Por Mario López M.

El reciente dictamen de la Contraloría y la respuesta del alcalde de Estación Central parecieran cerrar definitivamente las puertas a la construcción de los llamados “Guetos Verticales” en esa comuna y, de paso, advierten a inversionistas de otros municipios que buscaban replicar las moles de cemento. Claro que aún están pendientes los tribunales y el gobierno de Piñera, un “hábil emprendedor en construcción”.

Edificios de hasta 42 pisos con mil 131 departamentos (Coronel Souper 3202) o el construido por Su Ksa de otros 42 pisos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3832, que cuenta con 732 departamentos, además de otros proyectados y en construcción como el megacentro comercial ubicado en la “esquina de los circos” -en Alameda con General Velásquez, proyectado con 40 pisos, 3.237 departamentos, 49 locales comerciales y 449 estacionamientos-, daban cuenta de un lucrativo desorden inmobiliario y mal uso del espacio público que afecta gravemente a miles de compatriotas.

Uno de los más escandalosos es el caso “del conjunto Mirador Souper de 30 pisos de altura, con un total de 1.036 departamentos y la insólita cifra que constituye un récord Guinness de 37 departamentos por piso. Un ascensor alimenta a 259 departamentos”, según denunció el arquitecto chileno Miguel Lawner en la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile.

El “resquicio”

Un resquicio legal iniciado bajo la administración municipal del UDI Gustavo Hasbún en Estación Central dio lugar a esta explosión inmobiliaria cuyo boom fue en 2008 en esa comuna, cambiando de manera radical la calidad de vida a sus habitantes y, de paso, en el resto de la ciudad. Todo partió con el cambió en el uso del suelo para permitir la construcción del Edificio Titán sobre unas antiguas canchas de fútbol. Luego vino un voraz “desarrollo” habitacional, que los inversionistas supieron aprovechar.

El impacto no solo ha sido en la densidad, congestión vial o de servicios. Miles de familias, sobre todo de inmigrantes vulnerables y del segmento socioeconómico calificado como C3 y D, han encontrado allí la oportunidad de vivir casi en el corazón de la ciudad, con acceso directo al Metro de Santiago, los tres más importantes terminales de buses de la ciudad, colegios y universidades, e importantes centros comerciales. Pero hacinados.

Se calculan en cerca de 500 mil los nuevos habitantes de la zona de unas 32 hectáreas que vinieron a trastocar fuertemente la vida de la población, ya incómoda con las cerca de 400 mil personas diarias que componen su población flotante. Un caos que a las autoridades locales no pareció importar, amparados en una supuesta ausencia de plano regulador. Las protestas de los vecinos “horizontales” convivió con aquellos que prefirieron emigrar a otras zonas menos pobladas y, de paso, recibir el suculento pago por sus casas que aumentaron fuertemente su plusvalía.

¿Progreso?

Esa excusa entregó el alcalde UDI Rodrigo Delgado: “todo esto era parte del progreso que estaba teniendo la comuna”, dijo en una reunión con vecinos que protestaban por las construcciones. “Ante nuestra insistencia para obtener una respuesta clara y objetiva por parte del alcalde, él opto por la molestia y el enojo y se retiró de la reunión sin siquiera despedirse”, relató a Cambio21 Alejandro Verdugo, parte de la “Agrupación de Defensa de Barrios Estación Central”.

Las 16 juntas de vecinos que conformaron la “Agrupación”, iniciaron un intenso trabajo para crear conciencia del daño que ocasionaba este desordenado proceso inmobiliario. El seremi de la Vivienda, Aldo Ramacciotti; el Intendente de Santiago, Claudio Orrego; los concejales de esa comuna Felipe Zavala y Felipe Muñoz, y el propio ministerio de Vivienda se fueron sumando en su demanda de poner orden a este lucrativo negocio que causaba innumerables perjuicios.

Los reclamos también llegaron a la Contraloría General de la República. El 13 de noviembre de 2015 se interpuso ante este organismo un reclamo que expuso las irregularidades que se estaban cometiendo en la comuna. Ya en abril de 2016 el seremi de la Vivienda comunicó al director de Obras de Estación Central la improcedencia de autorizar construcciones en altura y construcciones de agrupamiento continuo mientras no se resolviera definitivamente sobre el tema del Plan Regulador.

