Por Mario López M.

Aún hay quienes mantienen groseros pactos de silencios que imposibilitan conocer la verdad, otros hacen apología de la dictadura y no pocos cómplices pasivos gozan de total impunidad.

La memoria colectiva se niega a olvidar a aquellos que se fueron, arrebatados con violencia de sus padres, sus familias, del pueblo, de la historia. No ha sido tarea fácil, se ha debido luchar contra la trama invisible de complicidades cívicas, el facilismo de olvidar, de aquellos que renegaron su pasado y se rindieron al sistema, del cansancio de encontrar puertas cerradas.

Años de tramitación infructuosa de una ley que busca que el Estado adopte todas aquellas medidas destinadas a impedir el homenaje y exaltación de la dictadura cívico-militar, aún no ven sus frutos. Las estatuas de José Toribio Merino, las imágenes en recintos militares del dictador, su nombre estampado en la Carretera Austral, calles que recuerdan a criminales o cómplices, siguen allí, abriendo la herida.

Los que no siguen allí son los asesinados, aquellos que cuyo paradero aún se desconoce, los hijos nacidos vivos de las víctimas de la represión, los torturados, violados y mutilados, a los que el paso de los años ha ido restando a la posibilidad de conocer la verdad, ver justicia, ser reparados. Tampoco están ya cientos, miles de padres, esposos, hijos, hermanos, amigos, todos también víctimas que por décadas han buscado encontrar a los suyos o al menos conocer su destino.

Una ley fallida

Es cierto que aún no perece la esperanza de que se haga ley el sancionar a quienes exalten la dictadura o caigan en negación de la verdad histórica, estampada en sentencias judiciales. El proyecto presentado en 2014 por un grupo de parlamentarios encabezados por los diputados Karol Cariola (PC) y Claudio Arriagada (DC), está aún en tramitación, pero ha sufrido fuertes golpes, algunos porque sienten que se viola el derecho a expresión, otros porque la falta de pulcritud legislativa le ha jugado malas pasadas.

Entre los primeros está el también diputado Osvaldo Andrade (PS), que consignó  en la Comisión de Constitución que su postura ya no era la misma: “me ha hecho sentido el argumento de que el proyecto afecta la libertad de expresión, estoy dispuesto, incluso, a discutir con quienes lo justifiquen, pero no hay infamia más grande que negar que esto ocurrió”, dijo. Entre los segundos estuvo la Corte Suprema, que se encargó de representarle serias fallas legislativas al momento de establecerse las sanciones.

Pero allí está, sobrevive a pesar del fuego amigo, de sus propias falencias y de la falta de urgencia que ayude a detener actos como la reciente intervención de 16 ex altos jefes militares y de carabineros que se atrevieron, en defensa justamente de los actos criminales de la dictadura, a desafiar y amenazar de manera no muy velada a la autoridad democrática: “No pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado”, dice la misiva.

Con tufillo a sedición

Ex comandantes en jefe de las tres ramas de las FFAA y exdirectores de Carabineros se conjuraron en una declaración conjunta que, publicada en El Mercurio, el diario incitador del golpe de 1973, llama a “las autoridades presentes y futuras” a “reflexionar”, planteando que “después de 44 años, aspiramos a vivir en un Chile reconciliado, que con tanta decisión y valor las FF.AA. y Carabineros han ayudado a construir”. Llaman a no seguir persiguiendo las responsabilidades de quienes violaron los DDHH, no cerrar Punta Peuco y dar beneficios carcelarios a los criminales que se encuentran presos por delitos cometidos en su condición de agentes del Estado durante la dictadura.

No es primera vez desde el golpe de Estado que integrantes de los cuerpos armados salen a defender la dictadura. Ya lo hicieron 44 brigadieres generales que firmaron un “Acuerdo Solemne” de complicidad y obediencia al “capitán general” Augusto Pinochet en 1996. Ese pacto expresaba “los sentimientos de invariable respeto, irrestricta lealtad, afecto y especial deferencia hacia la Máxima Autoridad del Ejército de Chile, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte (…), una de las figuras más relevantes de la historia patria, por sus dotes de Soldado, Estadista y Servidor Público, y que, además, pasará a formar parte de la galería de personajes más ilustres y distinguidos del siglo que nos deja”.

La nota de ahora es parte de una estrategia innegable, acreditada por la misiva que en el mismo medio derechista publicaron días después un grupo de ex coroneles encabezados nada menos que por Cristián Labbé Galilea, el retirado militar procesado por crímenes de lesa humanidad y exalcalde UDI de Providencia. Los subalternos, ex coroneles de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, apoyan la carta de los conjurados generales en retiro, sus superiores: “nos sumamos a la preocupación de nuestros generales por la forma en que la política y la justicia han transgredido la simetría en las responsabilidades que le cupieron a los actores –activos y pasivos- del ayer”, dicen.

Es de esperar que la reacción de autoridades a esto no quede en respuestas de buena crianza, que cada vez que ocurre un hecho que agrede la memoria histórica, o que constituye un caso evidente de pacto de silencio o que busca relativizar el genocidio en nuestro país, e incluso que destacan la figura del dictador o su “obra”, se suelen escuchar las voces que llaman a acabar con estas prácticas, pero que solo quedan en eso, una frase para el bronce….


“Estarían presos o desaparecidos”

“Los ex comandantes en jefe son civiles. No son parte de la institución. Por lo tanto, tienen la posibilidad de opinar. Lo segundo y que quiero decir con mucha fuerza es que me alegro de poder vivir en un país como Chile en que tenemos libertad de expresión (…) si en dictadura 13 o 16 comandantes en jefe hubiesen hecho una declaración de esta naturaleza, les aseguro que estarían presos o desaparecidos”, respondió el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, que destacó que “existe justicia independiente, tribunales, procedimientos que hoy son posibles de tener gracias a un sistema democrático”.

Por su parte la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, puso la mirada en la verdad y justicia: “Eso es lo que necesita nuestra democracia. Afortunadamente la democracia no se lesiona ni las instituciones de la República tampoco cuando actúa la justicia, la justicia sin apellidos. Poner eso en entredicho es quitarle legitimidad a nuestra institucionalidad”, sentenció la secretaria de Estado.

Lorena Fries, subsecretaria de Derechos Humanos, también reaccionó a la carta de los 16 conjurados: “septiembre es un mes que a todos nos suscita emociones. El llamado es a reflexionar sobre lo que vivimos en el pasado, lo que no queremos volver a vivir y cómo hoy estamos empeñados en seguir avanzando en verdad, justicia y reparación”, aseguró. Más dura fue la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien catalogó a los militares que suscribieron la carta de “tropa de cobardes sediciosos”.

Conjurados, milicogate y DDHH

No deja de llamar la atención que en las cartas de los generales y coroneles retirados aparezcan personas que en los últimos tiempos se han visto ligadas a casos de corrupción y escándalos. También en violaciones a  los derechos humanos.

Resaltan los nombres de  Juan Miguel Fuente-Alba, investigado en una de las aristas del caso Milicogate; Rodolfo Codina, involucrado en el caso de las “dobles pensiones” de Capredena; Patricio Ríos y Gustavo González Jure, ligados al caso de millonarias pensiones de Capredena; Ricardo Ortega, quien fuera investigado por nepotismo; Eduardo Gordon, imputado en el caso de fraude en Carabineros conocido como Pacogate, y Cristián Labbé, procesado por torturas.

