La sociedad chilena se debate entre avances y retrocesos, entre luces y sombras sin entrar en un camino continuo de perfeccionamientos democráticos y recuperación del desarrollo.

Este lunes se inaugura la extensión de la línea 3 del Metro a la populosa comuna de Quilicura, que beneficiará a más de 270 mil personas que ahí ya habitan. Es un proyecto de inversión pública relevante, porque fue anunciado durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet y se inaugura casi 9 años después del anuncio realizado en la plaza de Quilicura, esas políticas de Estado que implementa Metro son las inversiones públicas que mejoran sustantivamente la calidad de vida de miles de familias que hoy se demoran entre hora y media y 2 horas en llegar al centro o las comunas orientes donde estudian y trabajan y ahora llegarán entre 25 a 35 minutos.

Inversiones de largo plazo que implementa Metro durante sucesivos gobiernos debiera ser lo que debiera caracterizar al país, las políticas de Estado mejoran notablemente la calidad de vida y esta extensión de la línea 3 a Quilicura lo revela una vez más. Debe destacarse ese rol de Metro que en estos años fue dirigido por personas que miraron el largo plazo (Azócar, De Grange y Muñoz) como un activo de una empresa pública seria comprometida con proyectos que trascienden a los gobiernos de turno.

Pero estas inversiones de mediano plazo coexisten con la dura y triste realidad de lo ocurrido con los programas ejecutados por Democracia Viva, Pro Cultura y otras Fundaciones de operadores políticos ligados al frente amplismo que en estos 18 meses usaron esos recursos para “operaciones políticas de mayor control sobre poder local” usando y abusando de recursos públicos destinados a familias de escasos recursos.

Incluso el Ministro Montes en entrevista dominical señala que lo de Democracia Viva “es una operación típica de corrupción, aprovechar un espacio para tratar de armar un poder político”. Lo ocurrido en los GORES de Antofagasta, Bío Bío, Los Lagos, Araucanía donde se asignaron “a dedo” diversos proyectos de dudosa calidad -sin información a los CORES-, sin garantías también obligan a modificar las actuales regulaciones para asignar los recursos públicos de inversión y transferencias de capital.

El país espera que en la ley de presupuesto 2024 vengan una serie de modificaciones a las glosas que regulan dichos programas que garanticen que esos recursos públicos serán manejados con transparencia y concursabilidad, asignados a instituciones con expertice, fiscalizados por las Contralorías regionales y donde el país tenga la seguridad de que estas “operaciones típicas de corrupción” no se volverán a repetir.

El país también mira con preocupación que la ultraderecha en el Consejo Constitucional intenta imponer su mirada ideologizada y fanatizada donde la Constitución vuelve a ser un programa de Gobierno donde ahora se deroga el aborto por tres causales, se reduce el número de parlamentarios, donde se abre la puerta al financiamiento de las empresas a los partidos, donde se pone en crisis financiera a los municipios vulnerables que dependen del Fondo Común Municipal eliminado el impuesto territorial para la primera vivienda -medida que favorece al 20% de mayores ingresos del país- y perjudica al resto.

Como bien señala un articulista dominical con la imposición de las ideas de la ultraderecha en el Consejo Constitucional “el espacio público quedará pauperizado y jibarizado; la desigualdad, intensificada; la redistribución del poder, ninguneada; los desafíos del cambio climático, abandonados, y las perspectivas de una mejor convivencia entre chilenos y chilenas, rotas”.

 Eso es lo grave que está ocurriendo con este nuevo intento constitucional donde ahora el otro sector del país quiere imponer su programa por la vía constitucional aprovechando su ventaja que le dio las elecciones del 7M, agudizando la polarización y división del país.

Pareciera que es hora de evaluar en serio estar en contra de este nuevo texto fanatizado e ideologizado, por tanto, es mejor pensar quedarse con la Constitución del 2005 y que ella ser reformada con los nuevos quórums vigentes.

Hace ya más de una década que el país vive este decadencia y estancamiento que se expresa en una sociedad polarizada, altamente desconfiada de las instituciones democráticas y que tiene al país en una vía libre a la mediocridad.

Defender la convivencia democrática exige insistir que se requiere una Constitución que sea un marco de convivencia y que la definiciones programáticas se realicen por el juego democrático en las respectivas legislaturas. Pareciera que ese es el mejor camino.