Por Mario López M.

La prueba de fuego la tendrá el 14 de marzo con Minera Dominga, donde mediante un inédito artificio legal se busca volver a ejecutar el rechazado proyecto en el que el propio mandatario electo tuvo una cuestionada participación y del que fue socio y que ahora pertenece al “choclo” Carlos Délano.

La nueva ministra del medioambiente, Marcela Cubillos, muestra una trayectoria de defensa de los empresarios cuestionados por depredar el ecosistema. Cuando fue diputada integró la comisión en esa área, apenas asistió a 24% de las sesiones y no votó en proyectos emblemáticos.

Una de las más serias áreas de conflictos que sufrió la primera administración de Sebastián Piñera y el propio exmandatario en lo personal fue la medioambiental, en especial producida por disputas con comunidades locales que veían cómo, mediante la explotación indiscriminada de los recursos básicos, agua, minerales, marinos, etcétera, se alteraba peligrosamente su hábitat o afectaba seriamente sucalidad de vida.

Grandes movilizaciones sociales, marchas y protestas impactaron a Chile y llamaron la atención de todo el mundo. HidroAysén, Barrancones, Caimanes, Isla Riesco y otros, quedaron grabados como movimientos sociales espontáneos, transversales y de comunidades locales que lograron conmocionar al país, tomando conciencia de la implicancia para todos de una cuestión aparentemente local.

De HidroAysén a Barrancones

El primer conflicto se le desató con la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas en Aysén, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, cuya inversión –liderada por Endesa y Colbún S.A.- se estimó en unos US$ 3.200 millones, siendo el proyecto energético más importante que se había estudiado en este país y que pretendía cubrir al año 2020 el 21% de la demanda de energía desde esa región hasta Santiago. De haberse aprobado, ambas habrían concentrado el 80% de la generación eléctrica del país, estableciendo un duopolio del mercado de energía eléctrica de Chile.​

El proyecto, inicialmente aprobado el 9 de mayo de 2011 por el gobierno de Piñera y fuertemente respaldado por este, generó repudio en la ciudadanía. Manifestaciones sociales en las calles en todo el país lideradas por ambientalistas y habitantes de la región llegaron a generar rechazo del 74% de la población.

Las protestas, que amenazaban con desbordarse y que afectaron seriamente al gobierno, derivaron a que en junio de 2014 el proyecto global fuera rechazado por un comité de ministros. El 17 de noviembre de 2017 las empresas anunciaron su cancelación definitiva.

Lo de Barrancones tuvo un sabor especial. A solo 20 km de la isla Punta Choros se pretendió instalar un proyecto termoeléctrico de gran envergadura de capitales internacionales (franco-belga). Una fuerte resistencia de las comunidades locales dio lugar a que en agosto de 2010 una inusual llamada telefónica del propio Sebastián Piñera provocara la bajada de la central. Lo que apareció como un atentado a la institucionalidad para los sectores políticos en el país, en general se percibió como una positiva demostración de que para el mandatario el medioambiente era importante. Se desmovilizaron ecologistas y comunidades, la paz volvió al gobierno.

La carta bajo la manga

Sin embargo, en paralelo Piñera dio visto bueno a la instalación de otro megaproyecto: Minera Dominga. Lo que no se sabía y el país se enteraría más tarde es que él y su familia eran los principales accionistas de ese negocio. Minera Andes Iron, la sociedad matriz, tenía como controlador a su fondo de Inversión Mediterráneo, con sede en paraísos fiscales.

Entre febrero de 2009 y diciembre de 2010 este era administrado por Minería Activa S.A., fecha en la que Andes IronSpAle compró el proyecto Dominga.

Piñera, al actuar contra Barrancones para favorecer a Dominga y hasta finales de ese mismo año, seguía como socio de Dominga y al vender sus acciones, ya como Presidente, triplicó su inversión. La compró su socio, el “choclo” Carlos Délano, hasta hoy. El proyecto se paralizó como consecuencia del rechazo por razones medioambientales en la administración Bachelet, debido a “graves” problemas de mitigación, compensación y reparación de la zona.

José Valente, el ministro de Economía, ha reconocido que el futuro de Dominga fue uno de los temas tratados en una reunión con el propio Piñera y no se contuvo al anunciar que “es un proyecto grande. En mi opinión un proyecto interesante, pero obviamente fue rechazado por alguna razón y lo que tiene que ocurrir ahora es que siga los cauces institucionales que le quedan a ese proyecto que está en el tribunal ambiental y ver si es que efectivamente puede ser rescatado”.

La primera muestra de cómo se viene la mano en materia socioambiental la dará el nuevo gobierno cuando el próximo 14 de marzo en Antofagasta se realice la audiencia entre el socio de Sebastián Piñera en ese mismo proyecto, el “choclo” Délano, dueño de Dominga, con el Servicio de Evaluación Ambiental y las comunidades locales frente al Tribunal Ambiental, que busca destrabar el proyecto por un inédito procedimiento que anularía la decisión ya adoptada de rechazo por el Comité de Ministros y los organismos que buscan proteger al medioambiente. Claro que dirige ese tribunal el excandidato de RN a la Cámara Daniel Guevara, que ha adelantado que hará todo por destrabar a Dominga.

La advertencia

Ya como candidato por segunda vez a La Moneda, Piñera anunció un “shock de inversiones” en sus primeros 100 días de Gobierno. La fuente no serían nuevos capitales atraídos al país producto de su gestión, sino consecuencia de “destrabar” decenas de proyectos que se encuentran paralizados justamente por razones socioambientales, como la misma Minera Dominga y otros cerca de ochenta iniciativas hidroeléctricas, mineras, etcétera, por unos 80 mil millones de dólares.

También anunció que va a “modernizar y perfeccionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es engorroso, lento y burocrático”.

Dentro de los proyectos detenidos, la gran mayoría lo está por no cumplir con el sistema de evaluación ambiental. El propio ministro de Economía, José Valente, aseguró que se buscaría “revisar si esta instancia del Comité de Ministros debe ir antes en el proceso de aprobación de proyectos y no dejarlo para que sea la última etapa revisora”.

Ello implica poner la decisión política por sobre la técnica y los estudios científicos. En otras palabras, aumentar la inversión por sobre el cuidado del medioambiente o las comunidades locales.

Al acortarse los plazos para la realización de los estudios de impacto ambiental y aprobarse políticamente los proyectos, como pretende el empresario y ministro Valente, no podría dimensionarse la intensidad de los daños, rompiéndose el círculo virtuoso que se ha logrado actualmente, un crecimiento económico de la mano del cuidado del medio ambiente.

El otro conflicto ad portas donde se medirán “desarrollo económico” y  “cuidado del medioambiente” es la crisis que afecta a las regiones de Magallanes y Chiloé por la Marea roja, donde la sobreproducción de la industria salmonera ha llevado incluso a la Seremi de Salud de la zona a cerrar parte del Estrecho de Magallanes al detectarse niveles positivos de veneno diarreico de los mariscos.

Rodrigo Catalán, director de conservación de World Wildlife Fund (WWF), dijo que “hemos tenido grandes impactos y conflictos por la salmonicultura en Chiloé y Aysén y hay un desplazamiento de las salmoneras hacia Magallanes. Ahí hay una señal muy importante sobre cómo se va a regular la voluntad del sector privado de expandirse a Magallanes. A eso el gobierno (de Piñera) tiene que ponerle atención. Son temas importantes social, ambiental y económicamente”.

Estos son solo la punta del iceberg de los cerca de 400 conflictos ambientales en el país con más conflictos ambientales por habitantes, según estudios.

Qué son los “Conflictos Socioambientales”

Así suelen denominarse aquellas “disputas entre diversos actores –personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado–, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas” (Instituto Nacional de Derechos Humanos. Informe Anual 2012, pág. 246).

En Chile, durante la primera administración de Sebastián Piñera proliferaron los conflictos socioambientales como consecuencia del modelo extractivista impulsado por el Estado. Los otros gobiernos tampoco han estado exentos de ellos, pero los mayores se han producido con la administración de derecha y por el afán de la empresa privada de explotar los recursos naturales afectando principalmente sectores populares, marginales o indígenas. Tales han sido los casos del litio, Minera Dominga, Caimanes, Bocamina, Isla Riesco y otros 400 puntos de disputas distribuidos a nivel de todo el país.

