Por Mario López M.

Dolidos, impactados, conmovidos, fueron algunos de los términos que la Comisión de Familia de la Cámara utilizó al conocer directamente los testimonios que Cambio21 ha venido exponiendo sobre abusos sexuales.

 

El pasado miércoles un grupo de madres cuyos hijos han sido abusados sexualmente por su progenitor o las parejas de estos, concurrió a la Cámara de Diputados a exponer sus desgarradores testimonios. Se contactaron varias de ellas a propósito de los reportajes denuncias que sobre el tema ha venido publicando nuestro semanario y el nexo que se hizo con el Presidente de dicha Comisión, diputado Fernando Meza, quien al conocer los antecedentes, no dudó en invitarlas.

 

Precisamente se estaba discutiendo en esa instancia un proyecto que sancionaba penalmente al padre o madre que de manera reiterada y sin justificación, negara el derecho del otro progenitor a cumplir su rol de copartícipe en la formación y vida del hijo común. Sin embargo y tal como lo reconocieron los propios parlamentarios presentes, escuchar estos relatos que daban cuenta de un sistema que terminaba dañando justamente a los que pretendía proteger, les hizo sentido volver a revisar la normativa.

 

Una realidad que recién se visualiza pero aún no se dimensiona. Cuántos hijos o hijas han sido obligados a revincularse e incluso han sido entregados a padres o madres abusadores o de los cuales se sospecha de abusos respecto a los mismos niños, solo porque el juez, “asesorado” por auxiliares de justicia cuya capacidad técnica nadie controla, así lo recomendó.

 

Callé, por temor y dependencia

Es el caso de Catalina y su hija Ana, hoy de 12 años, quienes han debido soportar una odisea. La madre denunció a su marido, informes de siquiatra y psicólogo en mano, por abusos sexuales ocurridos en las visitas de la menor a la casa paterna tras la separación. La niña tenía 9 años entonces y relató que debía compartir cama con su progenitor, ya que sus hermanos mayores ocupaban las otras de la casa. Esa era la oportunidad en que abusa, tocándole “sus partecitas íntimas”, le confiesa Ana a su madre. 

De pronto “mi hija comienza a manifestar angustia y desagrado por visitar al papá, siente dolor estomacal y vómitos”, dice Catalina a Cambio21. La crisis se desata durante unas vacaciones con el padre. La niña a partir de ese episodio muestra total rechazo hacia él. Este, aduciendo que se le negaba ver a su hija, demandó la tuición de Ana. Gracias a un acuerdo económico presionado por el consejero técnico del tribunal, que favoreció al padre, este desiste de la demanda. Catalina debía abandonar la casa comprada durante el matrimonio y vender su auto para pagar gastos de la propiedad. Era el precio por la seguridad de su hija. Pero lejos de terminar, el drama judicial recién comenzaba. El otro, el de violencia familiar se arrastraba desde hace ya 17 años: “callé por temor y dependencia de todo tipo”, reconoce.

Junto a este “acuerdo”, el tribunal ordenó terapia de revinculación entre la niña y su padre. “El psicólogo sólo me entrevistó una vez, donde me pide detalles explícitos de mi vida sexual junto a mi ex marido y detalles de la violencia a la cual había sido sometida por parte de él.  Sin embargo, no indaga el porqué del rechazo de mi hija hacia su padre, siendo evidente el rechazo de la niña”, asegura Catalina. El siquiatra infanto-juvenil que atendía a Ana advierte que estas terapias afectan su integridad psicológica. El tribunal y los auxiliares de “justicia”, desestiman, sin verificar, los reclamos, lo que agudiza el diagnóstico de depresión realizado por psiquiatra.

 

La “mala interpretación”

Los informes del “perito” tribunalicio responsabilizaron a la madre, aduciendo que esta inventaba “la violencia habitual a la que fui sometida por tantos años y de la que fue testigo mi hija e invalidando el diagnóstico de depresión de ella”, denuncia. Eso daría origen a nuevas demandas.  En ellas la niña debió declarar en audiencia reservada. Los dichos de la niña determinan que el padre queda suspendido de visitas.  Pero el tribunal insiste en llegar a un “acuerdo y acudir a un Centro Psicológico al que accedo y donde entrego nueva información que me relata la niña diciendo que su padre le daba besos en la boca y le metía la lengua, lo que le provoca, según sus propias palabras, ‘miedo y asco’. La profesional le baja el perfil a los hechos, diciendo que esta situación es una ‘mala interpretación’ de la niña”, cuenta la madre.

Esta causa está aún en trámite. Está pendiente la “revinculación” de la niña con su padre agresor, ordenada por el tribunal, “aunque queda de manifiesto el malestar de la niña y su negativa frente a éste hecho, por el temor que en ella causa el padre y la angustia a  esta obligatoriedad y  coerción que se ejerce sobre Ana. En ningún caso se duda del testimonio del padre, sino que se duda del testimonio de la madre y peor aún, se hace caso omiso de los relatos de la niña, anulando su experiencia, dejándola en total indefensión, no siendo reparada y en ningún caso pudiendo así resignificar lo vivido”, se lamenta Catalina.

“Como madre vivo con el temor al despojo de mi hija, temor que sea obligada a vivir con quien no quiere, con quién la abusó. La vida se vuelve un calvario, donde se limitan los sueños y proyectos, donde los pensamientos sólo se enfocan en la angustia de la incertidumbre de depender de otras personas y donde el vínculo afectivo más potente que una madre pueda tener, se ve truncado. Te acuestas pensando y te despiertas en lo mismo y así sigue la vida y debes funcionar en el trabajo, en la vida social, en la casa y sobre todo como madre, recordando en todo momento que siempre estamos siendo observadas”.

 

No siempre abusa el progenitor

“Cuatro años llevan judicializando a mi hija que hoy tiene 9. Casi la mitad de su vida”, señala otra madre, Marta, a Cambio21. El padre ha presentado 12 demandas desde ese entonces. “En la actualidad gozo del cuidado personal de mi hija. Aclaro esto para que mi relato se comprenda desde lo que implica un proceso judicial tan largo y del desgaste emocional y económico que conlleva dar frente a tan largo historial de judicialización”, comenta.

En 2014 y luego de acreditarse maltratos habituales hacia ella por parte del padre y en presencia de la niña, la sobre judicialización a que se vio sometida esta y los abusos por parte de la abuela paterna y la pareja del padre, se logró en el Juzgado de Garantía una medida de alejamiento. Las demandas no cesarían, sin embargo reconoce que el Juzgado de Familia protegió a la niña cuando el padre intentó viajar al extranjero con ella en compañía de la abuela y pareja agresoras. Estas últimas quedaron con arraigo nacional.

La niña sintiéndose resguardada, revelaría que estaba siendo víctima de abusos sexuales: “a fines de 2014 denuncié un hecho de abuso sexual hacia mi hija por parte de la pareja del padre. La Fiscalía descartó el abuso sexual, pero tipificó el hecho como ‘invasión a su privacidad’, derivando a mi hija a un Programa de reparación”, relata Marta. Recién a fines de 2015 los tribunales comienzan a sopesar la magnitud de las vulneraciones. Reconoce Marta que falencias de sus abogados y testigos también retrasaron la justicia. Se ordenó por tribunales se hicieran “peritajes de habilidades parentales”. La pericia cayó, como casi todas, en un cuestionado Centro dirigido por un aún más cuestionado psicólogo. Los costos que debió pagar fueron altísimos. Más de $130 mil por sesión, solo ella.

Un escándalo

La empresa, conocida por su falta de acuciosidad y el copypaste de sus informes, casi unánimemente favorables a padres denunciados como agresores, concluyó “que yo no era garante emocional de mi hija, con conductas alienantes, no así mi hija pero que en un futuro podría ser afectada. Dijo que mis habilidades parentales estaban más debilitadas por mi estado emocional, sugiriendo que el padre reuniría mejores condiciones en la esfera de la emocionalidad para el cuidado de mi hija”, relata Marta, quien perdió el cuidado personal de su hija a mediados de 2015. “En paralelo a esta causa mi hija estaba siendo diagnosticada por profesionales por la demanda de abuso sexual, quienes corroboran la figura de invasión a su privacidad”.

Sería la Corte de Apelaciones la que pondría coto a esta revictimización, que no había considerado el abuso hacia la niña por parte de la pareja de su padre. No solo eso, también repararía que el supuesto defensor del niño ante conflicto de intereses de los padres, el curador ad litem,  no había cumplido su labor, pues solo se presentó 1 vez de las 5 audiencias que debía hacerlo. Lo mismo aconteció con la Consejera Técnica. Más todavía, el presunto perito que cobró un dineral por una gestión que debía ser gratuita y con cargo al Estado, tampoco se presentó a ninguna de las audiencias para dar razón de su informe. Ni siquiera había sido escuchada la niña ante el Tribunal de Familia, todo lo cual conllevó a que se inhabilitara a la jueza para el caso.

Más tarde sería el colegio de la menor el que denunció ante la PDI los malos tratos físicos y psicológicos por parte de la pareja del padre. Los tribunales frente a ello deciden devolver a la madre la custodia provisional, decretando de paso “una orden de alejamiento a favor de mi hija en contra del padre por 180 días”. La niña ahora sí sería escuchada en tribunales y de su solo mérito más los informes profesionales determinaron que anular “la sentencia que había otorgado el cuidado personal al padre, recuperando el cuidado personal definitivo de mi hija, principalmente porque ella fue escuchada en entrevista privada en tribunal”.

Sin embargo la causa no termina allí, pues la pareja agresora –así determinado en pericias- es obligada a reforzar sus habilidades de madre, ante una eventual revinculación con la menor abusada por ella, puesto que se le considera “como parte de la familia paterna extensa de mi hija”, cuenta Marta. Este año y luego de ser sometidos a terapias los padres y la nueva mujer del padre, “se recomienda el cese de la medida de alejamiento y dar comienzo al proceso de revinculación bajo ciertas condiciones que el padre debería de cumplir, como nunca dejar sola a mi hija en compañía de su esposa. A la fecha se han respetado los acuerdos de protección por parte del padre de mi hija y la agresora, recientemente se decretó prórroga para continuar en este programa”.

Impacto entre parlamentarios

Tres parlamentarios presentes en la sesión de la Comisión de la Cámara, que escuchó los relatos –desgarradores por momentos- de las madres, algunas de ellas que han perdido a sus hijos a manos de imputados de abusos sexuales en contra de ellos, solo por un tecnicismo judicial, generó que se planteara seriamente revisar lo que se estaba legislando en ese momento. También se reconocieron falencias que hoy existen en una “legislación de protección al niño, aún en ciernes”.

De “duros testimonios”, calificaron los relatos que Cambio21 había dado a conocer y que ahora escuchaban de la propias afectadas, madres de las víctimas. Junto con empatizar, sugirieron una serie de diligencias para hacerse cargo de las debilidades de la normativa: “dado que justamente estamos viendo este proyecto de ley que pretende establecer como delito una falta, consistente en que no se pueda incumplir una medida judicial que evade el cumplimiento del cuidado compartido”, dijo la diputada Claudia Nogueira.

A la parlamentaria se sumaron la también las voces de la diputada Karla Rubilar y el diputado Ramón Farías. “Tenemos un sistema de protección a la infancia todavía en ciernes, que busca ser más robusta, pero el drama lo tenemos hoy día, el juez falla oyendo a un consejero técnico del que no sabemos la idoneidad. Lo mismo pasa con los peritos, sobre los cuales no hay protocolos de acción y donde al parecer el aspecto económico es importante, pues el Estado no tiene recursos y quienes pagan son las madres y padres, ahí hay algo poco sano, poco transparente que no permite fallar en justicia,  y lo que están haciendo aquí hoy ustedes es pedir justicia”, Dijo Nogueira.

Los parlamentarios estuvieron de acuerdo en que “parece muy violento revincular a un niño con la agresora o agresor. No parece natural. Todos queremos proteger y promover este derecho abstracto de la familia, pero hay casos en que uno o más de la familia atentan en contra del propio niño o niña, entonces el Estado tiene que proteger y resguardar sus intereses y al parecer eso no está ocurriendo en algunos casos”, señalaron. Lo anterior sumado a dudas o críticas a los altos estándares probatorios sobre los abusos sexuales y a la labor de jueces, así como la descoordinación entre juzgados de familia y penales, por parte de los congresistas.

Un llamado a constituir una “mesa de trabajo”, para poder colaborar con el Consejo de la Infancia, que incluya a los órganos que inciden en esto, incluidas las organizaciones como la de estas madres, fue parte de las conclusiones expresadas.