La diputada que preside el partido Convergencia Social, Gael Yeomans también es la presidenta de la Comisión de Trabajo, pone en evidencia la cantidad de proyectos e iniciativas que están pendientes en el Congreso porque el gobierno no las toma en  cuenta y termina declarándolas in admisibles, porque la Constitución limita a los parlamentarios en su capacidad de poder presentar proyectos o hacer indicaciones. Lo más relevante es lo que pasa con la Ley de protección al Empleo que aún no se ha sido promulgada con los cambios que fueron aprobados como prohibir a los empresarios repartir utilidades si se acogen a dicha Ley.  

 

La verdad es que ha actuado bien solo, no ha escuchado a ningún actor incluso hay críticas por parte de las mismas mesas que constituyeron desde el gobierno en materia sanitaria. Para que decir la relación con el Congreso donde han querido imponer las medidas y además, obviamente hemos hecho críticas con la intención de poder tener medidas que realmente vayan orientadas a poder velar por la protección de la población y para eso se requiere mayores recursos económicos.

Entonces, la verdad es que vemos que más bien se ha tratado de reguardar intereses económicos de los grupos minoritarios de siempre, o sea, de los grandes consorcios económicos de Chile en las medidas que ha implementado el gobierno. Lo principal respecto al gasto ha sido eso, el pensar ahorrar para un futuro para poder, en el fondo, proyectar un apoyo económico mayor a esas grandes empresas, pero hoy día la situación que está viviendo la población plantea  que la prioridad debería ser otra y que son las necesidades económicas de la población en concreto y eso tiene que ver con que están pasando hambre, que es una necesidad así de básica y que lamentablemente el gobierno no ha tomado las medidas suficientes para poder enfrentar.

Hay hartos temas que criticar respecto a esta medida de las cajas de alimentos. Una tiene que ver con que en realidad no va a ser suficiente para cubrir las necesidades de todas las familias. De hecho, hay dudas respecto a quienes le va a llegar. En primer lugar, han sido muy poco claros al respecto, primero señalando que va a ser al 70% más vulnerable de la población y luego que al 70% del 40% más vulnerable y luego el ministro Sichel nuevamente reexplicando esa situación, o sea, lo único que queda claro de todo eso es que el gobierno no previó esta situación y no fue explícito desde un principio a quien le iba a llegar estas cajas.

 

Por otro lado, el hecho que estemos hablando de una caja de alimentos en donde no se cuenta con otros elementos que también son necesidad básica, por ejemplo con toallas higiénicas, algo tan elemental hoy día y si no tienes recursos económicos para poder comprar no se hacen cargo de esa situación y ahí el Ministerio de la Mujer también brilla por su ausencia en las medidas que debería también tener en consideración para llegar a la población sobre todo a las mujeres que debería velar por eso.

Nosotros insistimos siempre que fuera mediante un aumento del ingreso familiar de emergencia no mediante estas cajas de alimentos porque lo otro que es cuestionable es que, al final, va a tener repercusión, por ejemplo, en el comercio local de esos sectores y se supone que al gobierno lo que le interesaba, siempre han hecho ese discurso ese relato, pero que se ha quedado en palabras no más, que se supone que tenía la intención de apoyar a los emprendimientos, las pequeñas empresas, pero cuando uno ve que uno de los principales proveedores de estas cajas de alimentos viene de la empresa del Grupo Saied, queda en evidencia a quien se está tratando en el fondo, siempre en todas las medidas de favorecer y creo que eso es muy cuestionable.

 

Si, de hecho lamentablemente ni siquiera en materia de salud se ha podido fijar los precios que es como algo elemental, por ejemplo los precios de las mascarillas, alcohol gel, elementos básicos para poder enfrentar la pandemia y que también ahí se ha visto un incremento de los valores y ahí uno ve también que hay una suerte, bien compleja de como el mercado se mete y finalmente  define quienes van a poder acceder o no a esos insumos tan básicos para la situación que estamos viviendo. Por lo menos en materia de salud hay un proyecto de ley que está pendiente en el Congreso, eso podría ser un precedente importante para otras materias, asi es que debiera ser aprobado.

Las vocerías de gobierno en esta materia, sobre todo las del ministro de Salud han jugado un rol que más bien ha generado incertidumbre que certezas. De hecho todos los dichos que hablaban de una nueva normalidad tratando como de generar supuestamente, en ese momento además de contagio de expansión del covid-19, empezaron  a generar una sensación como de que ya estábamos controlando la situación, cuando a todas luces en este momento es muy evidente que eso no era así y por lo tanto los mensajes no deberían ser a relativizar los cuidados, al contrario, había que agudizar aún más las medidas para que nos permitieran hoy día estar en mejores condiciones, cosa que no se hizo.

