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Derogación de la Ley reservada del Cobre: ojo con la letra chica que huele a privatización

Por Mario López M.

Una iniciativa a todas luces imprescindible, sobre todo luego de conocerse los desfalcos y abusos que implicó el mal uso de fondos destinados a recursos bélicos. Pero atención: No es de aplicación inmediata, recién entra a regir en 12 años y hay riesgo de que esconda la privatización de Codelco.

Desde estas páginas hemos sido críticos contundentes con aquellas decisiones políticas del Ejecutivo, que estimamos se apartan del bien común. Hoy es necesario reconocer que la decisión de La Moneda de derogar la llamada Ley Reservada del Cobre, es una opción que ya era bueno que se tomara, que avergüenza que haya sido un gobierno de derecha la que lo haga y que, por fin, se pondrán las cosas en su lugar. Más transparencia, menos secretismo y se podrá dar un sentido social al millonario gasto que genera, el llamado “sueldo de Chile”.

Sin embargo, hay que poner atención a la llamada “letra chica” del proyecto, porque si bien el título es grandilocuente: “se deroga por fin la Ley Reservada del Cobre”, el cómo se financiarán las FFAA y en cuánto tiempo se implementará esto, no es menor, como veremos.

Un poco de historia

Si bien la dictadura en 1973 fue la que determinó un aumento importante de los fondos a financiamientos de las FFAA a través de esta ley e incluso legisló que parte de ella, ciertos artículos fueran secretos y que hasta hace poco ni siquiera los parlamentarios o autoridades civiles podían conocer su contenido o lo podían hacer a la carrera con un “chaperón” militar encima  y sin siquiera poder sacar copia de los documentos que se le mostraban, su creación se remonta a 1958, al término de la segunda administración del expresidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo.

Pero fue la dictadura cívico-militar la que, apenas se tomó el poder, asignó el 10% de los ingresos totales de ventas en dólares de Codelco, para financiar las “capacidades militares de las FFAA”. Ojo, no era para financiar todo lo referido a las FFAA, como sueldos o material administrativo etcétera, no, era solamente para financiar su capacidad militar, esto es, tanques, aviones, fragatas, misiles y en general armamento de guerra.

Ese 10% era el que se destinaba para ese fin bélico y era no de las ganancias de Codelco, sino que correspondía al 10% del ingreso total de la cuprífera, incluso si Codelco registraba pérdidas en sus resultados, igual debía entregar miles de millones de dólares para financiar la capacidad armamentista de las FFAA. Como se recordará, ello ocurrió en 2015, donde a pesar de haber tenido pérdidas Codelco, pasó más de 150 mil millones de pesos a las FFAA.

Cómo opera el financiamiento de las FFAA

En nuestro país los sueldos, los gastos operacionales y todo lo que no es armamento de las FFAA, es financiado con cargo al erario nacional, no al mentado 10 % de Codelco. Sale del Ministerio y es parte de la Ley de Presupuesto. Lo que proviene de Codelco, solo es para comprar equipamiento bélico y son las propias FFAA las que administran cómo gastar esas sumas millonarias, a quién le compran, cuánto pagan y qué adquieren, eso ha dado paso a los abusos que todos hemos conocido en los casos milicogate, fragatas, etc. No hubo, por ley y por desidia, control civil de aquellos gastos.

Tampoco podemos ser generales tras la guerra, porque el secretismo con que se ha manejado el financiamiento del “arsenal de guerra” por razones estratégicas y sobre todo cuando las relaciones con algunos vecinos no ha sido la mejor e incluso las amenazas de guerra objetivamente rondaron en esta parte del continente, parecía y parece para muchos justificado. Parecía necesario persuadir a nuestros vecinos con un poderío militar que nadie cuestionó. Hasta que se conocieron las dilapidaciones y que los montos destinados a armas eran mayores, absolutamente a los dineros destinados al Estado de Chile para sus necesidades sociales, para la gente.

“El cobre, el llamado sueldo de Chile, ha estado por décadas financiando acero y pólvora, más que ha programas sociales, han financiado más armas que a nuestra gente y si calculamos en los últimos cuatro años, solamente Codelco ha aportado directamente a las FFAA 4 mil millones de dólares, pero al Fisco, 2 mil millones de la moneda americana, es decir dos tercios salió a armamento y un tercio a las arcas fiscales”, señala el diputado de RD Jorge Brito.

El sueldo de las FFAA

Tal como plantea el parlamentario, más que el sueldo de Chile, ha sido el sueldo de la industria armamentista, de los proveedores de tanques, aviones y buques y muchos menos el sueldo de Chile. Y ni siquiera eso, porque si sumamos los grandes desfalcos, ha sido en buena parte el sueldo ilegal de unos pocos que le quitó al país ingresos necesarios y a las propias FFAA capacidad armamentística.

Del total del financiamiento de las FFAA, el 70 por ciento proviene del presupuesto nacional. En otras palabras, el gasto en balas supera el gasto en educación, salud, seguridad ciudadana, pensiones etcétera. 

Para el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Manuel Ahumada, es importante quitar totalmente “la mochila” de carga impositiva a Codelco y redestinar esos recursos a otros proyectos e inversiones relativas a desarrollar y robustecer una empresa que es de todos los chilenos.

La letra chica

Dos son las cuestiones que es necesario tener en consideración: La primera es que no es una norma que entre en vigor hoy, sino que, de aprobarse, recién entrará a regir en 12 años más: “Chile no debiese esperar 12 años, porque si establecemos cálculos son más de 12 mil millones de dólares que eventualmente seguirán destinándose a armamento, siendo que el país plantea múltiples necesidades prioritarias por delante. Conociendo similares realidades de países desarrollados como Alemania y Gran Bretaña, se puede perfeccionar lo suscrito, donde las compras las realizan los ministerios y no las Fuerzas Armadas, y el poder civil, por supuesto, gestiona las compras y establece las políticas con un control adecuado”, dijo Brito.

La segunda, es el peligro de que esta medida no sea utilizada para privatizar Codelco. De acuerdo al proyecto (que fue parte de la agenda inconclusa del mismo Piñera en 2010, solo deroga la denominada normativa 13.196, pero sigue subsistente en lo relativo al impuesto del 10 por ciento a beneficio fiscal por un período de doce años. Los recursos, además, se incorporarán al Fondo de Estabilización Económica y Social.

Para Manuel Ahumada, los trabajadores cupríferos “Estamos en un proceso de análisis respecto al tema, se asume como algo positivo que se le quite ese 10 por ciento a las Fuerzas Armadas, pero en definitiva la carga económica que acarrea Codelco se mantiene, y la compañía ha estado permanentemente en riesgo, sobre todo hoy día. Nosotros planteamos que existe una privatización encubierta”, dijo.

Piñera dejó durante su primer gobierno a Codelco con una deuda de 14 mil millones de dólares. Ello alimentó el interés de sectores privados y extranjeros de privatizar (o continuar haciéndolo) pertenencias mineras y obras mediante la vía de licitaciones. Por ejemplo, entre los años 1990 y 2006, ingresaran como inversión extranjera 19 mil millones de dólares, pero como contrapartida, solo el año 2006, los inversionistas extranjeros se llevaron de utilidades por 20 mil millones de dólares del país. Habrá que tener en cuenta la letra chica.