Por Mario López M.

La calificación de “terroristas con aguinaldo” a las víctimas de torturas en dictadura o las provocaciones de J.A. Kast promocionando imágenes de los viajes en helicópteros de Pinochet para hacer desaparecer a personas, son solo la punta del iceberg de algo mayor: negar las violaciones de DDHH e implantar impunidad.

El retiro del proyecto reparatorio a las víctimas o el anuncio de otro que busca liberar a los criminales de Punta Peuco, denotan que esta vez Piñera sí buscará cumplir los compromisos adquiridos –a cambio de votos- con la mal llamada “familia militar”, pues solo se trata de los vinculados a delitos de lesa humanidad.

 “No sigamos torturando su memoria”. Las palabras pertenecen al diputado Jaime Bellolio (UDI), quien respondió así a su colega de partido y parlamento Ignacio Urrutia, el que unas horas antes había llamado “terroristas” a las víctimas de torturas de la represión. Ambas declaraciones se dieron en el marco del retiro, por parte del gobierno, del proyecto de ley que indemnizaba a estas víctimas en dictadura.

Las reacciones, más situadas desde el dolor que de la racionalidad, apuntaron a los dichos de Urrutia, desviándose del tema de fondo, el retiro del proyecto por la administración Piñera, bajo la excusa de que no estaban presupuestados los fondos para cubrir los gastos que ello demandaba.

Una nota dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, daba cuenta que la administración de Sebastián Piñera procedía a retirar el proyecto de ley del gobierno pasado que buscaba –luego de largo tiempo de negociaciones con las víctimas y sobrevivientes-, entregar reparación, incluyendo una indemnización pecuniaria. La excusa, entregada una vez que se hiciera pública la denuncia por el acto unilateral por los ministros Gonzalo Blumel y Hernán Larraín, se basó en que “el gasto que representaba no se encontraba contemplado en la Ley de Presupuesto”. 

Excusa falsa

Si bien la administración Piñera hizo declaraciones posteriores a que se conociera el retiro del proyecto, que daban cuenta que se “estaba estudiando fórmulas para una reparación integral”, como lo señaló la subsecretaria de DDHH Lorena Recabarren, las cuales aclaró que no necesariamente eran económicas pero sí “integrales” sin aclarar a qué se refería, la molestia de los sobrevivientes se hizo sentir de diversas maneras. No fue la única, pues otra molestia también se expresó, la del exministro de Hacienda del anterior gobierno, Nicolás Eyzaguirre, quien desmintió, de manera categórica, que no estuvieran los fondos y que estos no se hubieran provisionado debidamente.

El exministro dijo que “este es un proyecto que se venía trabajando a lo largo de años y de hecho no había sido acogido por las víctimas de las violaciones a los DDHH de la Comisión Valech. Por eso se mantuvo hasta el final para obtener cierto acuerdo, pues querían una compensación mayor, pues esta se consideraba insuficiente. Ahora, el tema presupuestario, no es efectivo.  En primer lugar el ministro Blumel dice que ‘esto cuesta más que la gratuidad’. Esto cuesta $91 mil millones en total, la gratuidad es cada año, por lo tanto no hay ninguna comparación entre esto y lo que cuesta la gratuidad (…) no puede usted comparar lo que es un gasto por una vez con respecto a lo que es un gasto permanente, son cosas absolutamente distintas”, rebatió.

“En segundo lugar –señaló Eyzaguirre-, los recursos para esta ley, que son a lo largo de tres años, están adecuadamente provisionados en el Tesoro público, y cuando hicimos el traspaso al ministro Larraín y al director de Presupuesto, Cerda,  se lo dijimos proyecto por proyecto y estos $30 mil que eran del primer año, estaban completamente provisionados en el presupuesto 2018. Aquí no es una falta de previsión, sino que es una opción política (…) pero no es cierto que dejáramos una ley sin financiamiento. Por ley no se puede especificar en glosas lo que son proyectos de ley, por lo tanto hay una gran partida que se llama ‘la Provisión del Tesoro Público’, donde usted provisiona el costo de todas las leyes que se espera que sean aprobadas en el curso del año presupuestario.” No hubo reacción oficial.

