Por Mario López M.

Algunos de esos niños no alcanzaron a ver la luz del día, fueron masacrados antes de nacer. Otros se sospecha que sí sobrevivieron, pero se ignora dónde están, lo mismo que el cuerpo de sus madres.

Niños fueron también cruelmente asesinados por la dictadura cívico-militar. Algunos eran pequeños, como los dos del caso Guayacán. Tenían solo 8 y 9 años. A otros los asesinaron por encargo, como el chico Carlos Fariña, de 13 años.  

Al menos cinco mil mujeres sobrevivientes de prisión política en dictadura sufrieron agresiones sexuales. De ellas, 3.400 declararon ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo informe dedica una sección a la brutalidad sexual ejercida contra las presas. Trescientas dieciséis de las afectadas reconocieron expresamente haber sido violadas. Cambio21 los casos de algunas que quedaron embarazadas. Hubo las que abortaron, pero algunos de esos hijos o hijas nacieron.

 

Trescientos siete casos de menores asesinados registró la Comisión de Verdad y Reconciliación en 1991. Muchos se encuentran en las listas de detenidos desaparecidos. Algunos, con el tiempo, aparecieron sepultados ilegalmente en fosas comunes; otros de manera accidental, permitiendo descubrir no sólo qué les sucedió, sino quiénes fueron sus asesinos.

Nuestra sociedad invisibilizó estas tragedias. ¿Pudor? ¿Protección a las víctimas? ¿Complicidad? Cuál sea el motivo, ad portas de resolverse el acceso judicial al Informe Valech, mantenido hasta hoy en secreto, muchos que participaron de la dictadura cívico-militar temen se conozca su participación o silencio culpable. Son los mismos que dicen defender la vida del que está por nacer y que callaron y callan por los crímenes antes cometidos contra miles de niños, algunos que ni siquiera alcanzaron a nacer.

Los “hijos de la Patria”

La ex presa política Nieves Ayress relató a Cambio21 que tras pasar por diversos centros de torturas donde fue abusada sexualmente, llegó en marzo de 1974 al Centro Penitenciario Femenino del Buen Pastor.

“En abril me di cuenta de  estaba embarazada y esto lo confirmó el doctor Mery, un médico militar que ejercía en la Universidad Católica, y quien me dijo que yo debiera estar orgullosa de tener un ‘hijo de la patria’. Mi embarazo causó gran controversia (…) Un grupo de esposas de militares vino a visitarme y me prometieron la libertad si yo no hacía más declaraciones sobre mi embarazo y mi tortura, y hasta me amenazaron con quitarme mi hijo una vez que naciera”, recuerda.

Las religiosas a cargo del lugar “ofrecían ayudarme a pedir permiso para un aborto. Era muy duro para mujer aceptar el estar embarazada producto de una violación, pero en mi caso era aún más terrible por lo que vivía a diario (…) Yo estaba muy mal físicamente y si me hacía un aborto clandestino en la prisión me podía morir. Por ese motivo decidí tener el hijo. Después de haber sobrevivido meses de tortura y detención, no les iba a dar el gusto a los militares de morirme. Sin embargo, a fines de abril o mayo comencé a tener mucho dolor en el vientre y a perder coágulos de sangre. Aborté en forma espontánea. No recibí atención médica durante la pérdida, salvo de las compañeras presas del área médica”, relató a nuestro medio.

No hay certeza de cuántos niños nacieron producto de estas violaciones. Sin embargo, al menos dos casos han sido expresamente reconocidos por sus madres, cuyas identidades han sido resguardadas. Testimonios desgarradores dan cuenta de fantasmas que les persiguen hasta hoy: “¿tendré los rasgos de quien violó a mi madre?”, se pregunta una de las hijas que nacieron producto de esa brutalidad, como consignó un Informe Especial a cargo de la periodista Consuelo Saavedra llamado “Los hijos invisibles de la dictadura”.

Judicialmente se conoce el caso de un represor que inscribió a una menor a su nombre, el teniente Hernán Valle Zapata, adscrito a la DINA. En la oportunidad presentó dos testigos de la paternidad, Silvya Pérez Ortúzar y Hernán Blanche Sepúlveda, quienes también aparecen ligados a organismos represivos. Tras inscribirla, la abandonó. La madre de la menor jamás fue consignada en actas o documento alguno. Valle se llevó a la tumba el secreto. La hija ha buscado por años saber quién de quién ese hija.

