El año que se fue, tuvimos 4 elecciones más la primaria presidencial y consultas por doquier. Existe claridad sobre el mandato ciudadano que emergió de los distintos eventos electorales: el país demanda cambios sociales y económicos con estabilidad política y respetando el marco institucional.

 

La tarea del 2022 es avanzar en esos cambios que nos saquen del estancamiento de los últimos años producto de la crisis social y la pandemia sanitaria que vivió el país.

 

El nuevo gobierno que sume el 11 de marzo tendrá una tarea compleja ya que no tiene mayoría en el Parlamento (su coalición Apruebo Dignidad tiene 24% de la Cámara y 10% del Senado), es un presidencialismo de minoría que está obligado a mover sus fronteras y construir fórmulas políticas que le permitan ser mayoría política, social y parlamentaria.

 

Mirando el nuevo Parlamento requiere construir un pacto parlamentario con la centroizquierda agrupada en PS, PPD, PL y DC e incluso pensar en construir una agenda reformista de mínimos sociales básicos que permitan -especialmente el primer año de gestión- cumplir con parte de las expectativas sociales.

 

Ese pacto parlamentario o construir relaciones de cooperación constructiva en el mundo de los actores políticos y sociales que han promovido una agenda de transformaciones requiere dialogar y negociar su programa original de gobierno y construir puentes y convergencias programáticas que le permitan avanzar en esos mínimos sociales.

 

Es urgente que Presidente electo avance en construir diálogos políticos que permitan edificar un país para todas y todos, no solo para los que ganaron en la segunda vuelta, la próxima élite gobernante -como la que colaborará y la que será oposición- debieran entender como lúcidamente lo plantea Ernesto Ottone en una columna dominical que “Todos deberían comprender que nuestra sociedad desea, a la vez, cambios, orden y convivencia democrática. No uno de ellos a cambio del otro”.

 

Se requiere realismo político en el Presidente electo para ir construyendo esta nueva mayoría política diversa que pueda converger en una agenda de cambios legislativos y en una agenda de prioridades sociales posibles de implementar en 2022, punto de convergencia que reúna a una mayoría significativa de la sociedad chilena.

 

Este diálogo no solo debe ser con los partidos políticos sino también con la sociedad civil que muestra una red potente de organizaciones y temáticas que requieren ser abordadas; pero debe ser escuchando a la pluralidad de este nuevo Chile que se expresó en 2021.

 

Ese diálogo político debe realizarse sin pausa, pero no buscando triunfos comunicacionales de corto plazo, como pareciera ocurrir en el debate sobre la Pensión Universal Garantizada. Las candidaturas progresistas propusieron una Pensión Básica Universal que fuera el piso mínimo en materia de pensiones y que complementará las miserables pensiones autofinanciadas que dan las AFP’s; pero lo sustantivo era que proponían una fórmula de financiamiento fiscal permanente porque la unían a una reforma tributaria gradual.

 

La actual administración propuso una pensión universal garantizada de $185.000, pero solo parcialmente esta financiada con ingresos fiscales nuevos ya que la eliminación de exenciones tributarias propuesta por Piñera solo recauda 0,35% del PIB y el resto del financiamiento proviene de ficticias holguras presupuestarias del año 2022 y futuro, lo que es cuestionado por diversos expertos que reclaman mayor responsabilidad fiscal.

 

También el presidente electo ha cuestionado la fórmula de financiamiento propuesto por actual administración y ha señalado que “es pan para hoy y hambre para mañana” ya que no tiene ingresos fiscales nuevos que financien el mayor gasto de 1% del PIB, lo cual además, es una importante señal de que su gobierno asumirá estos ejes de la responsabilidad fiscal.

 

Lo que corresponde es un diálogo político ahora para resolver este impasse, primero fusionando el proyecto de pensiones con el de financiamiento y que haya un acuerdo amplio de cambios tributarios que aumenten la recaudación fiscal (eliminación de nuevas exenciones, crear royalty minero, por ejemplo) para asegurar que los beneficios estarán financiados en el largo plazo.

 

La primera responsabilidad estará en la nueva élite gobernante que debe asumir con realismo político que debe dialogar, buscar puntos de encuentro, porque los gobiernos minoritarios en el Parlamento no han logrado sortear los bloqueos que se han generado producto de la falta de diálogo y flexibilidad para negociar.

 

Pareciera aconsejable que se asuma con realismo político que un triunfo en la segunda vuelta no resuelve las trabas y bloqueos que se generan en un Parlamento elegido en la primera vuelta presidencial y por tanto, la primera tarea realista del nuevo gobierno sea construir un pacto parlamentario con las fuerzas de la centro-izquierda que a lo menos le permita una situación de empate político con la derecha, objetivo político que no lo logrará con esta tesis de los primeros, segundos y terceros anillos; al contrario en Parlamento requiere un pacto parlamentario sólido -lo que no es fácil de construir como lo prueba la experiencia comparada-.

 

Ojalá que 2022 sea el año en que reiniciamos un camino de progreso, pero sustentado en el necesario realismo político.