Cómplices pasivos

Si algo distinguió a la primera administración Piñera en materia de DDHH, fueron dos episodios que incluso descolocaron a la propia derecha: el cierre del penal Cordillera y catalogar a los civiles que participaron en dictadura de “cómplices pasivos”. En el primer caso hizo lo que ningún gobierno de centro izquierda hizo o pudo hacer, en lo segundo, recordando sus propias palabras al usar ese término no era para él “ningún pecado haber participado del régimen militar”. No obstante, indicó que “es un reproche moral haber tenido poder y no impedir los delitos en contra de los derechos humanos”.

Siendo candidato a este, su segundo periodo, la urgencia de obtener los votos de la mal llamada “familia militar”, que estaba dolida por el cierre del penal y no haber cumplido secretos acuerdos de liberar a los presos por delitos de lesa humanidad, lo obligó a comprometer ciertas políticas relacionadas a los presos de Punta Peuco y en materia de DDHH. Comenzó a cumplirlas, al anunciar proyectos acerca de dar beneficios a los presos mayores o enfermos, lo que favorecería a casi la totalidad de los criminales de Punta Peuco.

Fuentes bien informadas de Palacio, aseguran a nuestro medio que fue justamente producto de las presiones de la “familia militar” ligadas a condenados y procesados por delitos en contra de los DDHH, y de la derecha más dura, las que llevaron a retirar el mentado proyecto en favor de las víctimas de torturas. “No es cuestión de financiamiento, era una necesaria decisión que no podríamos justificar ante quienes nos apoyaron, no estaba el horno para bollos y se ordenó retirarlo, eso es todo”, señaló nuestra fuente, lo que es coherente con los dichos del exministro  Eyzaguirre.

La crisis no solo se generó con la oposición –que entendió que se rompía la política de los acuerdos con esto-, como lo señaló Manuel Monsalve, jefe de bancada del PS en la Cámara, “No es posible mantenerse en las comisiones de diálogo con el gobierno”, o de las víctimas. También impactó en el propio gobierno: “abrió otros flancos”, dijo el académico Ernesto Águila, quien se inclinó por creer que fue derechamente “una descoordinación”. El doctor en Cs. Políticas Kenneth Bunker, estimó que “el Gobierno no debería entregar motivos para facilitar la unión de una oposición”. Para Marco Moreno, decano de la U. Central, se trató de “una descoordinación que comienza a ser constante en el accionar del Gobierno y de La Moneda en relación a algunos proyectos emblemáticos”.

La ultraderecha se toma la agenda

El tema de DDHH ha recomenzado a ser gravitante, no solo por la férrea lucha de víctimas sobrevivientes y familiares, sino por el intento “negacionista” que ha surgido en buena parte de la derecha. Quizás la cara más visible sea la del exdiputado UDI José Antonio Kast, que ha optado por polarizar el discurso que busca reivindicar a la dictadura, sino que además que intenta justificar como lícitos o necesarios todas las violaciones cometidas en ese periodo.

A un discurso lleno de odio por parte de Kast, se han sumado gestos provocativos, como giras a centros estudiantiles para hacer proselitismo político o la reciente fotografía en medio de su acto de proclamación de su nuevo movimiento, en que aparece al lado de un individuo que porta una camiseta que hace alusión a los helicópteros que se usaron en dictadura para hacer desaparecer personas lanzándolas al mar.

Los dichos de Urrutia, plagados de odio en la Cámara en relación a los torturados a quienes calificó de “terroristas con aguinaldo”, en cualquier país decente serían objeto de requerimiento judicial. La periodista Mirna Schindler lo graficó vía Twitter: “Si en Alemania un parlamentario hace apología del nazismo, diciendo que sus víctimas fueron terroristas, se va preso. Lo mínimo que le tiene que pasar al diputado Ignacio Urrutia es que lo expulsen del partido. La UDI tiene la obligación moral de actuar en tal sentido”.

Aval del gobierno

Sin embargo desde la UDI, un partido de gobierno, están lejos de sancionarlo. Es más, comparten el contenido de sus dichos aunque en público objeten la oportunidad –justo el día de la marcha estudiantil- o los tonos usados. En el acto de Kast estaban presentes parlamentarios y dirigentes de la UDI y RN, en el mismo en que la camiseta que promocionaba los viajes de la muerte de Pinochet se mostraban abiertamente.

El día en que Piñera ganó la presidencial, partidarios suyos se tomaron calles del centro para celebrar. La esfinge de Pinochet era enarbolada. Ya al comienzo el “viva Chile, viva Pinochet” se escuchó en los actos de proclamación de Sebastián Piñera. A los compromisos adquiridos con sectores ultras de algunas iglesias evangélicas –que incluso el Pastor Durán se encargó de cobrarle en público a Piñera respecto a la capellanía de La Moneda-, se agregan aquellos con los violadores de DDHH.

Desde la izquierda, PPD, ProPais, PC y PS,  anunciaron una “interpelación que presentaremos contra el ministro Hernán Larraín, para que dé cuenta ante a la Cámara de Diputados y ante el país, de las verdaderas razones que marcan este peligroso retroceso en materia de DDHH, que se traduce como una nueva agresión a las víctimas de la dictadura”, dijeron. El malestar e indignación estaba presente en contra del Larraín, a quien acusan de “comportamiento engañoso”, pues este “ante la propia comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados solicitó durante la tramitación del proyecto un plazo para el estudio de la iniciativa”.

“La actitud del Gobierno, además de constituir un agravio a las víctimas de la dictadura cívico militar, constituye un grave incumplimiento a las obligaciones internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos”, dijeron los parlamentarios.

La tortura en Chile

El acercamiento a conocer la verdad acerca de las víctimas de la dictadura ha sido progresivo, lento, dolorosamente lento. A partir del gesto del Presidente Patricio Aylwin en 1990 que se abre a conocer la verdad de las violaciones a los derechos humanos en miras a la reconciliación del país tras 17 años de dictadura, la verdad se fue develando a goteras y la reconciliación no ha llegado a Chile aún.

Recuperada la democracia, no  siempre se habló de tortura, es más, esta fue invisibilizada en el primer informe que realizó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 1991, también llamada Rettig –en honor al político radical que la encabezó, Raúl Rettig-, solo se contabilizaron ejecuciones y desapariciones de personas a manos de órganos del Estado. En total, 3.550 denuncias de violaciones a los derechos humanos, de las cuales 2.296 fueron consideradas como homicidios calificados. Concluye el Informe que en total 2.279 personas perdieron la vida en este período, de los cuales 164 los clasifica como víctimas de la violencia política y 2.115 de violaciones a los derechos humanos.

Luego vendría la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech -bautizada así en honor del entonces obispo de Santiago, Sergio Valech-, fue constituida originalmente en 2003 para ampliar la información sobre la represión, esta vez ampliándose a quienes fueron prisioneros políticos y sufrieron apremios ilegales. En noviembre de 2004 presentó un informe en el que daba cuenta de más de 30.000 víctimas por tales conceptos, 28.459 de ellas por detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y desapariciones. Quedaron miles de testimonios que se dieron por no acreditados.

Producto de los trabajos anteriores, quedaron miles de testimonios que se dieron por no probados  o que bien no se pudieron prestar, sea por miedo, querer olvidar lo sucedido o la distancia, en el caso de los exiliados. El segundo informe de la Comisión Valech, presentado en 2011, recibió 32.000 nuevas denuncias, pero solo dio por válidas cerca de 9.800 de estas. Más de 20 mil no se tuvieron por acreditadas. En definitiva, los tres informes reconocen un total de más de 40.018 víctimas de la dictadura y más de 20 mil denuncias que no validó.

La dura tarea de probar

Para establecer a una persona como víctima, las comisiones (Rettig, Valech I y Valech II), requerían que esta –o sus familiares en el caso de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos-, presentara la denuncia de violación a sus derechos humanos, acompañara antecedentes que lo probara, y que en el denunciado atropello hubiesen participado agentes del Estado. Si la persona había fallecido o estaba imposibilitada de acudir a la comisión, sus familiares también debían documentarlo.

Se presentaron durante las tres comisiones denuncias por los casos de detenidos y/o torturados por motivos políticos por agentes estatales o a su servicio, víctimas de desaparición forzosa o ejecutados por razones políticas, o quienes fueron secuestrados o víctimas de intentos de asesinatos por causas políticas.

Una vez hecha la denuncia venía al menos una entrevista, en casos fue necesaria más de dos de ellas. No bastaban los testimonios o documentos o testigos acompañados, era necesario cruzar las denuncias con un la información que se había logrado recuperar sobre la represión del Estado: Datos de la Vicaría de la Solidaridad, listas de detenidos del Ejército, Carabineros, Armada, Aviación y Gendarmería, expedientes de la justicia militar y civil, los informes sobre los recintos de detención, recortes de prensa y el archivo nacional. Pero esa era una información muy acotada, los servicios de seguridad, los que habían hecho desaparecer, ejecutado o torturado, no habían entregado nada.

La voz de los presos

"Por 28 años hemos conversado con los Gobiernos de turno, para que el Estado de chile repare el daño causado a hombres y mujeres, pobladores, trabajadores, profesionales, artistas e intelectuales que fueron torturados y encarcelados por la dictadura terrorista de Pinochet. Muchas han sido las reuniones y explicar cómo son las vidas de estas personas hoy. Todos con secuelas graves, físicas y psíquicas. Todos están de acuerdo con el diagnóstico pero nadie quiere poner el remedio", señala a Cambio21 Braulio González Salamanca, presidente de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende.

"En estos dos últimos años conversamos con el Gobierno de Bachelet, después de la toma de los Institutos de Derechos Humanos de seis regiones (Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción y Puerto Montt) conversamos de diez puntos por una reparación integral para las víctimas. Este petitorio hablaba de salud, educación, vivienda, justicia, Alzas en las pensiones que entregara Lagos en el año 2004, pensiones de gracias  y una indemnización por el daño causado. Todo esto se dilató hasta el 30 de enero que nos reunimos con el subsecretario de interior Mahmud Aleuy, que nos dijo que sólo se había conseguido un Bono para nosotros y este se pagaría por edades a dos y tres años. Éste sería de tres millones, que entraría el 31 de enero y se vería los primeros días de marzo para ser aprobado antes de la entrega de mando", indica González.

"El proyecto de ley entró el 6 de marzo sin urgencia y sin respaldo presupuestario, Piñera lo retiró por no tener posibilidad de financiamiento, y de yapa, un diputado de la República nos acusa de terroristas y que el Bono es un aguinaldo, lo grave de todo esto es que sectores de Derecha no se arrepienten de haber participado del  genocidio que hubo en Chile, y revindican los graves crímenes que se cometieron, lo que ocurrió el jueves último echa por tierra el llamado a la unidad nacional que hiciera este Gobierno. Nosotros seguiremos luchando por verdad, justicia y reparación. Hemos agendado audiencia para conversar con Piñera y quedamos a la espera de ser recibidos. No vamos a renunciar a nada, ésta pelea será larga pero estamos dispuestos a darla", concluye el dirigente.

Braulio González Salamanca, presidente de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende.