Por Mario López M.

Valiéndose de parlamentarios que habrían presionado al ente estatal, habría obtenido el espurio acuerdo que dio a la minera más ganancias y más plazo en la explotación del litio. ¿Quiénes fueron? ¿Son los mismos ya sobornados u otros que mantienen el anonimato? Desde el Congreso exigen los nombres a Bitrán.

El Presidente de la República, el Congreso Nacional y la Comisión Chilena de Energía Nuclear pueden invalidar el acuerdo que engañó al país entero. “Es la hora de nacionalizar”, dicen distintas personalidades. Piñera toma distancia y Corfo dice que no intervendrá.

El retorno de Julio Ponce Lerou a la administración de Soquimich, bajo la figura fraudulenta de una asesoría ad honorem, burlando supuestas tratativas que lo marginaban de la empresa, constituye un agravio para Chile, pero también una oportunidad para nacionalizar el litio y definir por fin una política pública, no solo de explotación sino que de inyección de tecnología que permita industrializarlo.

Así lo visualiza la senadora demócratacristiana Yasna Provoste: “Esto puede ser el detonante para tener una mirada mucho más profunda respecto de lo que son nuestros recursos estratégicos y, por cierto, en la región donde vivimos: cobre, litio, cobalto, fundamentales para la electro movilidad”, dijo la senadora.

De hecho, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de Reforma Constitucional que busca la creación de la “Empresa Nacional del Litio”, que en los hechos significa su nacionalización. Para el exembajador, abogado y académico Roberto Mayorga, las condiciones ya están dadas por la actual Constitución, por lo que solo falta voluntad política.

Que Bitrán diga la verdad

Para muchos pasó inadvertida una afirmación hecha por el ex vicepresidente de Corfo Eduardo Bitrán para que llegara rápidamente a un acuerdo con Soquimich aunque Julio Ponce Lerou no  saliese de la empresa: “Yo recibí presiones de distinguidos políticos precisamente por este tipo de consideraciones (…) Yo les decía: ‘no, las condiciones están claras, son éstas’. Nunca transé”.

Graves afirmaciones, sobre todo a la luz del burdo engaño que redundó en que se concretó el acuerdo, pero no la separación de Julio Ponce Lerou.

El parlamentario democratacristiano  y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Mario Venegas, exigió a Bitrán que diera los nombres de los parlamentarios que, según él mismo dijo, lo habrían presionado para mantener a Julio Ponce Lerou en SQM: “es de la mayor gravedad que deje flotando en el aire y sin identificar a esos parlamentarios que lo llamaron y que lo presionaron, y lo conmino a que de los nombres y apellidos, para evitar que la duda se instale sobre todos los que estamos en la actividad política”, espetó.

EL PC también se hizo parte del requerimiento: “ex vicepresidente de Corfo Eduardo Bitrán afirmó públicamente que fue objeto de presiones de parlamentarios en favor de Julio Ponce Lerou. Eduardo Bitrán debe transparentar absolutamente la información y señalar quiénes son esos parlamentarios, porque son acusaciones graves emitidas ante la opinión pública y que podrían configurar delitos”, pidió la colectividad a través de una declaración pública.

Todo esto, mientras el país era testigo del perdonazo que el fiscal Pablo Gómez hizo en materia penal a Soquimich, dejando en total impunidad los casos de corrupción política transversales hechos por esa empresa, a lo que se sumó el mentado acuerdo Corfo/SQM que implicó desistirse por el ente estatal de las acciones de incumplimiento en contra de la empresa de Ponce Lerou y entregarle de paso más beneficios.

Entonces, ¿quiénes fueron los políticos que, según Bitrán, lo presionaron para seguir beneficiando a Ponce Lerou? ¿Son los mismos a los que SQM sobornó? ¿Son otros parlamentarios cuyos nombres aún se mantienen en el anonimato y siguen trabajando para el yerno de Pinochet?

¡Patrañas que no sabía!

