quiere continuar más allá, sin decir siquiera lo que ha hecho o más bien lo que no ha hecho el SII en materia de financiamiento irregular de la política a través de la Comisión de Delitos Tributarios, que son también de la mayor gravedad y que no han accionado.

-¿Profecía autocumplida?

-Se trata de una profecía autocumplida en cuanto a que las causas no iban a terminar en una condena, que es lo que todo el mundo hubiese esperado, independiente de si fueran altas o bajas. Si SQM, por ejemplo, hubiera tenido una condena, una de las sanciones que se le aplican a esas empresas es que no puede desarrollar contratos con el Estado.

Con la suspensión condicional del procedimiento esto no existe y las conductas no son sancionadas, pero lo más relevante es que aquí hay un incumplimiento de nuestro Estado a compromisos internacionales, porque la Convención Interamericana Contra la Corrupción, aprobada el año 1996, obliga al Estado no solo a detectar oportunamente actos de corrupción sino que, además, a sancionarlos. No ha pasado ni pasará.

-Se estima en aproximadamente en siete mil millones de dólares (US$7.000.000.000) lo que obtendrá SQM por la mayor explotación del litio que se le acaba de conceder. La multa que le cursó el fiscal Gómez es de 3,5 millones de dólares. Una distancia sideral. ¿Qué le parece?

-Ese es el gran tema cuando uno habla de sanciones pecuniarias a empresas, porque para las empresas -y sobre todo tratándose de un negocio lucrativo-, va a ser siempre más conveniente pagar la multa que dejar de ganar el dinero que podrían recibir en el negocio. Obviamente no va  a afectar mayormente a una empresa de esa naturaleza.

Dentro de las sanciones que establece para las empresas la ley de responsabilidad penal está efectivamente una multa, pero están también otras, como la prohibición de celebrar contratos con el Estado e incluso la disolución cuando son casos de gravedad.

-Usted fue fiscal. Enfrentada a la disyuntiva de los fiscales Gajardo y Norambuena, ¿hubiera renunciado?

-No me cabe la menor duda que hubiera renunciado. Poniéndonos en el caso de los fiscales Norambuena y Gajardo, han hecho un esfuerzo considerable por nadar en contra de la corriente, lo que se vio venir cuando aparecieron las causas de financiamiento de la política. Tuvieron muchas cortapisas, como las del SII, que fueron bastante graves. Recordemos el caso de Michell Jorratt, a quien habrían presionado para que el SII no entregara la información  a la Fiscalía.

Ellos han hecho un tremendo esfuerzo y hablo como ex fiscal. Cuando uno se involucra en un caso esperaría que al menos se le preguntara sobre el término de la causa, estando claros que es una facultad del Ministerio Público, del fiscal a cargo. Pero había algo más, era cómo respondemos como Fiscalía a estos graves casos de corrupción que han azotado a nuestro país. Cuando uno tiene convicciones y está luchando en contra la corrupción, hace que se tomen decisiones de esa naturaleza.

-Marisa, ¿siente como Carlos Gajardo, una “derrota personal” en esto?

-Uno siente una desazón, porque las acciones que uno ha emprendido pareciera que no sirvieron de nada. Pero después de la desazón no puede venir el sentimiento de derrota. Nosotros los ciudadanos, comunes y corrientes como soy yo, nunca podemos resignarnos a la corrupción, nunca nos podemos resignar a la impunidad.

Los ciudadanos tenemos la labor y el deber de no resignarnos a los casos de deshonestidad o seremos “cómplices pasivos” de la corrupción. Ahí está el esfuerzo que debemos hacer..