Piñera promulgó la Ley Nº 20.701, que favoreció las concesiones eléctricas otorgándoles privilegios a esas empresas y debilitó la protección de las comunidades afectadas y de los emprendimientos agrícolas y turísticos. Recordemos que durante su tramitación el mandatario se negó a excluir las áreas protegidas de los territorios  a concesionar y a aplicar la consulta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, antes de otorgar concesiones en territorios indígenas. Luego, a la fuerza, se haría, pero ahora de nuevo se busca desconocer.

Comunidades que se han ido empoderando en sus derechos han ido reaccionando frente a procesos extractivos como el agua o la minería, que afectan su calidad de vida y el medio ambiente en el que habitan. Ello tiene paralizado, por ejemplo, el acuerdo entre Corfo y Soquimich en el litio, pues comunidades indígenas acusan ser víctimas de daños en sus intereses por ese conflictivo acuerdo. Las comunidades locales optan por organizarse para demandar a los empresarios que ocasionan los daños, para que interrumpan, remedien o mitiguen las consecuencias.

 Ministra de Medioambiente: de nublado a temporal

Una somera mirada “curricular” a la ministra del Medioambiente, Marcela Cubillos, adalid en materia de defensa de las empresas versus conflictos socioambientales, hace pensar que las cosas pueden pasar de castaño a oscuro al más breve plazo y abre un horizonte nada de halagüeño para el propio gobierno de Piñera y el país.

La secretaria de Estado no es alguien que recién venga llegando al área, como el canciller, que ha declarado que con visitar países se aprende de Relaciones Internacionales; ella integró la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, donde por ejemplo votó en contra de la modificación al decreto con fuerza de la ley Nº 340 sobre concesiones marítimas, que buscaba “establecer la obligación de los concesionarios de preservar el medio ambiente marítimo y acuático libre de contaminación”.Vaya viendo.

Tampoco podemos afirmar que es una “fanática” del tema del medioambiente, pues basta ver lo que la propia Cámara informa: solo asistió al 24% de las sesiones de esa Comisión.

Aunque sus propuestas normativas fueron bastante poco exitosas, entre otras indicaciones que promovió buscó dotar de más recursos legales a las empresas que pudieran ser sancionadas por transgredir políticas medioambientales. Entre ellas, propuso limitar a la Superintendencia de Medioambiente de la capacidad de requerir de estas y recomendó mecanismos que permitiesen retrasar una sanción en contra de alguna de ellas, habilitando más recursos legales para los eventuales sancionados.

Pro empresa

No es todo: entre sus propuestas estuvo la que buscaba que en caso de sanciones graves a las empresas por no cumplir las condiciones medioambientales, estas pudieran recurrir a tribunales pudiendo revertir la sanción, lo que sería inédito y haría inútil la labor de la Superintendencia. Como corolario, Marcela Cubillos, siendo parlamentaria y perteneciendo a la Comisión de Medioambiente, no votó acerca del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente. Tampoco acerca de la prohibición de bolsas plásticas y las ya comentadas concesiones marítimas y la protección de los animales. ¿Qué tal?

Tras una reunión con el actual ministro Marcelo Mena, Cubillos transparentó la importancia que para ella tiene proteger el medioambiente: “Creemos que esas categorías de conflicto entre desarrollo y protección del medio ambiente son una lógica del pasado. El medio ambiente se protege en una lógica de desarrollo y de plena conciencia. Progreso económico, desarrollo y protección de medio ambiente son caras de una misma moneda que tienen que avanzar en una lógica de unión. El propio medio ambiente no se protege en una lógica de conflicto. Eso tiene que ser una tónica de nuestra gestión”.

Según Matías Asún, director de Greenpeace Chile, “es preocupante cuando uno tiene una ministra que tiene una señal que no va a las sesiones, que además se ausenta de las sesiones, por ejemplo, en la votación de la termoeléctrica Los Robles, en el Maule, y lo hace porque tiene familiares en la industria termoeléctrica”, advirtió. Cubillos se abstuvo de votar por tener relación familiar con un ejecutivo de la termoeléctrica, confesó en la oportunidad.