Por Mario López M.

No bastaba con entregarle el mar a siete familias en la primera administración. Tampoco con beneficiar a la gran industria pesquera en contra de los intereses de los pescadores artesanales y del país. Ahora quieren entregar a privados, vía licitación, terrenos costeros fiscales de una superficie de 6,5 millones de hectáreas.

El borde costero, por definición, es aquella franja de 80 metros medida entre la línea más alta de la marea y tierra adentro. Su administración corresponde al ministerio de Defensa a través de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y se regula a través de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Chile, un país marítimo por excelencia, aunque no por la importancia que los gobiernos le asignan a este recurso económico, posee un borde costero de 83.400 kilómetros lineales y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. Ello tomado desde Arica a Tierra del Fuego, contemplando naturalmente todos los islotes, islas y archipiélagos, canales y fiordos, así como una franja estática –también de 80 metros– en los lagos navegables, explica Hernán Espinoza, del Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt, Patagonia Chilena.

Pasito a pasito…

Pues bien, en la primera administración de Sebastián Piñera, el año 2012, su gobierno ingresó un proyecto de ley que no alcanzó a aprobarse y que hoy ha retomado. En resumen, lo que busca es traspasar la jurisdicción del borde costero desde el ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales. Hasta ahí pareciera ser una simple decisión administrativa, pero hay más: se encuentra en desarrollo un plan de licitación de terrenos fiscales que ya había sido presentado justamente por el ministerio de Bienes Nacionales el mismo año 2012 y que también adquiere hoy vigencia. Juntos son dinamita, pues podrían implicar la licitación de seis millones de hectáreas ubicadas en el territorio sur austral de nuestro país. 

“El proyecto de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara Chilena de la Construcción durante todo este proceso de privatización en curso”, recalca Espinoza.

Cuando el mandatario presentó la iniciativa, el discurso apuntó de manera no tan velada a los negocios tras la privatización: “En las últimas décadas nuestro país ha sido destacado como un caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido el desarrollo de iniciativas particulares, garantizado por normas claras y armónicas (…) El interés estratégico del Estado debe ser compatible con los intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde costero en relación con los derechos y usos que pueda hacerse sobre los bienes nacionales y bienes fiscales, requiriéndose para ello una gestión ordenadora común e integral de esta área del territorio”.

Todo sea por el “desarrollo”

Esa fue la excusa para que tiempo después el ministerio de Bienes Nacionales anunciara un plan de licitaciones de bienes fiscales, que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile. En concreto, consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental.

Aunque fue catalogado como un régimen de ‘concesiones’, el mismo plan se desmiente a sí mismo, pues el 96% de esas propiedades fiscales estarán a la venta. En las regiones australes, la mayoría de ellas se inscriben bajo la modalidad de venta directa. Además, casi todas tienen borde costero. Solo una de estas, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta modalidad de ‘concesión’: el Ventisquero Yelcho”, denuncia el dirigente.

Y aquí entran los intereses privados con la Cámara Chilena de la Construcción a la cabeza, según Espinoza.

El gobierno actual retomó las iniciativas pendientes de su gobierno anterior y ha comenzado a ponerlo en marcha. “El proyecto de ley que traspasa el borde costero desde el ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales no es más que la respuesta al interés del sector privado por esta franja para el desarrollo inmobiliario. Dos años antes de la iniciativa legal que impulsó en 2012 el presidente Piñera, la CChC elaboró y publicó un documento titulado: ‘Hacia un nuevo borde costero para Chile’”, recuerda.

La lógica tras el documento -y que es la base de las iniciativas desplegadas por el actual gobierno-, es que las restricciones -entre otras por causas indígenas- que existen respecto del borde costero en Chile, frenan el desarrollo.

“La visión histórica del borde costero que ha predominado en nuestro país, es una que plantea el borde costero como un territorio sumamente valioso y de propiedad de todos los chilenos. En este contexto, tanto las autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones privadas en el borde costero. Esta visión, en la práctica, se ha traducido en una política del no desarrollo”, plantea el documento de la CCHC, el mismo argumento usado por Piñera para licitar esos terrenos.

Bien común v/s bien de unos pocos

“La no propiedad del suelo inhibe inversiones de mayor monto (y por lo tanto de mayor calidad) y desincentiva el adecuado mantenimiento de las inversiones. Con ello se incentiva la materialización de inversiones temporales. No se tiene propiedad sobre las inversiones, pues una vez terminada la concesión ellas pasan a propiedad fiscal, salvo aquellas cosas que puedan retirarse. Por lo anterior, no es posible que el inversionista acceda a garantía bancaria”, alega el mentado documento de la CCHC.

Si usted mira el proyecto de Piñera, las coincidencias son al menos curiosas: “Resulta criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. El Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a indemnización, bastándole invocar razones de interés público”.

No deja de recordar que en esa administración las leyes, sobre todo las marítimas, las hacían abogados privados que respondían a los intereses de los empresarios marítimos (caso Royalty-Longueira y pagos a parlamentarios, entre otros). ¿Estaremos frente a otro negociado o eso será muy mal pensado?

“Es precisamente en ese texto donde se refleja el verdadero sentido de lo que se pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima tradicional que mantenía el borde costero como bien nacional de uso público (es decir, de todos los chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado”, concluye Espinoza.