Redactar informes sobre temas específicos que el legislador no maneje, acompañarlos a comisiones y reuniones, y brindar asesorías telemáticas. Estas son parte de las labores que cumplen en la Cámara Alta los asesores externos de los 50 senadores.

Es justamente su trabajo, al igual que los millones que reciben por parte de los parlamentarios, los que quedaron bajo la lupa, debido a la gran cantidad de recursos públicos que al año se destinan para pagarles por sus trabajos prestados, con asignaciones específicas y contrataciones bajo la modalidad de honorarios.

El Observatorio Congreso, de la Fundación Balmaceda, elaboró un ranking de los senadores que más asesorías externas han contratado entre marzo de 2018 y diciembre de 2022, además de establecer quiénes contratan y pagan más.

Es así como el ranking de los que más asesorías contratan aparece liderado por el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán (RN), quien contrató 146 de estos trabajos externos. Más atrás aparece la senadora Carmen Gloria Aravena (Rep), con 135 contrataciones; y la senadora Yasna Provoste (DC), con 132 asesorías externas.

El legislador por la V Región explicó a Chilevisión que "soy el parlamentario con más leyes aprobadas desde el año '90 en adelante y uno de los con más intervenciones en sala, por lo tanto todo esto requiere una ayuda específica. Además no soy el parlamentario que gasta más en asesorías, sino que se establecen asesorías puntuales para levantar proyectos en particular".

De igual forma, el estudio estableció que Francisco Chahuán gastó 130 millones de pesos para las 146 asesorías externas contratadas entre 2018 y 2022. No obstante, el que más dinero gastó en este ítem fue el senador José Durana (UDI), quien pese a contratar sólo 48 asesorías, destinó $167 millones para ellas. En este ranking también aparece otra senadora por la Quinta Región, Isabel Allende (PS), quien destinó 144 millones de pesos para pagar las asesorías externas contratadas.

La investigación también detectó otra situación que enciende las alarmas en el senador Francisco Chahuán, pues en agosto de 2018 contrató al psicólogo Nicolás Cerda para que lo asesore en temáticas de salud y salud mental. El problema está en que hasta el año 2021 el profesional también se desempeñaba como Concejal RN por Santo Domingo. Es decir, el psicólogo cumplía labores públicas en paralelo: recibía dinero de la Municipalidad y también obtenía recursos del Congreso Nacional.

"Ha trabajado en la Comisión de Salud. Ha estado trabajando en temas que dicen relación con la salud pública y, por tanto, ha hecho una tremenda labor", explicó el senador Francisco Chahuán al reportaje publicado por CHV Noticias.

La situación de Cerda es similar a la que protagonizó por años la relacionadora pública Sonia Muñoz, quien también recibió doble sueldo fiscal por su trabajo como asesora del mismo senador Francisco Chahuán, pero también por desempeñarse como encargada de comunicaciones del alcalde de Puchuncaví, el RN Marcos Morales. Pese a revelarse esta información con cifras obtenidas desde organismos oficiales de transparencia, el caso no tuvo ningún tipo de sanción en contra de la profesional ni su círculo cercano, según consigna el medio de la región de Valparaíso, Pura Noticia.

Vale mencionar también que quien posteriormente fuera Vicepresidente de Renovación Nacional comenzó ganando $1.100.000, mientras que el 2022 recibía $1.700.000 por realizar informes mensuales de temáticas solicitadas por el Senador, además de brindar asesorías presenciales y otras por zoom o por vía telefónica.

Pero además, Nicolás Cerda fue contratado por el legislador de la región de Valparaíso para que lo asesorara durante febrero, mes en que el Congreso Nacional entra en receso por vacaciones. Al respecto, Chahuán explicó que sus asesores "prestan servicios a requerimiento del parlamentario. Mi gente trabaja todo el periodo".

En ese sentido, el psicólogo y ex Concejal de Santo Domingo reportó en febrero de 2020 un informe de 10 hojas sobre el proyecto de seguro universal de salud y llamadas telefónicas con el senador Chahuán. En tanto, en febrero de 2022 y 2023 los contactos por celular fueron las principales actividades que reportó. De hecho, en enero y febrero 2022, un anexo de contrato le permitió recibir $2.200.000.

Con todos estos antecedentes, surge la pregunta de quién fiscaliza las contrataciones de asesorías externas de los senadores. La respuesta es categórica: el mismo Congreso.

María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, señaló a CHV Noticias que "creo que eso es problemático y ahí es donde la fiscalización del Congreso falla, porque en el fondo no tenemos cómo cerciorarnos si esos trabajos realmente fueron hechos. Nosotros tenemos que confiar en un autoreporte y ya sabemos, ya aprendimos todos con la pandemia, que cuando uno tiene que autoreportar o hacer declaraciones, no es suficiente. Yo creo que falta mayor fiscalización en el Congreso".

El órgano más parecido a la Contraloría dentro del Congreso es el Consejo de Asignaciones del Parlamento, a cargo del ex senador Rabindranath Quinteros, quien explicó en el reportaje que "cada parlamentario define, de acuerdo a sus prioridades, las materias en que requiere esta asesoría; también su duración y el monto que pagará por ellas, sujetándose, por supuesto, en lo que está considerando dentro de la resolución".