La ciudadanía, en especial las familias vulnerables y las de ingresos medios y los mayores de 50 años se sienten desprotegidas frente a la inflación -especialmente con el alza de precios de alimentos y combustibles- y el avance de las bandas de delincuentes/narcos en los diversos barrios del país que han generado una atmósfera de miedo e inseguridad en la vida cotidiana.

Esa incapacidad de enfrentar estos problemas-país, explican la alta desaprobación del 61% del presidente Boric y la tan baja valoración que tiene su gabinete -apenas 19,4% aprueba la gestión del equipo de ministros-, según una encuesta. Existe la sensación de un gobierno desbordado por la delincuencia, incluso donde además, son asaltados el hogar de Ministra de Defensa, es secuestrado un guardia del presidente y las balaceras a plena luz del día entre narcos continúan y se acentúa la inseguridad en las regiones del sur.

La idea de un Acuerdo Político nacional para enfrentar la situación de inseguridad y violencia queda rápidamente bloqueado porque una parte importante de las fuerzas políticas o coalición del gobierno del Apruebo Dignidad no respaldan la propuesta de La Moneda de crear un estado de excepción “intermedio”, ni menos los planes de reforzar la vigilancia sea policial o con equipos de las Fuerzas Armadas bajo mando civil en aquellas zonas críticas como las carreteras para garantizar el normal funcionamiento del país.

Es muy preocupante que una parte de las fuerzas políticas del gobierno no les esté dando las herramientas para cumplir su tarea de ejercer la fuerza para tener una atmósfera social de tranquilidad y paz. El Estado no solo debe brindar bienes sociales básicos, sino también debe brindar seguridad y eso debe hacerlo este nuevo Gobierno.

Al no brindar seguridad el gobierno ha caído rápidamente en su aprobación, apenas lleva 2 meses de gestión y su desaprobación llega al 61% o sea se está quedando en el apoyo de su voto duro -o tal vez menos- que logró en la primera vuelta de noviembre. En ese escenario de débil apoyo político y social se anticipa entonces un complejo período para el país y para el gobierno.

No sólo han subido los alimentos y los combustibles, sino que ahora se anticipa un fuerte aumento de las tarifas de la electricidad -del orden del 45% para este segundo semestre-.

El mecanismo creado por administración Piñera para contener alzas de la ley 21.185 fracasó y se avecinan nuevas alzas de la electricidad. El gobierno debiera actuar con rapidez enviando un proyecto de ley que cree un Fondo de estabilización 2 que detenga esa alza tarifaria, especialmente para las familias de bajos consumos -hasta 300 KWH- y así evitar una nueva alza que le pegue a las alicaídas arcas de las familias vulnerables y de clase media.

Ese Fondo de Estabilización 2 debiera tener un financiamiento mixto. Con aportes fiscales y con aportes de los clientes de mayores consumos mensuales (superiores a 350 KWH) y que son familias de mayores ingresos. En este mercado se requieren aportes fiscales para contener las alzas, ya sea aportando al Fondo o creando un subsidio fiscal para absorber el pago parcial de las cuentas de electricidad. Ya en el agua potable hay 750.000 familias que reciben subsidios para pagar las cuentas del agua potable y aquí en el mercado eléctrico no hay subsidios fiscales para ayudar a familias carenciadas y vulnerables.

Lamentablemente el actual Gobierno propone un Fondo de Estabilización 2 con aporte de las familias consumidoras y administrado por el Coordinador Eléctrico Nacional; o sea hace descansar en las familias el financiamiento de un fondo con aportes de los consumidores que sólo suaviza el alza tarifaria, ya que los hogares de menores consumos no tendrán alzas este segundo semestre, pero en 2023 tendrán un alza tarifaria del IPC más 5%.

No parece muy razonable políticamente que se financie la suavización de estas alzas con más endeudamiento familiar, como tampoco que el congelamiento tarifario del transporte público no se implemente en regiones y territorios con transporte público no regulado lo que contradice el anuncio presidencial de que congelamiento era para todo Chile.

Contener o amortiguar “la segunda vuelta” de la espiral inflacionaria en electricidad y en transporte público resulta ser una política de equidad social y lamentablemente Gobierno no lo está realizando.

En materia de calidad de vida, las familias vulnerables y de ingresos medios no sólo están viviendo la inseguridad y el miedo, sino también una alza inflacionaria que está generando un escenario de estrecheces que les hace difícil llegar a fin de mes.

Se viene un complejo invierno...