Llegaron embarazadas, nunca volvieron

Varias jóvenes embarazadas al momento de ser secuestradas perdieron a sus bebés producto de las torturas. Reinalda Pereira, de 29 años y con cinco meses de gestación, fue detenida el 15 de diciembre de 1976. Fue asesinada junto al hijo que llevaba en el vientre en el cuartel Simón Bolívar. Así lo reconoció a Cambio21 Jorgelino Vergara, el mocito del director de la DINA, Manuel Contreras, quien durante un tiempo fue asignado a ese centro de exterminio: “estaba embarazada, eso lo sabían los agentes y quienes la torturaron. Tenía unos meses de embarazo esa pobre mujer. La mataron a golpes; esos fueron Lawrence y Barriga. A ella y al niño los molieron a golpes”, relató. Sigue desaparecida.

Otras, con un avanzado estado de gravidez, fueron hechas desaparecer y sus cuerpos y los de los hijos -presumiblemente nacidos en cautiverio-, jamás se han encontrado. El caso más cercano a esa realidad es el de Michelle Peña, una bella joven de 27 años con ocho meses y medio de embarazo al momento de su secuestro por la DINA. “Yo estuve aquí, Michelle Peña. Agosto de 1975”, escribió en una muralla de Villa Grimaldi. Faltaban solo quince días para que diera a luz. El Ejército dijo que la había lanzado al mar… pero nada se ha dicho aún sobre el destino del hijo que llevaba en el vientre…

Su madre, Gregoria, quien tenía en aquella época un local frente a las Fiscalías Militares dijo a Cambio21: “Michelle fue trasladada antes del parto al Hospital Militar y luego al Hospital de la Fuerza Aérea, en donde habría nacido su hijo. Yo conocía a muchos de los que allí trabajaban (…) en mi desesperación solicité a uno de ellos (que) me ayudara a buscarla. Días después me informó que Michelle estaba bien”.

El sargento 1° y enfermero del Ejército de la Brigada de Sanidad de la DINA Vicente Álvarez, en declaración policial realizada el 6 de junio del 2005, agrega otro dato: “hacia fines de junio (1975) llegó a la Clínica Santa Lucía una mujer en avanzado estado de gravidez, a punto de dar a luz. Recuerdo que fue atendida por uno (…) de los doctores de la Brigada de Sanidad de la DINA que estaban en la clínica ese día”.

Después de esa visita a la clínica de la DINA Michelle habría sido devuelta a Villa Grimaldi. Solo los secuestradores, torturadores y asesinos conocen toda la verdad.

Lo mataron por encargo

Carlos Patricio Fariña Oyarce fue detenido en su domicilio: “A las 09:30 horas del 13 de octubre de l973, la morada de calle Los Músicos 6074, de La Pincoya fue cercada -al igual que el resto de esa población- por carabineros de dotación de la Comisaría de Conchalí y militares del Regimiento Yungay. Fue así como ingresaron estos últimos a dicha vivienda y exigieron a la señora Josefina Edith Oyarce Cortés que les entregara a su hijo menor, Carlos Patricio Fariña Oyarce, estudiante de enseñanza básica, sin cédula de identidad, de sólo 13 años de edad a esa fecha”, relata la sentencia.

En el operativo participó el Regimiento de Infantería N°3 Yungay de San Felipe. Para el golpe de 1973 habían sido asignados para controlar vastos sectores de Quinta Normal y Pudahuel y se encontraban acantonados en el Internado Barros Arana.  Allí trasladaron al menor. Desde ese lugar por años se le perdió la pista.

Comandaban distintas unidades del regimiento oficiales conocidos por su fiereza, e incluso eran temidos por sus propios hombres. Uno de ellos, el comandante Donato López Almarza, el asesino intelectual; otro, el asesino directo, Enrique Sandoval Arancibia.

Este último confesó que durante la madrugada siguiente a la detención, fue llamado por el Mayor Donato López, quien le expresó que ese menor debía ser eliminado y, además, debía hacerlo desaparecer. Que había recibido la información que este niño era un peligro para la población, con malos antecedentes y que era un “pato malo”.

La “información” provenía de su amante, Leontina Díaz Huerta, madre de un chico que había tenido un incidente con Fariña. Confesó que mantenía “una relación sentimental con el comandante Donato López, quien después del golpe militar la sacó de La Pincoya, instalándola en otra casa fuera del lugar, visitándola a veces”.

Sin asco

A Fariña lo fusilaron e hicieron desaparecer. Sandoval confesó, muy suelto de cuerpo: “no tenía idea cómo se efectuaba un fusilamiento, pues solamente lo había visto en películas”, agregando que puso al menor frente al  pelotón integrado por unos ocho fusileros, se le subió el chaleco que vestía para cubrirle el rostro, para que de esa forma  no presenciara lo que sucedía en ese momento, y luego bajó su mano dando la señal de disparar. Tras asesinarlo, los conscriptos excavaron una fosa en el lugar. Acto seguido sacaron bencina del camión y rociaron el cuerpo,  procediendo a quemarlo para posteriormente enterrarlo en el lugar.

El niño permaneció desaparecido por años, mismos años en que incluso el ministerio del Interior negaba que existiera, aduciendo que como no tenía cédula de identidad, luego no existía. Pero un accidental hecho permitió conocer la verdad. Sus restos fueron encontrados el año 2000 en un sitio eriazo de Américo Vespucio con San Pablo, cuando se realizaban excavaciones para la construcción de un parque industrial. La madre de Carlos Fariña falleció, víctima de cáncer, el 22 de noviembre de 1977 sin saber su paradero.

Donato fue condenado y terminó en Punta Peuco. También está condenado por otros crímenes, entre ellos el del cura Joan Alsina y los jóvenes Víctor Vidal Tejeda, de 16, y Héctor Araya Garrido, de 20, ambos fusilados. El primero aún está desaparecido. El segundo, apareció en una tumba común del Cementerio General. También se le condenó a 17 años por los homicidios del camarógrafo Hugo Araya González y de Marta Ana Vallejo Buschmann, funcionaria de la universidad Técnica del Estado, ambos asesinados al día siguiente del golpe.

Juegos truncados

¿Qué peligro representaban niños de solo 8 y 9 años a la dictadura? Fueron fusilados en Coquimbo en diciembre de 1973. Sí, tal como lo lee. Todo apunta a que lo hizo una patrulla militar que custodiaba unos gasoductos en el sector La Herradura.

El 24 de diciembre de 1973 tres niños -Rodrigo Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques de almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. Patricio Díaz salvó con vida porque su padre al verlo al regresar de su trabajo se lo llevó a casa. Los otros dos se quedaron jugando allí. No volvieron  jamás a sus hogares, al menos vivos.

Provocó molestia la búsqueda de los niños en las autoridades de la época. La población fue cercada y allanada y se sometió a las familias de los menores a “arresto domiciliario”. Como si eso no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento para ser interrogados y torturados. A pesar de la búsqueda, los chicos no aparecieron.

Cinco años después, en agosto de 1978, algunos niños del vecindario encontraron los restos de los menores mientras jugaban. Estaban sepultados a orillas del camino que conduce a La Herradura, cercano a los depósitos, y a 100 metros de las casas. Extraño, pues en ese lugar se habían desplegado todos los medios y no fueron hallados. “Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad”, asegura el diputado Hugo Gutiérrez, quien fuera el abogado de las familias.

En el Servicio Médico Legal se realizaron peritajes. A los padres se les dijo que la causa de muerte era “a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo”, y agregando que “esos proyectiles los usa sólo el Ejército”. Sin embargo, el médico les puntualizó que “no podía certificar esa causa de muerte”. “Efectivamente el certificado aduce 'causa de muerte indeterminada'”, agrega Gutiérrez a Cambio21.

El general Juan Emilio Cheyre fue citado en la querella. Tanto él como el Ejército negaron conocimiento. El parlamentario sostiene que “es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar”.

El hijo homónimo del general (r) Manuel Contreras, asegura que el ex comandante en jefe del Ejército sí sabía: “Había un aviso de que el MIR, durante el toque de queda, iba a colocar unos explosivos en unos estanques de combustible. El Ejército puso guardias, los soldados vieron dos siluetas y dispararon. Después se dieron cuenta de que eran niños. Cheyre dice que esa Navidad estaba en la casa de sus suegros (…) Pero era vox populi lo que había ocurrido y él nunca dijo nada”.

Cheyre solo está acusado en el caso Caravana de la Muerte.