El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, instruyó a las embajadas y consulados que faciliten el ingreso de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a sus dependencias, como una señal de transparencia en la ejecución de la política migratoria del país.

Esta instrucción se originó luego de la orden dada por Raúl Sanhueza, (en la foto) RN, nombrado por el ex canciller Roberto Ampuero como director general de Asuntos Consulares, -funcionario descrito como "ultra derechista y pinochetista" dentro de la Cancillería-, que envió la orden a todas las embajadas y consulados de Chile en el extranjero el jueves pasado.

En el texto enviado por Sanhueza se señala que "en relación con eventuales visitas de funcionarios o autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile a embajadas y consulados de nuestro país (…) usted deberá, en consecuencia, acoger a una eventual visita de funcionarios de esa entidad con la cortesía republicana que corresponde a una autoridad chilena"

Pero se agrega a continuación que "sin embargo, no deberá permitir que se realice inspección o control a sus instalaciones", enfatiza la orden.  

Como excusa, el comunicado de este lunes señala que se había establecido la existencia de una limitación territorial del ámbito de competencias del INDH, en virtud de que dicho organismo tiene por objeto la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio de Chile.

El interés de los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) era conocer el estado de las personas -especialmente venezolanos- que ingresan al país por la fronteras de Perú y Bolivia, que han repletado los consulados de La Paz y Tacna.

Ya el viernes pasado, el INDH señaló que efectivamente varios funcionarios que quisieron entrar al consulado de Tacna vieron limitado su paso al lugar, momento en que llegó la orden desde Cancillería.

Por su parte la directora del INDH, Consuelo Contreras, dijo este fin de semana que "no se ve afectado nuestro trabajo en la frontera por esta restricción que pone el Gobierno, pero sí es un hecho lamentable que el Gobierno entregue indicaciones para que algunas instituciones o agentes del Estado queden fuera de la supervisión en materia de derechos humanos".

"Yo lo encuentro preocupante y extraño", manifestó Contreras.