Por Alfredo Peña R.

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dio orden de ingreso en calidad de rematado al oficial en retiro con grado de general del Ejército y médico cirujano Eduardo Arriagada Rehren para cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema ,el 29 de diciembre de 2023, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz; y de homicidio frustrado de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos. Todos ellos eran militantes de izquierda y estaban presos de la ex Cárcel Pública de Santiago quienes fueron envenenados por agentes de la policía política de Pinochet, la CNI, en septiembre de 1981.

Arriagada Reheren se encontraba prófugo y fue detenido en las últimas horas y puesto a disposición de la ministra quien lo notificó del fallo ejecutoriado del máximo tribunal que lo condenó a la pena de 15 años y un día de presidio efectivo.

La aprehensión del médico torturador

Arriagada Rehren fue detenido por la PDI y se le ha responsabilizado con el asesinato de Víctor Corvalán y Héctor Pacheco con toxinas botulínicas en septiembre de 1981, cuando estaban en la cárcel pública de Santiago.

También tuvo participación en el homicidio frustrado de Guillermo Rodríguez, Ricardo y Elizardo Aguilera, Adalberto Muñoz y Rafael Garrido.

Por estos crímenes la Corte Suprema lo sancionó en diciembre pasado a 15 años y un día de prisión.

El médico cirujano, quien dirigió el departamento de guerra bacteriológica del Ejército durante el régimen de Augusto Pinochet, ha sido vinculado también con la muerte del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda.

Investigaciones sobre la causa del deceso de Neruda arrojaron la presencia del clostridium botulinum en un molar y en general en los restos del poeta.

En febrero pasado la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir el caso por la muerte del escritor y ordenó interrogar a Eduardo Arriagada Rehren.

Este último integraba la lista de 17 represores que se encontraban prófugos de la justicia.

Como fueron envenenados los presos de la Cárcel Pública

En el fallo de primer grado, el ministro de fuero de la Corte Suprema Alejandro Madrid dio por establecidos los siguientes hechos: 

“Que en el mes de diciembre de 1981, se encontraban recluidos en la galería N°2 de la ex Cárcel Publica de Santiago, el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes de dicha agrupación política Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Antonio y Elizardo Enrique Aguilera Morales, quienes compartían en la denominada ‘carreta’, los alimentos que les eran traídos por sus familias con los procesados comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz, resultando que a partir del día 7 de diciembre de 1981 comenzaron a presentar problemas de carácter grave en su estado de salud, por lo que siendo las 15.30 horas del día antes señalado fueran internados en la enfermería del penal los internos antes señalados;

Posteriormente, y atendido la gravedad de los síntomas experimentados por los reclusos antes nombrados, se dispuso por la jefatura de dicho establecimiento el traslado de todos los procesados intoxicados al Hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago (CERESO), situación que fue informada a la Sra. Juez del Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad mediante oficio ordinario N° 4484 de fecha 10 de diciembre de 1981, haciendo presente que se tuvo conocimiento que el interno Víctor Hugo Corvalán Castillo había fallecido en el traslado de la Penitenciaria de Santiago.

Médico de la Cárcel constató envenenamiento: si no fuera así, hubiesen muerto los siete presos

Que una vez recepcionado los internos en el Hospital antes mencionado, fueron atendidos por el doctor Jorge Mery Silva quien planteó el diagnóstico de ‘intoxicación botulínica’, siendo trasladados los referidos internos a la unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública de Santiago y por medio del parte N°799 de la Guardia Interna de la ex Cárcel Publica de fecha 20 de diciembre de 1981, se dio cuenta del fallecimiento en la Posta Central del recluso Héctor Walter Pacheco Díaz, a consecuencia de su gravedad.

Que, por otra parte, la sustancia que produjo el envenenamiento de los internos antes mencionados, fue obtenida por el Instituto Bacteriológico, por haber sido solicitada por el director al laboratorio correspondiente en Brasil, siendo luego enviado vía valija diplomática a Chile, recepcionado en la Cancillería y, posteriormente, recibido en un laboratorio secreto del Ejército ubicado en calle Carmen N°339, el cual dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), siendo introducida a la ex Cárcel Publica de Santiago, ubicada en calle General Mackenna, de esta ciudad.

Que, si bien es cierto, los internos intoxicados fueran llevados a la enfermería del señalado recinto penal el día 8 de diciembre de 1981, con la finalidad de ser examinados y atendidos de sus dolencias, los reos no fueron atendidos ya que se indicó que padecían de una ‘gastritis aguda’, siendo devueltos a sus celdas. Sin embargo, por la presión de las familias de los internos solicitaron a través de alegaciones de la Vicaria de la Solidaridad, la presencia de un médico particular, lo que fue negado por el alcaide quien le informó al fiscal de la Primera Fiscalía Militar que ninguno de los internos requería de atención médica, pues su estado de salud no era de gravedad.

El envenenamiento fue una "Operación especial de inteligencia" del Ejército

Que, los hechos descritos precedentemente, permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una ‘operación especial de inteligencia’ que habría terminado con el fallecimiento de los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz, los cuales eran enjuiciados por delitos comunes y se encontraban recluidos en la galería N°2 de la ex Cárcel Publica, produciéndose su deceso por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada ‘toxina botulínica’, la que fue traído al país por el servicio público encargado de velar por la salud de la población y, previamente, entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Por otra parte, los reclusos afectados Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, sufrieron graves lesiones producidas por la ingesta de dichos alimentos contaminados, logrando sobrevivir –a pesar de la tardanza en el auxilio– por el oportuno y certero diagnóstico de la causa del envenenamiento, por los tratamientos que se les brindaron y, por la aplicación de la antitoxina respectiva; de esta manera, no se produjo el resultado querido por los partícipes, en cuanto dice relación con los delitos antes mencionados, evitándose la consumación, por razones independientes de la voluntad de los agentes.

Que el hecho de no adoptar las medidas necesarias para evitar la introducción de sustancias altamente tóxicas, como, asimismo, el retardo en el traslado del hospital penitenciario de los internos antes mencionados, constituye una afectación de los derechos de estos y evidencia una grave omisión dolosa del deber de cuidado en el cual recaía en el alcaide de la ex Cárcel Pública”.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $950.000.000 por concepto de daño moral, a las víctimas sobrevivientes y a familiares de los fallecidos que presentaron querellas.