A propósito del debate de las cifras, es claro que el presupuesto fiscal 2022 debiera preocupar a la opinión pública y en especial a las candidaturas presidenciales, ya que el gasto fiscal es un elemento clave del país más cuando este alcanzaría para el próximo año a cerca de US$ 80.000 millones.
Surge la inquietud de si este presupuesto 2022 puede empezar a hacerse cargo de “las heridas” que deja la administración Piñera como el déficit habitacional de 700.000 viviendas, de las largas listas no COVID no atendidas en estos 20 meses de pandemia, las miserables pensiones de las AFP’s, la brecha de conectividad digital que develó la cuarentena, el acceso de los pequeños agricultores a recursos para enfrentar la crisis hídrica entre otros problemas que vive este Chile.
Es preocupante que el presupuesto fiscal 2022 tenga una contracción del -22,5% en relación al gasto fiscal ejecutado proyectado para 2021. Este recorte del gasto fiscal para 2022 parece brusco considerando la necesidad de tener una mayor actividad económica para un año en que las proyecciones de crecimiento no superan el 2%.
O sea, estamos ad portas de “una desaceleración o frenazo” de la actividad y no parece prudente un recorte fiscal tan brusco, parece más razonable realizar un ajuste fiscal más gradual que sea compatible con la reactivación para 2022 y no lo propuesto por el Gobierno para 2022 que puede terminar siendo “un frenazo”.
El debate sobre la situación fiscal 2022 que se inicia en el Parlamento requiere escuchar a las candidaturas presidenciales para que la opinión pública sepa si comparten o cuestionan el frenazo que propone Hacienda.
Para 2022 se requiere un presupuesto reactivador, con más gasto de capital, pero en áreas en que este 2021 haya existido una adecuada ejecución presupuestaria. Es preocupante que en MOP -ministerio inversor más importante- a agosto 2021 los recursos FET en Vialidad, APR y DOH lleven apenas un 25% de ejecución y para 2022 estas líneas presupuestarias en FET crecen 20% y se mantengan estos serios problemas de ejecución.
Seria bueno para el país que ministro MOP le asegurara al país que se van a tomar las medidas para acelerar la ejecución de la inversión del FET-MOP de casi $1,2 billones, identificando los proyectos de inversión que se realizarán en APR, en Vialidad a lo menos. Acelerar la ejecución de la inversión pública trae efectos positivos como encadenamientos productivos que significan un estímulo anti cíclico frente a un sector privado que hará baja inversión en 2022.
En el caso de la inversión regional ($1,4 billones), es urgente que se genere una modalidad de mayor descentralización que entregue más responsabilidad a Gobernadores y CORES en la definición y ejecución de los planes de inversión regional, superando los actuales centralismos de DIPRES y SUBDERE que no debieran existir en un escenario de mayor descentralización financiera y fiscal.
Todos los gobernadores regionales han pedido modificaciones de las glosas centralistas que pretenden regular la inversión regional 2022 y el gobierno es renuente a transferir más decisiones a nivel regional. Si se quiere un presupuesto reactivador debiera apoyarse políticamente el grito de las regiones de mayor autonomía.
Tampoco parece sensato que este gobierno recorte recursos para programas sociales que son relevantes en 2022 como rebajar $10.000 millones el presupuesto en actividades culturales, tampoco parece una buena decisión que el programa de fortalecimiento de la educación pública se recorte en -23% para 2022, que caigan en -4,6% los recursos de los programas de seguridad ciudadana, que en CORFO el presupuesto caiga en -19,5% afectando así el apoyo al emprendimiento, que los recursos de la Subsecretaría de apoyo a las pequeñas empresas caiga en -7,1% entre otros recortes.
La educación pública, la Cultura, el apoyo a las pequeñas empresas, el apoyo a la innovación e investigación en las Universidades requiere más recursos para 2022 y no menos.
Además, el presupuesto 2022 será ejecutado por una administración elegida por la ciudadanía que tiene otras prioridades sociales y un Fondo de Libre Disposición de sólo US$ 700 millones no da las posibilidades para que nueva administración pueda implementar sus prioridades que está comprometiendo en esta corta carrera presidencial.
Debatir sobre como se asignarán los US$ 80.000 millones del presupuesto 2022 ayudaría a que la ciudadanía tome las mejores decisiones.