 

En realidad en esta materia nosotros hemos presentado propuestas hacia el gobierno mediante cartas desde el inicio de la pandemia, tanto del Frente Amplio como también con los otros partidos de la oposición. Han salido propuestas del Colegio Médico que juntó un grupo de economistas que también levantaron propuestas para poder generar una entrega mayor de recursos para las familias, pero lamentablemente el gobierno no ha escuchado ninguna. Y en este tema lo que dice la Constitución respecto a las atribuciones es que los parlamentarios no tienen atribuciones para presentar proyectos de ley que impliquen gasto presupuestario, por lo tanto estamos amarrados de mano en esta materia y dependemos de la iniciativa del gobierno y es este el que debe cambiar la actitud,  realmente si quiere hoy día que superemos esta crisis de buena manera poniendo  como prioridad el bienestar de la población debiera escuchar más, disponerse al diálogo y encontrar las mejores soluciones para responder a esta crisis, lamentablemente hasta la fecha no ha sido así.

 

Nosotros en materia de la renta básica de emergencia cuando el gobierno ingresa este proyecto de ingreso familiar de emergencia presentamos indicaciones, votamos algunos aspectos en contra para que el gobierno recapacitara y presentara indicaciones con mayor aumento presupuestario, pero lamentablemente fue todo lo contrario, presenta un veto aditivo tratando de imponer posición y después cuando lo logran aprobar casi estaban celebrando como si hubieran ganado un gallito, como si esto se tratara de una pelea entre partidos políticos cuando sabemos que los principales perjudicados son los ciudadanos. Acá esto no se ha tomado esto con la seriedad que requiere y creo que eso es principal responsabilidad del gobierno.

 

De todas formas. El Frente Amplio presentó la propuesta de la reforma tributaria, el impuesto a los súper ricos desde que lanzamos la campaña con Beatriz Sánchez. Nuestro programa presidencial lo contempla por lo tanto obviamente que estamos a favor de generar esa medida sobre todo en este contexto. Hay otras más que creemos que son necesarias que se revisen. Hay distintas propuestas de financiamiento como la que tiene que ver con el mismo presupuesto actual y tomar otras partidas, fondos que no se están ocupando y que se podrían destinarse a apoyar económicamente hoy a la población. A mí el impuesto a los súper ricos me parece una medida de justicia y por eso creo que es necesario poder contar en Chile con un impuesto que genere recursos y un compromiso de quienes más ganan en un país sumamente desigual.   

 

Se han planteado medidas acá en donde al final los que están pagando el costo de la crisis son los mismos trabajadores, incluso los de las grandes empresas lo que no es razonable para ningún país. Además, uno ve grandes empresas que ya en abril ya estaban diciendo que no contaban con recursos para pagar los sueldos de los trabajadores, entendiendo que son empresas que reciben millones y millones de utilidades. No se entiende como no tienen fondos para poder enfrentar situaciones más complicadas como las que estamos viviendo. Uno comprende que empresas pequeñas no tengan capacidad de ahorro, pero grandes empresas como las que hemos visto este tiempo que además son de consorcios económicos como Cencosud.

 

Cuando uno ve a Cencosud acogiéndose a la Ley de Protección del Empleo cuando para que desde el fondo de cesantía se paguen las remuneraciones, no es comprensible que desde el primer mes hayan tratado de recurría los recursos de los trabajadores y del Estado para poder alivianar sus costos. En otros lugares del mundo existe por ley la necesidad de tener un fondo que les permita a las empresas responder frente a las situaciones económicas como la que estamos viviendo.

 

Por lo pronto también si eso no es así si hay una gran empresa que genera un aporte para el país, que es absolutamente necesario, me parece que hay que replantear la  relación que tiene el Estado con las empresas a las que les está entregando aporte económico. Nosotros ahí desde Convergencia Social hemos presentado un proyecto en donde replanteamos esa relación de tal manera que si el Estado le va a entregar recursos económicos a la empresa paras alivianarle costos de una u otra manera, entonces que también tenga participación en las decisiones que se toman en esas empresas, que los trabajadores también tengan participación en ella, que tengan garantías mínimas, que no sean despedidos no solamente durante la crisis sino que después también porque el Estado aportó. Esas son parte de las propuestas, pero no se ve, no se valora y como la Constitución nos pone límites para presentarlas, finalmente no las vemos en lo concreto, en lo práctico y por eso esta crisis nos vuelve a cuestionar la Constitución que tenemos que no nos permite hacer transformaciones.

 

Así es, de hecho a pesar de que la Ley fue aprobada el 6 de mayo hasta la fecha no ha sido ni promulgada, ni promulgada la ley que completa la Ley de Protección al Empleo. Y eso es de responsabilidad exclusiva del Presidente de la República, ellos son los encargados de hacerlo y con ello están perjudicando principalmente a los trabajadores porque en ese proyecto de ley se establecían medidas para poder hacerse cargo de los déficit, en parte, que tenía la Ley de Protección al Empleo. Esa ley todavía no está vigente, seguimos manteniendo hoy día las precariedades que genera la Ley de Protección al Empleo, con eso me refiero a abusos por parte las empresas tratando e imponer por un supuesto acuerdo, pero que en realidad es una imposición a sus empleadores la Ley de Protección al Empleo, sin tener resguardos y medidas para que los trabajadores puedan tener mayor protección. También se deja en vulneración a las mujeres embarazadas, o por el fuero maternal porque no se le da privilegio al fuero frente a la suspensión de los contratos.