Foto: Pistolero dispara en barrio Meiggs este 1 de mayo

Estamos viviendo un peligroso recrudecimiento de la violencia en nuestra convivencia social.
La televisión y las redes sociales nos inundan con imágenes con estudiantes con “overol blanco” que actúan violentamente en las unidades educativas, que se añaden a diversas situaciones de violencia en las comunidades educativas que se conocieron al inicio del año escolar; hace semanas atrás vimos como bandas de narcos se enfrentaban a disparos a mediodía en una villa popular en Quilicura, que después se repiten en Caldera cerca de colegios; en Arauco una banda de decenas personas armadas realizan un ataque incendiario que reivindica Resistencia Mapuche Lavkenche.

Hace algunas semanas la Ministra del Interior no pudo ingresar a Temucuicui mostrando que hay ‘territorios autónomos´ donde no pueden ingresar autoridades políticas.

Lamentablemente este clima de violencia también llegó al ámbito de la política con las funas en la Convención Constitucional, el apedreo al Presidente de la República, los liderazgos anónimos -casi fascistoides- en redes sociales contra los 30 años por ejemplo, y en la incapacidad que muestran diversos actores políticos para tejer diálogos y acuerdos que permitan restablecer principios mínimos de gobernabilidad democrática en las instituciones políticas, donde pareciera seguir imperando las consignas descalificatorias y no el diálogo razonado que pueda conducir a caminos de solución a estos dilemas que está viviendo el país.

Debemos asumir que la gobernabilidad democrática requiere reconocer que las autoridades deben brindar seguridad a todas las familias y eso no ha estado ocurriendo en los últimos años ya sea por la violencia de los grupos Narcos como
también de grupos armados anti sistema que usan para sus reivindicaciones políticas métodos de violencia política.

Esa condena mayoritaria contra la violencia política y el apoyo mayoritario a las soluciones pacíficas de los conflictos políticos se ha ido perdiendo y hemos estado conviviendo con un fenómeno de mayor aceptación social a la violencia política por sobre los argumentos racionales, que tuvo una importante expresión en la validación o aceptación de las quemas de iglesias u otros locales y el saqueo como manifestación política legítima durante el denominado ‘estallido social’.

Por tanto, que hoy haya grupos políticos que respaldan los ataques incendiarios o las tomas violentas no nos debiera sorprender.

Es la hora que los sectores democráticos se unan para rechazar la violencia política, que nuevo Gobierno entienda que su responsabilidad como autoridad es restablecer el orden público, que el camino para solucionar los problemas que vive
la sociedad chilena no es por la vía de la violencia, sino por el camino del diálogo político e institucional.

En materia de seguridad en los barrios necesitamos que Subsecretario de Prevención del Delito presente un Plan de Acción para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en todo el país, que incluya un plan de desarme de armas,
intervención en zonas críticas, una efectiva coordinación policial, una redistribución de la dotación de Carabineros para las tareas operativas y el combate al lavado de dinero en los territorios como lo han señalado diversos parlamentarios en el debate público.

Ya hay suficientes diagnósticos, hay mapas de delito, pero se requiere avanzar en “la solucionática”, se requiere que nuevo gobierno muestre capacidad de gestión en los territorios para hacer funcionar los Consejos Comunales de Seguridad, para coordinar a policías con los municipios y las organizaciones sociales y trabajar para dar tranquilidad a las familias ante el recrudecimiento de los portonazos, de las balaceras, de los robos de autos y volver a recuperar la tranquilidad en los barrios, en las calles.

Similar derrotero se requiere en la educación pública, donde MINEDUC tiene que jugar un rol más activo en solucionar las demandas por mejor infraestructura de los colegios. Anunciar un Fondo de Infraestructura Escolar de $10.000 millones no
es suficiente ya que ese monto -con suerte- puede atender la recuperación de 10 colegios en materia de infraestructura educativa y en años anteriores fondos de infraestructura que eran 10 veces ese monto, en la práctica también fueron
insuficientes.

Este nuevo gobierno debe restablecer la normalidad del funcionamiento de la vida social en los colegios, en los barrios dominados por los narcos, en la macrozona sur o en zonas fronterizas, pero también requiere enfrentar soluciones reales a los problemas que se demandan y se visibilizan y lamentablemente, en estas primeras semanas las nuevas autoridades no han cumplido ninguna de los 2 líneas de trabajo, o sea no hay restablecimiento del orden público, ni tampoco
planes de acción serios, cuestión que es casi un ‘déja vu’ de la mala gestión presidencial anterior.

La rápida caída en la aprobación ciudadana del actual gobierno tiene 2 explicaciones: su mala gestión para enfrentar la crisis inflacionaria y el desborde de violencia en distintos aspectos de la vida social y la incapacidad del Ministerio
del Interior de brindar tranquilidad a la ciudadanía.

Si no se enfrenta esta debilidad política, la violencia cotidiana será el permanente talón de Aquiles del nuevo gobierno.