“Todos los permisos son ilegales”

La insistencia dio sus frutos y la Contraloría General de la República resolvió derechamente el impasse, confirmando la ilegalidad de todos los permisos de edificación continua en de Estación Central. Así lo establece el dictamen Nº 043367 del 11 de diciembre de 2017 dirigido al alcalde de esa comuna.

A la fecha se encontraban en marcha 75 permisos de edificación, además de 30 anteproyectos aprobados por el municipio. La Contraloría estimó que 71 de los permisos de edificación con agrupamiento continuo ya entregados son contrarios a derecho.

“Hay que tener en cuenta que en este episodio hay responsabilidades administrativas y penales que deberán ser analizadas por la autoridad competente, pues como consecuencia de este nuevo ‘error’ cometido por quienes no saben aplicar las disposiciones legales, unos cuantos actores privados obtuvieron enriquecimiento ilícito con sus proyectos de inversión”, dijo a Cambio21 el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman.

A su juicio, “si las instituciones públicas no funcionan y no efectúan las acciones legales que corresponde, son las agrupaciones ciudadanas de Estación Central, con el dictamen de marras, las llamadas a iniciar las acciones legales correspondientes en defensa de sus legítimos derechos urbanos vulnerados por la negligencia del Estado”.

Millonarias inversiones

Las inversiones en la diversidad de proyectos declarados ilegales son del orden de US$ 2.300 millones. En estricto derecho la sanción de las obras ya iniciadas debiera ser la demolición, pero eso es una quimera, atendido que muchas de ellas ya están terminadas y habitadas por miles de familias y allegados. La solución deberá ir necesariamente por otro lado en la mayoría de los casos: el de mitigación del daño causado.

De seguro las empresas recurrirán a tribunales y al nuevo gobierno pro empresarios que asumirá en marzo y, dado que son justamente los partidarios de esa administración los que están involucrados, de seguro buscarán amparo en Sebastián Piñera, quien ha tenido participación en varios “emprendimientos inmobiliarios”, entre ellos en la Constructora Echeverría e Izquierdo, de Fernando Echeverría, quien aparte de ser su socio fue su intendente metropolitano.

De hecho, Fernando Echeverría, el hombre fuerte de Piñera en materia de construcción, ya dijo que la gente “vive feliz” en los guetos verticales, agregando que “esos edificios fueron hechos con la normativa vigente para Santiago y hay mucha gente que está muy contenta viviendo ahí. Vaya a preguntar si se venden o no, y se venden todos los departamentos. Hay inmigrantes, hay gente de bajos recursos que en lugar de vivir alejados de Santiago, en vez de condenarlos a vivir en Talagante, en Buin, que tiene costos de transporte y distancias tremendas, se van a un sector que tiene Metro, parques, escuelas, hospitales, y no los condenamos a vivir en la periferia”. 

Delgado opta por frenar permisos

Ante la evidencia del actuar trucho por parte de la municipalidad a su cargo, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, informó que “esperamos que esta semana podamos congelar todos los permisos de edificación que vayan contra la norma”, dando cuenta que “se permitirán un máximo quince pisos en Alameda y después cuatro a ocho piso para atrás y con uso de suelo y antejardines”.

Aseguró que “con este congelamiento, que viene esta semana seguramente vamos a tener muchas más herramientas para poder regular lo que está ocurriendo”. En todo caso, es la única conducta que cabe a la autoridad edilicia, pues en caso contrario incurriría en abierto desacato frente a la autoridad contralora. Y sí que Estación Central sabe de fiscalizaciones, en esta y otras materias, en cuyo municipio han llegado a instalarse personeros de la CGR de manera casi permanente en dicho municipio.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, la comuna llegó a concentrar el 13% de las ventas de departamentos en la región Metropolitana, apenas por detrás de Santiago Centro (19%). Graves problemas de alcantarillado, suministro de agua, faltas de estacionamientos y otros serios contratiempos hicieron colapsar los barrios. En las horas punta, abordar un ascensor para acceder a la calle o ingresar al departamento es peor que esperar el Transantiago, con más de una hora de en insoportables filas.

Las nuevas “poblaciones callampas”

En los sesenta se denominaba así a los “guetos horizontales” de mediaguas que se construían en la periferia de la ciudad, generalmente consecuencia de la toma de terrenos por familias que generalmente provenían del campo y que buscaban en la urbe una oportunidad de calidad de vida. Hacinados convivían familias y allegados, muchas veces hijos que llevaban a sus parejas a compartir el mismo ya reducido espacio paterno por falta de acceso a vivienda propia.

El tiempo ha pasado y los servicios y calidad de vivienda han mejorado, sin embargo existen casos comprobados en algunos de estos edificios donde la vida no es muy distinta a la de aquel entonces, sobre todo si se trata de esas verdaderas “torres de Babel” en que se han instalado migrantes que a su vez cobijan a compatriotas en diminutos departamentos. Uno de los casos lo constituye el edificio de departamentos ubicado en la calle María Rozas Velásquez, donde al menos el 85% de los locatarios son extranjeros, sea como propietarios –los menos- o arrendatarios.

“La superficie habitacional promedio es de 30 metros cuadrados por unidad con un importante número de 18 a 20 metros cuadrados. El cuadro de vida es intolerable, un gigante hacinamiento humano donde comparten ruidos, vistas, malos olores, discusiones entre parejas, falta de soleamiento y de intimidad. En resumen, un producto altamente precario orientado a satisfacer las demandas de los sectores medios, fenómenos inédito en la historia urbana de Chile que con justa razón fue bautizada por el intendente de Santiago, Claudio Orrego, como guetos verticales”, sostiene Lawner.

Seis mil departamentos en una cuadra de estrechas calles, pocos estacionamientos y nulo o escaso acceso a jardines infantiles, colegios, supermercados, hospitales e insufrible acceso a  locomoción colectiva, entre otros servicios públicos, generan día a día un colapso no menor entre los habitantes de la comuna. Una colusión del municipio y los empresarios privados por la que, hasta el momento, nadie responde.

Del derecho a la vivienda a bien de consumo

En solo 50 años la transformación ha sido brutal. Al crearse el ministerio de Vivienda y Urbanismo durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva la vivienda era asumida por el Estado y la sociedad como “un bien de primera necesidad al cual toda familia debe tener acceso sin importar su nivel socioeconómico”. Salvador Allende, la declaró un “derecho irrenunciable del pueblo, (que) el Estado tiene el deber de proporcionarlo”.  

En la dictadura de Augusto Pinochet y de civiles que propugnaban el modelo neoliberal, la casa propia dejó de entenderse como un derecho para las personas, sobre todo los más pobres, y pasó a ser un “bien que debe ser adquirido por las familias a través del esfuerzo y el ahorro”.

Los gobiernos que le siguieron trataron de morigerar esto a través de una política de subsidios a la vivienda social, que ayudó a los más necesitados a acceder a casa propia, muchas veces en condiciones de extrema marginalidad física y social y que de paso permitió a las grandes constructoras efectuar un suculento y lucrativo negocio a costa del Estado.

Piñera posee experiencia en lucrativos negocios inmobiliarios. Constructora Toltén, fue su primera experiencia en el rubro en los 90. Compraba casas y sitios baratos en las comunas de La Florida, Macul y Peñalolén, levantando allí viviendas que luego vendía. Al momento de subir el valor de las propiedades liquidó la constructora, logrando un pingüe ingreso que le dejó en la pasada cerca de US$2 millones. Luego vinieron negocios con los Cueto en Valle Escondido, y también de la Constructora Aconcagua –con Andrés Navarro– y la Constructora Echeverría e Izquierdo, de Fernando Echeverría.

El Boldo, originalmente de propiedad de su exministro Rodrigo Hinzpeter y de su exdirector de TVN Carlos Zepeda, pasó de tener en  julio de 1996 de un capital de 1 millón de pesos a $5 mil millones tres meses después. Los nuevos accionistas son Inversiones y Rentas Las Nieves Ltda. y Bancard. El Boldo está siendo investigada por recibir dinero mediante facturas ideológicamente falsas de parte de Comercial Los Lagos, empresa que el 15 de diciembre de 2009 le giró $8 millones mediante un pago desde el banco BCI. En 2009 la constructora absorbió a Inversiones e Inmobiliaria Bancard Limitada, totalizando un capital de $5.493 millones.

Piñera también participó de Las Bandurrias Ltda. e Inversiones Última Esperanza. Constructora Aconcagua, está ligada a Novatec e inmobiliaria El Bosque S.A. En Salfacorp posee el 5,7%, la que se fusionó con Aconcagua, poseyendo en esta última el 17.8%.  Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña.