Por Mario López M.

Un muy bien planificado montaje buscó implicar a la entonces Presidenta Bachelet en un caso de presunta corrupción en que aparecían mezclados su hijo y su nuera. El objetivo era acallar la crisis que enfrentaban en ese momento la UDI y empresarios, por el financiamiento ilegal de la política.

Las consecuencias fueron aún más lejos que las que esperaban los autores del contubernio. Cayeron en la rodada la imagen de la Mandataria  y de las reformas que buscaban equiparar la cancha social. Tras la conspiración solo habían personeros ligados a la derecha más extrema.   

Hoy, establecida la verdad jurídica por los tribunales que desechan los ilícitos que se le imputaron al hijo de la mandataria en la arista principal del juicio, este intenta vía querellas criminales que los principales impulsores de las calumnias paguen el daño causado. En la confabulación hay muchas más manos negras. 

En fallo unánime de la sala penal de la Corte Suprema se estableció que no pudo probarse de modo alguno que Dávalos Bachelet hubiera incurrido en alguno de los ilícitos que los querellados, los hoy diputados de Renovación Nacional Diego Paulsen y Marcela Sabat, junto a los actuales subsecretario de Minería, Pablo Terrazas y ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward, le imputaron calumniosamente.

El fallo que de paso le “tira las orejas” al Ministerio Público por no cumplir con su obligación de “conducir la indagatoria con objetividad y celo”, determina que en la arista principal del denominado “Caso Caval”, Dávalos “ha sido convocado al juicio que se celebrará respecto de los restantes imputados de la causa como testigo de la acusación, es decir, no vinculado culpablemente al hecho delictivo, sindicación que permite cuestionar su real calidad en hechos por los cuales nunca fue formalizado y tener, además, por establecida su inocencia, por cuanto nada se ha comprobado a su respecto”.

La derecha tras la intriga

Corría febrero de 2015, un mes que veía ya instalado el fin de binominal, los inicios de las reformas tributarias y educacionales y el ocaso de una UDI que se revolcaba en el charco de la corrupción con sus principales líderes desfilando en tribunales, junto a empresarios que les habían sobornado –de acuerdo a los ilícitos que se ventilaban en audiencias públicas-. La Presidenta se encontraba de vacaciones y a cargo de La Moneda un aún inexperto ministro del Interior, que debió “resolver” una inesperada crisis.

Comenzaba a fraguarse una de las operaciones políticas-económicas más oscuras de que se tenga memoria en el país, una extraña mezcla de conspiraciones, ambiciones, intrigas y hasta bajos instintos. De pronto, la prensa –sobre todo de derecha-, La Moneda, tribunales y la sede de la UDI aparecieron como actores de un libreto maquiavélicamente construido.

Lo que parecía un negocio cualquiera, la compra entre particulares de un terreno no urbano en Machalí, financiado con un préstamo bancario y sujeto a una condición espuria –pero de común ocurrencia-, que se cambiara el uso de suelos para generar un lucro interesante en la operación, se transformó de la noche a la mañana en un misil que golpeó en plena línea de flotación a uno de los gobiernos que contaba hasta entonces con más respaldo y esperanzas ciudadanas.

Algo más que un error no forzado

En el negocio aparecían mezclados la nuera de la Presidenta y de paso su hijo, lo que permitió a empresarios y políticos derechistas que se resistían a los cambios, implementar una estrategia de desestabilización del ejecutivo que en buena parte frenó –hasta hoy- el intento de equilibrar la desigual cancha en el país.

No fue solo obra de la derecha, también hubo errores no forzados cometidos por el entonces ministro Rodrigo Peñailillo, que minimizó los alcances de las esquirlas tras la explosión y de la propia Presidenta, que apelando a su corazón de madre no resolvió de manera oportuna el desaguisado. Así lo percibió la opinión pública, alentada por una campaña sucia que la vinculaba a ella misma de manera soterrada en la operación comercial.

Quizás el mayor error provino del propio  Dávalos, que a días de la elección presidencial que tenía en la pole position a su madre, se reunió con Andrónico Luksic, vicepresidente y uno de los dueños del Banco Chile, para obtener un préstamo millonario que jamás se le hubiera cursado de no ser quién era, el hijo de y no por méritos propios. Bastó su presencia (las declaraciones judiciales reconocen que apenas habló) para dañar de modo casi irreparable a su madre y de paso al país.

Malas juntas

Pasada la borrasca de los primeros momentos, investigaciones periodísticas –entre ellas de Cambio21-,  pusieron en el tapete que tras el cuestionado negocio de Caval no solo estaba la nuera de la Presidenta y su socio, Mauricio Valero, un oscuro personaje relacionado con individuos que habían pertenecido a los servicios de seguridad de la dictadura. Aparecieron los nombres de connotados militantes y dirigentes de la UDI quienes fueron los verdaderos operadores que llevaron al síndico de quiebras Herman Chadwick, la venta de la propiedad y fueron los mismos que alertaron a Valero de la existencia de este apetitoso negocio y que los relacionaron a Natalia Compagnon, la nuera de Bachelet.

No solo hicieron eso, convencieron a todos que el verdadero lucro estaba en cambiar el uso de suelo. Ellos fueron quienes llegaron a la Municipalidad de Machalí a efectuar lobby, permearon (coimearon o sobornaron) a funcionaros públicos, los mezclaron en el negocio, ganaron suculentas sumas de dinero, partieron las ganancias y son los titiriteros de todo este entuerto. Al final son también UDI quienes reúnen a quien hizo la denuncia del caso –Sergio Bustos- con la revista Qué Pasa, que lo hizo público.

El fiscal al acusar a Compagnon, dijo entre otras cosas que ella “abusó y usó sin consentimiento, en este caso de la máxima autoridad de este país en ese tiempo”, del nombre de Bachelet o su condición de nuera. Resulta imposible soslayar el hecho indiscutible que el entorno que entonces rodeaba a Natalia Compagnon, era de baja ralea. No solo su socio poseía malas juntas, varios de ellos mitómanos que inventaban socios mexicanos inexistentes, sino que existieron otros siniestros personajes -vinculados todos al gremialismo- que aparecen mezclados en una seguidilla de operaciones cuestionadas, sobornos y otras acciones de dudosa factura.

El “agente” Sergio Bustos

Fue quien “destapó el caso Caval”. Él se estableció que participó en la trama como operador ante bancos. La interposición de una demanda por el supuesto no pago de honorarios por su intervención en la obtención del crédito por $6.500 millones que sirvió para adquirir las propiedades, fue el detonante que explotó en La Moneda. Bustos no solo perdió el juicio laboral sino que su exposición pública le terminó pasando la cuenta en causas de derechos humanos que tenía pendientes y en las que aparecía como un agente de los servicios de seguridad. En realidad era un ex ayudista de la DINA que trabajó bajo las órdenes de Manuel Contreras. Su nombre aparece en una de las fichas rescatadas desde Colonia Dignidad.

Fue declarado reo por la muerte de tres militantes del MIR en la localidad de San Carlos, al sur del país en el año 1974. En aquel entonces Bustos era un connotado militante de Patria y Libertad, grupo paramilitar que tras el golpe de Estado participaba activamente en la detención de partidarios del gobierno derrocado e incluso en torturas y crímenes, como se ha denunciado en innumerables causas de DDHH. Tras ser detenido en Chillán, fue llevado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Carlos, donde quedó en prisión preventiva. Su “minuto de gloria” en la prensa tuvo un abrupto final.

Bustos habría mandado el 2 de enero de 2015 un correo a la Revista Qué Pasa, de reconocida tendencia derechista y ligada a la UDI, advirtiéndoles que “Tengo valiosa información (…) de alguien que trabaja cercano a la Presidenta”, lo que despertó el interés del medio opositor que lo contactó. El resto es materia conocida, salvo por la aparición de otro personaje, un ex parlamentario que fue el encargado de contactar a Dávalos con la revista. ¿El mensajero? Marcelo Forni, exdiputado de la UDI, quien fue el encargado por el medio de informar al hijo de la Presidenta lo que se avecinaba.

Juan Díaz Sepúlveda, el titiritero

Militante y operador de la UDI, Díaz es un eje central en toda la operación Caval. De hecho fue acusado por otro militante de ese partido -y también parte del entuerto-, Patricio Cordero, de ser quien era el pagador de los sobornos y además el nexo con el síndico a quien también habrían llevado en el “negocio”. No es la única de Díaz, conocido por haber sido quien intervino a favor de Jovino Novoa en el caso Spiniak buscando desacreditar a los testigos que lo inculpaban.

Cordero confesó en la Fiscalía que Díaz le habría asegurado que “al menos 400 millones iban a corresponder a Herman Chadwick”, el síndico, lo que sería ilegal (Chadwick sería más tarde condenado en un juicio abreviado y en uno civil, por el caso). También el nombre de Díaz está tras el “cuento del tío” que hablaba de la existencia de un eventual comprador de los terrenos, un “socio mexicano”, que insinuaban que era Carlos Slim -en algún momento el hombre más rico del mundo-. “Hablaba de esos mexicanos curiosamente, comentaba que estaba metido Slim y otros mexicanos”, aseguró Cordero al fiscal haciendo referencia a las mentiras de Díaz. A este también acusó de haber inventado la participación de Cencosud, interesado en instalar sus tiendas Jumbo en el lugar.

Díaz usó su derecho a guardar silencio en las declaraciones ante el fiscal, no así ante a la prensa. Díaz trabajó con el síndico Chadwick como “gestor inmobiliario”, encargado de cambiar el plan regulador intercomunal de rural a urbano y así aumentar el valor de los terrenos de Machalí. Por ello trabajó codo a codo con Cynthia Ross, ex asesora de la municipalidad de Machalí y sobrina de quien vendió los predios y también se reunió en diversas oportunidades con Jorge Silva Menares, ex director de Obras de Machalí, todo lo que consta en el proceso. No eran los únicos UDI tras el entuerto.

El operador de la UDI

Según las declaraciones de Compagnon, Díaz fue la persona que le llevó el negocio de los terrenos de la familia Wiesner –dueños de los predios de Machalí- a Caval. Por esa razón, tanto él como Patricio Cordero tenían “derecho” a dividirse el 50% de las ganancias, dijo en sus primeras declaraciones la nuera. Juan Díaz fue en 2017 condenado a 3 años de presidio por caso Caval, por soborno reiterado y delitos tributarios.

“Todo el negocio lo llevaron adelante Valero y Díaz”, declaró Cordero ante el fiscal. “Hacia el segundo semestre de 2014,  hacen Natalia (Compagnon) y Juan Díaz las asesorías a CCU –obtenidas de Andrónico Luksic- y generaron un íntima relación. Incluso Natalia le dijo que estaba muy apurada de plata, que no tenía trabajo, ante lo cual Juan Díaz le pasó $ 44 millones, lo cual ocurre el segundo semestre, lo que se sumó a su asesoría de $ 300 millones a CCU”, declaró Cordero judicialmente. Compagnon desmintió que Caval hiciera negocios con CCU. “A mí no me pagaron nada”, aseguró.

Díaz dejó formalmente de ser militante UDI después de haber sido condenado por estafa en 2008 por una compra de terrenos. De la sentencia, varios aspectos retratan al personaje. Se vanaglorió de ser amigo de senadores y diputados, también de síndicos, incluso señaló tener guardado un galvano de agradecimiento que le habría regalado quien fuera Presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz.  También destacó haber sido quien llevó al asesinado senador Jaime Guzmán a la UDI, mientras agonizaba y que incluso “murió en mis brazos”. Igualmente destacó sus vínculos con la defensa de Jovino Novoa por abusos sexuales.

Patricio Cordero, el acusador acusado

Se trata del otrora operador político de Joaquín Lavín y quien fuera su administrador mientras el actual edil de Las Condes y excandidato presidencial fuera alcalde de Santiago. Por sus contactos, Cordero reconoce haber estado ligado al caso Luminarias que consistía en groseras estafas cometidas en distintos municipios ligados a la UDI en donde en su momento fueron querellados el diputado homónimo e hijo de Joaquín Lavín, su otra hija María Asunción, recientemente condenada por giro doloso de cheques y cónyuge, Isaac Givovich, un cuestionado personaje que más adelante se vinculará al caso Caval.

Cordero posee muchas vinculaciones con Caval. Desde luego conoce a todos los partícipes de la UDI, incluso llevando al negocio a algunos de ellos, como a Díaz o Givovich. No solo eso, fue investigado por el Ministerio Público por 13 facturas de Inversiones Lo Beltrán Limitada (una sociedad que le pertenece) y que fueron incorporadas en la contabilidad de Caval entre 2012 y 2014. Las facturas corresponderían a trabajos no realizados o ideológicamente falsos y que en total suman $305 millones y tendrían un perjuicio fiscal de $ 118.872.912.

Para el Ministerio Público el ex administrador electoral de Lavín fue el contacto con el socio de Compagnon, Mauricio Valero, y es considerado como uno de los más importantes intermediarios en el negocio de Machalí. Participó directamente de las negociaciones y junto a Díaz se llevaría el 50% del negocio. Ambos se hicieron íntimos como militantes UDI. La Fiscalía solicitó para él 541 días de cárcel por soborno.

Isaac Givovich

Si de negociados se trata y en que aparezcan militantes UDI de por medio, no podía estar ausente el yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich, casado con María Asunción. Un peritaje contable dio cuenta de un documento que no cuadraba en la operación Caval. Emanaba de la empresa Asesorías en Gestión, Evaluación y Ejecución de Proyectos GES Consultores Ltda., por $300.354.524, supuestamente para realizar trabajos similares “de proyectos de cambio de uso de suelo”. ¿El dueño? El yerno de Lavín.

No pasó inadvertido para el Servicio de Impuestos Internos (SII), que determinó que el documento era ideológicamente falso al corresponder a trabajos que no se realizaron. De hecho, el mismo fue anulado meses después. Esto resultó sustancial en la formalización del síndico Herman Chadwick y su asesor, el ex militante de la UDI, Juan Díaz. Givovich declaró posteriormente a conocerse los hechos “sentir miedo por él y su familia”. Alegó que “tengo un fundado temor por mí y por mi familia respecto a eventuales represalias que puedan ser tomadas, especialmente por Juan Díaz o por Herman Chadwick, pues conozco muy bien sus redes de contacto y no sé lo que son capaces de hacer”, denunció.

Con arraigo nacional se dejó al yerno de Joaquín Lavín por su participación en el caso Caval, acusado de facilitar facturas ideológicamente falsas al operador político de la UDI, Juan Díaz, además quedó con la prohibición de comunicarse con los coimputados. Givovich aparece tras la acusación a su suegro, el alcalde Lavín, contra el que  interpuso en septiembre pasado una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por operaciones irregulares cometidas durante su campaña senatorial de 2009, lo que fue negado por el alcalde. También se relacionó con el negocio trucho de las luminarias que dio origen a querellas criminales y el caso Amiot, un empresario del rubro gastronómico a quien se intentó asesinar y quien acusó a Givovich de estar detrás del atentado.

Los otros rostros tras la maquinación

También aparece vinculado a la UDI –aunque no militante-, Victorino Arrepol. Valero lo llevó a Caval y Arrepol llevó a Bustos, quien le construyó un bunker como medio de protección. Un mitómano de marca mayor, según la policía.

Un supuesto correo que se aseguraba correspondía a un ministro del gobierno de Bachelet, hizo conocido a Arrepol, otro de los operadores del negocio. El famoso correo resultó ser falso absolutamente y fue parte de las charadas e invenciones para darle “espaldas” a la operación comercial tras los inmuebles de Caval. Reconocido derechista, Arrepol tiene en su prontuario un auto secuestro que denunció en 2009, el cual de acuerdo a la policía, obviamente solo estaba en su imaginación.

Dentro de las declaraciones judiciales, Arrepol es quien aseguró a los fiscales que un parlamentario y a un ex ministro UDI estaban implicados con la repartición posterior de las utilidades que dejaría el negocio Caval. También es autor del famoso correo falso que intentó vincular a la actual Presidenta: “tranquilo, mami llamó al Andrónico”. Victorino ha reconocido que el correo fue parte de una estrategia para calmar a Bustos. “El viejo era un hinchapelotas de lo peor. Hablaba tonteras, estaba loco”, confesó. La locura era colectiva.

Nibaldo Mora

Mora se estrena en la investigación Caval al ser nombrado por el otro operador de la UDI, Patricio Cordero. Este aseguró que el socio de Caval, Mauricio Valero, le pagó a Mora 25 millones de pesos para beneficiar a Saydex –empresa especializada en servicios informáticos en el área de salud y que fuera cliente de Caval en las distintas licitaciones del Ministerio de Salud-.

Mora, fundador de la UDI y ex concejal en Peñalolén por ese partido, es un reconocido operador político del equipo de Pablo Longueira. En Dicom, Mora figura con domicilio laboral en Suecia 286, la sede de la UDI. Este personaje fue director del Servicio de Salud Metropolitana, bajo la administración Piñera. Diversos correos lo ligan a Valero y Cordero y dicen relación con pagos exigidos por NM (iniciales de Nibaldo Mora), por proyectos adjudicados presuntamente de manera ilegal. Los correos datan entre el 18 de octubre de 2012 al 6 de diciembre de 2013, siendo ministro Jaime Mañalich.

Cordero, una vez más, resultó ser el nexo entre Valero y Mora. De hecho Cordero confesó que el socio de Caval sabía que se le estaban realizando pagos al militante de la UDI. “Le estaba pagando a un funcionario público para que desarrolle acciones propias del ámbito de su gestión”, todo lo cual ha sido desmentido por Mora, quien ha afirmado que del caso Caval “se enteró por la prensa”. Cuatro años por cohecho para Nibaldo Mora, ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central durante el Gobierno de Piñera, solicitó la Fiscalía, además inhabilidad temporal para ejercer cargos públicos y la accesoria de una multa por enriquecimiento ilícito.

Las “acusaciones calumniosas”

La nueva arista que se abre en el caso Caval, transforma en querellados a los entonces acusadores,  los hoy diputados de RN Diego Paulsen y Marcela Sabat, y los actuales subsecretario de Minería, Pablo Terrazas y ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward. Ellas se suman a la ya presentada en contra del ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg por los mismos hechos.

Las nuevas querellas presentadas por Dávalos Bachelet se suman a una acción penal similar ya presentada en contra del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y tienen directa relación con las denuncias que hicieron dichas personas en el marco del Caso Caval, de la que Dávalos fue finalmente sobreseído.

Los querellados aseguran no estar preocupados. Así lo dijo el diputado Diego Paulsen, quien se mostró confiado frente a la querella, asegurando que no tiene problemas en comparecer ante la justicia. Por su parte la diputada Marcela Sabat fue más allá y  reiteró las denuncias hechas en su momento contra Dávalos. Está en su derecho para hacerlo, concluyó la parlamentaria de RN.

De acuerdo a lo señalado por el propio Dávalos, los querellados le imputaron delitos sin tener pruebas. Su abogado, Carlos Fierro, aseguró que se configuraba el delito de denuncia calumniosa y aclaró que los querellados arriesgan penas de hasta 3 años de presidio.

Lo que arriesgan los querellados

Desde luego en opinión de la Corte, en el actuar de Dávalos no hubo visos de la existencia de un delito concreto. A Dávalos Bachelet se le imputó por los ahora querellados el uso de información privilegiada, tráfico de influencias y estafa. Veamos. Uso de información privilegiada no existe de acuerdo al fallo exculpatorio, sobre todo si se toma en cuenta que los alcaldes de Machalí y Rancagua, pertenecían a la UDI, que el síndico que licitó los predios es Herman Chadwick (hijo), RN y que los antecedentes de la venta eran por concurso público, asociado a la quiebra.

Tráfico de influencias no existe para el máximo tribunal, pues Dávalos no era a ese momento funcionario público. Ser hijo de una persona reconocida socialmente no es delito, aunque usar esa preminencia en su favor sí que es abuso de confianza, en especial respecto de su madre y de la ciudadanía. La torpeza de hacer valer la condición que ostentaba (y no por méritos propios exactamente) en la reunión con Luksic, la debió al menos prever, pero seamos claros, delito, no es. Tampoco estafa de la que fue acusado Dávalos por quienes hoy deberán enfrentar la justicia por lo falaz de sus denuncias, de acuerdo a la querella.

Tal como Cambio21 desde un principio aseguró que el actuar de Dávalos Bachelet era una evidente imprudencia pero no un delito, hoy es posible aventurarse que los querellados, diputados, subsecretario y ministro del actual gobierno, deberán extremar sus explicaciones para responder por qué aseguraron que Dávalos había actuado dolosamente, lo que la Corte Suprema se encargó de desmentir.

La acusación o denuncia que hubiere sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada, señala el artículo 211 del Código Penal, será castigada con presidio menor en su grado máximo y multa de dieciséis a veinte unidades tributarias mensuales, cuando versare sobre un crimen, con presidio menor en su grado medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si fuere sobre simple delito, y con presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si se tratare de una falta.

Conforme al artículo 412 del Código Penal, es calumnia la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio. Que se pueda perseguir de oficio, significa que el Juez, puede ordenar la investigación sin necesidad de querella o denuncia de nadie, le bastará con saber él, de cualquier modo de la existencia del hecho constitutivo de delito.

Cuando la calumnia es propagada por escrito y con publicidad será castigada: 1º-Con las penas de reclusión menor en su grado medio y multa de once a veinte sueldos vitales, cuando se imputare un crimen. 2º- Con las de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez sueldos vitales, si se imputare un simple delito. El presidio menor en su grado máximo, es una pena que va desde tres años y un día a 5 años y que en su tramo mínimo va desde 1.096 días a 1.461 y en su tramo máximo desde 1.462 a 1.825 días.