En enero del presente año el entonces vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, afirmaba que el acuerdo a que arribaba con Soquimich era histórico. No solo aseguraba importantes ganancias al país, sino que además terminaba por “mejorar el gobierno corporativo y la ética de los negocios en SQM, considerando que esa empresa traía un pésimo historial, que incluso llevó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a sancionarla por la ley de prácticas corruptas”. Ese “acuerdo” no era otro que la salida de la compañía de Julio Ponce Lerou y de su hermano Eugenio.

La actual administración de Corfo, no menos cuestionada que la anterior, asegura que tal acuerdo de excluirlo como “asesor estratégico” nunca existió o que, de haberlo, no consta en ningún lado. Por ello el propio Bitrán salió a explicar, lo inexplicable: “En relación a la declaración de Corfo, me veo en la obligación de señalar nuevamente que la esencia del contrato, además de los aspectos comerciales, ambientales y tributarios, era la salida de Julio Ponce Lerou de SQM y su pérdida del control, con el fin de lograr cumplir con las normas de desconcentración de los estatutos de la compañía. Esta siempre fue una condición intransable y fue informada y ratificada por todas las instancias, incluidas el Consejo de Corfo, y comunicada amplia y reiteradamente a la opinión pública”.

Desde la empresa lo desmienten: “Hay una persona (…) dando información que no se condice con la verdad”, respondió el abogado de Pampa Calichera Sebastián Oddó. No solo eso, aseguró que Bitrán siempre supo que los Ponce Lerou volverían como “asesores”.

Es más, dijo que “el día que firmamos el contrato yo le envié un mail al abogado de Corfo (Felipe Bulnes), donde le adjuntaba la versión final y le pedía que confirmara nuestro entendimiento en cuanto a que la versión contenida en la cláusula cuarta letra D no afectaba la calidad de asesores. Él me responde que eso es así y que así se lo ha ratificado expresamente el señor Eduardo Bitrán previo al envío de este mail”. Aquí no se engañó a nadie”.

A tanto llega el desmentido, que en el intercambio de e-mails del 18 de diciembre de 2017, el entonces abogado de Corfo, Felipe Bulnes, le respondió a Oddó: “tu entendimiento en cuanto a que la prohibición prevista en la cláusula Cuarta Letra D no alcanza a la calidad de asesores de SQM y filiales es correcta”, para terminar rematando: “para plena seguridad de ustedes lo acabo de ratificar con él” -en relación a Eduardo Bitrán-, quien siempre supo de este resquicio obsceno para burlar la letra del acuerdo y devolverle a Ponce Lerou no solo la administración de SQM sino que además entregársela “muy mejorada”, por más años, aumentando la cuota de explotación y sin los juicios en su contra por incumplimiento de contratos que tenía Corfo en su contra y los de corrupción por los casos de sobornos.

“La trama”

¿Fue engañado Bitrán -y de paso el Estado de Chile- o se trató de una acción fríamente planificada mediante la cual se concitaron diversas instituciones para defraudar al Fisco? El aludido ex vicepresidente de Corfo jura que se trató de un engaño. “Hipócrita”, le responde Mayorga: “Ahora dice que la vuelta de Lerou es una operación siniestra. El siniestro es Bitrán que estaba consciente de entregar el litio a la empresa más corrupta del país y consciente que Ponce Lerou continuaba como el principal accionista de ella. Realmente ¡hipócrita!”.

Pero la “movida” de Julio Ponce Lerou es más fina que solo “regresar como asesor ad honorem” a la empresa. Desde luego, sigue siendo un principal accionista, pero además el verdadero objetivo es retomar el control. Y no se trata de una decisión reciente. En el acuerdo Corfo/SQM, se estipuló que salía “por 12 años” de la dirección corporativa de la empresa. En paralelo y desde mucho antes venía fraguándose, en un sentido totalmente contrario al acuerdo, otro plan.

Lo que Chile supo fue que a fines del pasado año el fiscal Pablo Gómez dejó impune a SQM, llegando a un espurio acuerdo con la empresa a cambio de que esta pagara una suma de dinero por impuestos defraudados y otra suma la donara a terceros. También se enteró del tantas veces señalado acuerdo de la minera no metálica con Corfo del que se benefició ampliamente. Por último el país conoció que a pesar de un supuesto acuerdo para que Ponce Lerou se mantuviera fuera de la empresa hasta 2030, este volvía bajo la apariencia de asesor a Soquimich. Hasta ahí la verdad formal.

Lo que no se dijo

Desde luego que jamás estuvo en la voluntad de nadie de los que participaron de los acuerdos que Ponce Lerou no volviera. Pero es “casi” lo de menos. Lo más delicado es que cada uno de los pasos conocidos estaban “concertados” o “milagrosamente” alineados para que el yerno de Pinochet retomara el poder de una ahora más poderosa empresa que la que supuestamente había dejado. ¿Elucubración sin fundamento? No. Evalúe usted los hechos.

Kowa, una empresa de origen japonés que participaba del control de SQM a través de Pampa Calichera y sobre la cual se ha afirmado que no era otra cosa que una empresa de papel cuya propiedad en realidad pertenecía a Ponce Lerou, tiene una incidencia trascendental en la vuelta del yerno de Pinochet a hacerse cargo de SQM. En el acuerdo suscrito entre Corfo y la minera se estableció que ese pacto entre la empresa japonesa y Pampa debía terminarse. Así ocurrió en abril de este año.

¿Por qué importa eso? Porque  al salir de escena en el control de SQM permite a Ponce Lerou transformarse en el voto dirimente en el directorio que ejercía a través del presidente de la firma.

Pero la historia comenzó de otro modo: Un año antes que Kowa desapareciera de la escena, se firmó un acuerdo muy poco conocido, salvo para los incumbentes: los accionistas de las Cascadas, Nutrien (ex PCS) y Kowa, suscribieron un acuerdo de gobiernos corporativos, por el cual las tres sociedades votaban en conjunto, eliminando la figura del anterior voto dirimente del presidente del directorio de SQM.

Todo calza

Ese protocolo de abril de 2017 fue el dulce que le mostraron a Bitrán para suscribir el acuerdo de enero de 2018. Patricio Contesse Fica, director de SQM y quien era el principal ejecutivo de las sociedades cascadas, y José María Eyzaguirre, de PCS, llevaron la oferta y manejaron las negociaciones con Corfo. También a finales de 2017 Nutrien, por políticas ajenas a Chile, se vio obligada a forzar que PCS vendiera su participación en SQM.

Por ello nacía una nueva arista que favoreció el acuerdo con Corfo; era básico para PCS hacerlo para obtener un mejor valor de sus acciones en la venta. Como se recordará, Jochen Tilk, presidente de PCS, personalmente vino al país a negociar con Bitrán. Fuentes relataron a Cambio21 que incluso el personero extranjero amenazó con demandar indemnizaciones a Chile. Días después se selló el acuerdo.

Terminado el convenio con Kowa, fuera Nutrien vía PCS, con el gobierno de Piñera renunciando a revisar el acuerdo Corfo/SQM por estimar que “no le corresponde sino solo supervisar que el acuerdo se cumpla”, Ponce Lerou, a través de su voto y el del actual presidente de SQM, recupera su influencia absolutamente, pues Alberto Salas, mandamás de la minera no metálica, es un hombre de su total confianza, tanto que fue propuesto por el Grupo Pampa. Además como “asesor” nada le impide participar en el Directorio de Soquimich.

Ah y recordemos que además en el directorio, aparte de Salas, se encuentran Laurence Golborne, hombre de confianza de Piñera, y Hernán Büchi, uno de los mayores responsables del proceso privatizador de empresas en dictadura, de la cual también fue  ministro de Hacienda y ambos fueron candidatos presidenciales de la derecha. En la gerencia general está Patricio de Solminihac, hermano del exministro de Piñera, quien fue querellado por el SII en su calidad de representante legal de la compañía por delitos tributarios.

“Lesiona el interés nacional”

Así lo estima el grupo de parlamentarios del PC e independientes que presentaron una Reforma Constitucional que busca nacionalizar el mineral, creando una Empresa Nacional del Litio: “Este hecho no hace más que demostrar lo que el Partido Comunista advirtió oportunamente: El acuerdo al que arribó Corfo con SQM en enero de este año, lesiona gravemente el interés nacional y legitima la corrupción, pues le entrega nuestras riquezas a una empresa que ha sido denunciada y sancionada por la perpetración de delitos de cuello y corbata”, dicen en una declaración.

De “vergüenza” calificó la vuelta de los hermanos Ponce Lerou el exministro Francisco Vidal, para quien el yerno de Pinochet no posee derecho a “tener ningún rol en esa empresa”, dada su participación en el financiamiento ilegal de la política.

En el mismo sentido Roberto Mayorga destaca “la gravedad de lo señalado, más el reciente y controvertido acuerdo de enero pasado, por medio del cual el Estado extiende la concesión del litio a una empresa a todas luces criminalizada, por la red de cohechos a funcionarios del Estado y personeros políticos, lo que es de público conocimiento”.

Va más allá y afirma que de manera importante está afectada además la seguridad nacional, pues “el litio es una sustancia que puede utilizarse en la fabricación de baterías para autos eléctricos pero, asimismo, de armamento nuclear” y en este caso SQM se ha saltado la supervisión y autorizaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), habiéndose registrado según la prensa más de 6.500 embarques de litio al exterior sin dicha supervisión, algunos de ellos, se especula, incluso a Irán y Corea del Norte.

La nacionalización, algo más que legal

Tras el burdo episodio del regreso en gloria y majestad –e impunidad- de Julio Ponce Lerou, se ha abierto una discusión acerca de qué hacer con el litio. Uno de los que lanzó al tapete la idea de “nacionalización”, fue Francisco Vidal, para quien se debe seguir “la lección aprendida con el salitre y el cobre en tiempos del Presidente Allende. Cuando tienes un recurso, de la importancia actual y futura del litio, yo creo que la propiedad del Estado es fundamental (…) hay que recordarles a los chilenos que cuando el Presidente Salvador Allende nacionalizó el cobre, si bien tuvo una voluntad unánime en esa oportunidad, venía de una pelea de 30 años atrás. El cobre nacionalizado le ha dado a Chile en los últimos 45 años, 100 mil millones de dólares”.

La senadora DC Yasna Provoste también es favorable a esta: “Estoy de acuerdo con nacionalización del litio”, aseguró, recalcando que hay que “tener una institucionalidad pública que promueva también el apoyo en materia de litio. Falta voluntad del Estado de impulsar, a través de políticas, una explotación sustentable. Estos minerales están instalados en salares muy frágiles y se requiere tener un diseño de explotación sustentable”.

Para Roberto Mayorga, hay otro elemento que justifica la nacionalización: “que el país definitivamente entre a una segunda etapa de desarrollo agregando valor a sus riquezas naturales. No es aceptable que el litio siga exportándose como salmuera a otros países (…) donde se construyen baterías que alimentarán a la poderosa industria de autos eléctricos los próximos años. Chile tiene la capacidad para, -con tecnología de punta alemana o japonesa, por ejemplo, como lo están planificando Bolivia y Argentina-, fabricar esas baterías en nuestro propio territorio. ¿Por qué un país como Corea del Sur, destruido después de la guerra, puede tener ahora empresas de la magnitud de Samsung o Hyunday que le han permitido superar la pobreza, y no podemos hacerlo nosotros? Nacionalización en el sentido que el litio sirva los intereses nacionales y no de una empresa corrupta”.

Las vías de la nacionalización

Aunque crece de manera importante la idea de nacionalizar el litio, dado su rol estratégico en la economía nacional sobre todo a futuro y por las ya dadas razones de seguridad nacional, hacerlo no es cuestión sencilla. El mismo Francisco Vidal advierte que sería necesaria una reforma a la Constitución. De hecho, el PC e independientes ya presentaron una iniciativa en tal sentido.

“La posición del Partido Comunista es la de nacionalizar SQM y crear una empresa estatal que explote el litio. Es por ello que nuestra bancada presentó un proyecto de reforma constitucional que crea la Empresa Nacional del Litio y que, al mismo tiempo, caduca todos los derechos de SQM, radicado en la Cámara de Diputados. Ante este escenario, resulta urgente y un imperativo ético discutir y aprobar este proyecto para terminar con la impunidad de SQM y poner un recurso estratégico como el litio en beneficio de las necesidades del pueblo chileno”, plantean.

No está de acuerdo el jurista Mayorga, para quien las condiciones ya están dadas en la propia Constitución de Pinochet, pero la estrategia apunta más bien a poder intervenir legalmente respecto de la empresa Soquimich, sea expropiándola mediante ley, conforme lo permite la Constitución, e incluso confiscándola, mediante decreto presidencial y todo de acuerdo al actual texto constitucional: “Evidentemente, para cualquiera de las opciones se requiere de mayoría política y, fundamentalmente, de fuerte voluntad política”, advierte.

 “Respecto de la expropiación, según el Art. 19 N.24, inciso tercero de la Constitución, ha de realizarse mediante ley general o especial, fundada en causa de utilidad pública o interés nacional calificada por el legislador. Respecto de la confiscación, la misma Constitución, -Art. 19, N. 21; N.15 y N, 7, letra g)-, lo autoriza, cuando una entidad vulnera la seguridad nacional, la moral o el orden público, que es juntamente el caso de SQM. A mi juicio la confiscación se materializa mediante Decreto Supremo”, recalca el abogado.

“Sería una vergüenza”

Existe otro mecanismo, dice el abogado Roberto Mayorga, solo que causa vergüenza tener que utilizarlo ante la incapacidad de la civilidad de poner fin a este abuso. La actuación de las FFAA a través del Comisión Chilena de Energía Nuclear. “Por ser el litio una sustancia que puede utilizarse en la fabricación de baterías para autos eléctricos pero, asimismo, de armamento nuclear, cualquier acto relacionado con su explotación, ha de ser autorizado por la Cchen, integrada, entre otros, por representantes de las tres ramas de las FFAA”, explica.

“Considerando que prácticamente toda la explotación del litio ha estado bajo el control de Soquimich, la misma Cchen dictó una resolución respecto de esta empresa, con fecha 10 de Octubre del año 1995, que literalmente establece: ‘Cualquier acto jurídico que celebre la sociedad (SQM) sobre el litio, sus concentrados, derivados o compuestos, deberá ser previamente autorizado por la Cchen. Así, dicha sociedad deberá someter a esta comisión los contratos de venta y otros actos jurídicos sobre litio extraído… Para esos efectos deberá comunicar anticipadamente los siguientes datos: volumen y características técnicas; precio de venta; comprador y uso fina’l”, recuerda el jurista.

Esa misma resolución estableció la facultad de ‘revocar la autorización en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna para el Estado de Chile, si a su juicio no se diera cumplimiento íntegro y oportuno a las condiciones bajo las cuales la autorización se ha acordado’. Ahora bien –se plantea el profesional-, “desde que Corfo cedió el año 1995 a Soquimich la explotación y administración del litio, esta empresa se ha saltado la supervisión y autorizaciones de la Cchen”.

Ello y al hecho de haber creado una “red de cohechos a funcionarios del Estado y personeros políticos, lo que es de público conocimiento, son argumentos irrefutables para que la Cchen, con el severo pronunciamiento de los representantes de las FFAA, revoque el citado acuerdo”, afirma.

“En resumen, tanto la Cchen, -por medio de los representantes de las tres ramas de las FFAA-, el Presidente de la República y/o el Congreso, disponen de atribuciones constitucionales y/o legales para cautelar, -en el caso litio-SQM-, la seguridad nacional y, simultáneamente, interceder para que Chile logre su anhelada segunda etapa de desarrollo. ¡La historia juzgará lo que suceda!”, concluye Roberto Mayorga.