Nombres ligados a la dictadura o causas judiciales aparecen en la lista de generales y coroneles que rayan en la sedición. Entre ellos Alejandro Armstrong de Aguirre, un marino que fuera miembro Comisión Legislativa Junta Militar, como su jefe administrativo; un carabinero, Fernando Cordero, que apareció relacionado con la elusión de impuestos por su lujosa propiedad en Peñaflor y cuyos hijos, según Ciper, están involucrados en licitaciones irregulares de Carabineros; un aviador, Fernando Rojas Vender, asociado a los pilotos que bombardearon La Moneda en 1973; un marino, Jorge Arancibia, quien debió declarar como imputado por difusión falsa de noticias sobre incendios y se transformó en férreo defensor del entonces fugado criminal Raúl Iturriaga Neumann.

Kast: “apología del terrorismo”

“La Carta de ex Comandantes en Jefe de FFAA es vergonzosa, pues no asumen responsabilidades de FFAA en golpe, dictadura y violaciones a DDHH”, escribió en su Twitter el exdiputado Antonio Leal. Y ello es cierto, por cuanto la unilateralidad de ciertos personajes raya en lo impactante. Uno de ellos es el candidato independiente ex UDI José Antonio Kast.

“Proponemos hacer una revisión del rol que ha tenido y tiene el Gobierno de Chile en la persecución de miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, en la idealización de ciertas figuras y hechos históricos por la izquierda que no han sido debidamente contrastados con la verdad histórica”, afirmó el diputado y candidato presidencial con apoyo de la llamada “familia militar”. Kast ha sostenido que ha sostenido que dictaría, de llegar a La Moneda, un indulto en favor de los violadores de DDHH como dijo a Cambio21.

“Retirar la estatua de Salvador Allende de la Plaza de la Constitución (…) ampliar la capacidad de Punta Peuco (…)  extender el periodo de estudio del Museo de la Memoria para que abarque los hechos previos al 11 de septiembre de 1973 (…) un nuevo trato a los militares privados de libertad”, han sido algunas de las banderas que ha levantado en un guiño a los ex uniformados que han sido objeto de investigaciones o condenas en materia de DDHH. También entonar la estrofa de los “valientes soldados” que la dictadura intentara rescatar y que en democracia se eliminó.

"Es una provocación"

La respuesta a sus planteamientos la resume la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro: “me preocupa que tengan la posibilidad de hacer esta apología al terrorismo”, dijo, al tiempo que acusó que “la familia Kast está vinculada a violaciones a los derechos humanos, particularmente en la zona rural de Paine, donde por número de población es donde más víctimas de la dictadura hubo, fundamentalmente a inicios de esta”.

“Lo que hace particularmente José Antonio Kast es una provocación, es una provocación propia de quien tiene una ideología partícipe de terrorismo de Estado y genocidio. Que hable Kast así es lo mismo que hable (Augusto) Pinochet o Manuel Contreras; no son distintos, son lo mismo. La familia de José Antonio Kast es una familia vinculada al terrorismo de Estado”, espetó la dirigenta.

También se refirió a Sebastián Piñera, el candidato derechista, quien llamó a no confundir justicia con venganza y a aplicar las leyes “respetando los derechos de todos”, en respaldo evidente a la carta de los “16” excomandantes de las FFAA que se conjuraron a través de El Mercurio. “Está flanqueado por partícipes del genocidio”, dijo Pizarro, agregando que “está mostrando su careta. Piñera hoy está flanqueado por la extrema derecha, por esa UDI, por esos que son participes del genocidio, de aquellos que les gustaba el exterminio, que lo sentían necesario; por lo tanto, los dichos de Piñera muestran lo que él realmente es, nunca ha sido otra cosa”, sentenció Pizarro.

“Eso del odio, 'la justicia es buena pero el odio no', yo quisiera saber en dónde ha habido odio cuando se condena a un violador de derechos humanos; más bien lo que ha habido es una acción de impunidad disfrazada en que por crímenes asesinatos son muy pocos los que tienen condenas a cadena perpetua, no están en cárcel común (…) Lo que tenemos que buscar es una sociedad consciente y sobre todo autoridades y quienes ostentan distintos cargos de representación, que no puede relativizarse el terrorismo de Estado”, dijo la dirigenta de víctimas de la dictadura.