Un violador de derechos humanos, menos en la calle y escondido. Hasta este lunes eran 16 los exuniformados que estaban prófugos, pero a partir de este viernes son 15.

Funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones concretó en la ciudad de Arica la detención del coronel del Ejército (R) Guillermo Salinas Torres.

El detenido ejerció labores en la Brigada Mulchén de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y fue condenado por el homicidio calificado del ciudadano español y funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Carmelo Soria, cuyo deceso tuvo lugar el 14 de julio de 1976. 

El economista fue secuestrado, torturado y luego ultimado por agentes del Estado, fundamentalmente agentes de la DINA.

El 22 de agosto de 2023, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación y desde entonces Salinas Torres permanecía en calidad de prófugo.

Este viernes, desde el Poder Judicial se informó que la ministra en visita Paola Plaza dispuso su ingreso en recinto penal.

Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día de presidio por el homicidio de Carmelo Soria y 541 días por ser partícipe de una asociación ilícita. Además, está procesado como autor del homicidio del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Renato León Zenteno, causa que aún se encuentra en tramitación.

Crimen de Carmelo Soria

 El 14 de julio de 1976, cuando regresaba a su casa desde su oficina en la Cepal, fue secuestrado por varios agentes de la Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) entre ellos Salinas Torres y torturado en Lo Curro, en el sótano de la residencia del ciudadano estadounidense y agente de la DINA, Michael Townley.

Dos días después, el cuerpo y el auto de Soria, que fue desbarrancado intencionalmente para simular un accidente, aparecieron en las cercanías del Canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, en la zona oriente de Santiago.

La prensa de la época expuso profusamente el caso como un accidente, vinculado a los excesos y el alcohol​ lo que luego se reveló como un montaje para cubrir el asesinato del diplomático​ en una acción que ha sido frecuente en otros casos de violaciones a los Derechos Humanos, como el caso de la profesora Marta Ugarte.

Asesinaron a Conservador porque se opuso a traspasar ilegalmente inmuebles a la DINA 

La ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó procesamiento en el caso que investiga el crimen del ex conservador de Bienes Raíces de Santiago Jorge Renato Francisco León Zenteno, ejecutado el 30 de noviembre de 1976, en su departamento ubicado en la comuna de Providencia, mediante la inhalación de gas sarín.

La magistrada encausó a los exagentes Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé, Manuel Pérez Santillán y René Quilhot Palma, todos integrantes de la Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta de Augusto Pinochet, como autores del homicidio calificado, por envenenamiento y premeditación conocida, de la víctima. La actuación criminal de los procesados fue ejecutada en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetropillán de la DINA.

El abogado querellante, Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados destacó el procesamiento dictado por la ministra instructora. Al respecto, señaló “Mediante una investigación rigurosa y acuciosa, y pese a las dificultades derivadas del tiempo transcurrido, la Ministra ha logrado reunir los antecedentes que permiten tener por justificada la existencia del delito en cuestión y, asimismo, aquellos que permiten presumir fundadamente la participación de este grupo de élite del dictador. Reconocemos la gran valía del trabajo desarrollado por la Judicatura en este caso, en pos de alcanzar la verdad y la justicia, el cual había permanecido en la impunidad por largo tiempo”.

De acuerdo a la investigación, Jorge León Zenteno tenía 69 años al momento de los hechos y, según expresa en el certificado de defunción, la causa de su muerte fue “Toxemia aguda inespecífica”.

La familia de la víctima sospechó que en su muerte habían intervenido terceras personas, y especialmente agentes del Estado, ya que León Zenteno se opuso a traspasar ilegalmente inmuebles a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, éstos emplazados en Santiago y que habían sido despojados a opositores del régimen militar.

Pese a que hubo un proceso penal instruido en la época para esclarecer los hechos, nunca alguien fue responsabilizado ni sancionado por su participación en los hechos.

Los hechos:   

En esta oportunidad, la ministra Plaza pudo establecer los siguientes hechos:   

“a) Que, durante la dictadura cívico militar, con ocasión de la ejecución de los planes desarrollados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), existieron bajo su alero estructuras orgánicas secretas como también secretos fueron sus objetivos, cuyos integrantes dependían directamente del director de la época, coronel Manuel Contreras Sepúlveda, a quienes se encomendó el cumplimiento de misiones “especiales” dispuestas por el director y conocidas sólo por él. Su organización y funcionamiento, sin asignación de un cuartel determinado, al margen de cualquier orgánica, aun extraoficial, obedecía al ejercicio clandestino de acciones previamente planificadas por parte de otras estructuras, desarrollándose en la época diversos operativos dirigidos a silenciar y/o neutralizar a ciudadanos chilenos y extranjeros opositores al régimen imperante o que en cualquier medida pudieren entrabar los fines ilícitos que se había propuesto;  

b) Que, en este contexto, a inicios del año 1976, al entonces Capitán Jaime Enrique Lepe Orellana, oficial de reconocida confianza del General Pinochet y de Manuel Contreras -todos actualmente fallecidos- se le encomendó la labor de reclutar a un grupo de oficiales altamente capacitados en inteligencia provenientes del Curso de Comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile, quienes fueron destinados en Comisión Extra Institucional a la DINA.  

Así, los primeros meses de 1976 se formó la denominada “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta” del Presidente Augusto Pinochet, la cual estaba compuesta por tres capitanes y dos tenientes, a cargo del Capitán de Ejército Guillermo Humberto Salinas Torres, el de mayor antigüedad entre sus integrantes, además de Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé, y los Tenientes Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma. Colaboraban también con actividades particulares del grupo el oficial especialista en transporte Juan Alberto Delmás Ramírez, y los Suboficiales Jorge Aqueveque Pérez, José Remigio Ríos San Martín y Bernardino Ferrada Retamales, quienes desempeñaban principalmente funciones en los traslados.  

Desde que se crea formalmente la Agrupación, los oficiales Salinas, Belmar, Pérez y Quilhot se mantuvieron al menos hasta diciembre de 1976; y en el caso de Jaime Lepe, al poco tiempo fue destinado a la “Agrupación de Seguridad Directa”.  

c) Que, en la misma época, funcionaba en el inmueble ubicado en Vía Naranja N°4275, sector de Lo Curro, actualmente comuna de Vitacura, domicilio de Michael Townley, su esposa Mariana Callejas e hijos, un laboratorio a cargo del agente de la DINA Eugenio Berrios Sagredo, integrante de la “Brigada Quetropillán” de la DINA -intregrada por los tres antes mencionados, entre otros- en el “rubro” de las armas químicas, que tuvo a su cargo el desarrollo del Gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y usarlo en la eliminación de opositores, plan conocido como el “Proyecto Andrea”.  

Eugenio Berrios Sagredo ya era conocido de Manuel Pérez Santillán, con quien tuvo sus primeros contactos alrededor de 1970 en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, y le ayudó en el desarrollo de su tesis.  

d) Entre las últimas horas del 29 y la madrugada del 30 de noviembre de 1976, los oficiales Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma, integrantes de la “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta”, en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetropillán, concurrieron al edificio ubicado en calle Holanda N°14, departamento 31, de la comuna de Providencia, domicilio de Jorge Renato Francisco León Zenteno, abogado, 69 años, entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien al abrir la puerta del inmueble es conducido por la fuerza hasta su dormitorio, dejando su cuerpo extendido sobre la cama maniatado e inmovilizado, momento en que los agentes que se encontraban en el lugar dan aviso por radio a los demás integrantes de la Agrupación, los que acompañados por el químico Eugenio Berrios Sagredo, facilitan las maniobras para que la víctima inhale por medio de spray el Gas Sarín, contra su voluntad causando su muerte en breve tiempo, producto de toxemia aguda.  

e) Luego de limpiar todo indicio de su presencia en el lugar los oficiales se retiran del inmueble, dejando olvidado el contenedor del gas, motivo por el cual Berrios Sagredo acompañado de Ríos San Martín vuelve pasada la medianoche para tratar de entrar al domicilio, no logrando su objetivo porque la puerta tenía doble cerradura y el nochero del edificio se percató de su presencia, por lo que debieron retirarse.  

f) Que, en la época de ocurridos los hechos un grupo de oficiales del Ejército de Chile, liderados por Manuel Contreras Sepúlveda, participó de un proyecto de adquisición de viviendas ubicadas en el sector de Talinay, en la comuna de Peñalolén, las cuales en un principio no pudieron ser inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago debido a que quien ejercía el cargo en ese entonces se opuso, así como también negó la inscripción y traspaso ilegal a sociedades de la DINA de terrenos ubicados en la comuna de La Reina y otros inmuebles de los que fueron despojados opositores al régimen militar”.