El Covid19 ahora generó una recesión económica mundial que traerá una fuerte crisis social por la desprotección de los trabajadores que deberán vivir el desempleo y menores ingresos.

El Banco Central ya alertó sobre una fuerte caída del PIB para el 2º trimestre del año y que otros analistas extienden al tercer trimestre producto de la casi paralización de la actividad productiva interna, como de la extensión de la recesión en economías como Europa y Estados Unidos, que junto a China- son el principal destino de nuestras exportaciones.

Muchas empresas, especialmente Pymes, están al borde de la quiebra y requieren que se estructure un potente sistema de garantías fiscales para que puedan acceder a créditos con bajas tasas.

Hasta hoy las bajas tasas del Central -solo 0,5%-no la reciben las empresas pymes, a través del Banco Estado, ni tampoco los emprendedores que financian sus proyectos con créditos personales que siguen pagando tasas superiores al 20% anual.

Salvar el aparato productivo del impacto de esta recesión covid19 mediante garantías y otros mecanismos audaces -por ende, miles de empleos-, es urgente y el plan del Gobierno es tímido y débil como se le critica transversalmente. Si se multiplican las quiebras es muy difícil la recuperación post crisis y se debe ayudar a hibernar al sistema productivo con nuevas políticas fiscales que lamentablemente el conservadurismo de Piñera/Briones no están impulsando.

También es precario el plan de protección a los trabajadores.
Los 2,7 millones de trabajadores independientes como taxistas, feriantes, personal de servicio a las empresas que boletean vía honorarios no han recibido ningún apoyo económico y ellos hoy viven el drama de seguir trabajando exponiéndose al contagio porque no tienen apoyo social.

Hay 4,3 millones de trabajadores afiliados al seguro de cesantía que en caso de suspensión de la relación laboral podrán acceder a prestaciones del Seguro –usando su cuenta individual- con una tasa de reemplazo del 57% para los tres primeros meses y del 70% para los trabajadores de ingresos inferiores a $500.000 mensuales.

Pero el acceso tiene trabas burocráticas, ya sea porque proceso lo debe gatillar el empleador –que muchas veces no lo conoce- o porque es mala la atención de la AFC, como lo han probado las largas filas y aglomeraciones de los últimos días de trabajadores despedidos reclamando su seguro en sus oficinas.

El bono COVID19 de $50.000 se pagará por una sola vez –dentro de los próximos 90 días dice la ley- a los perceptores del Subsidio Unico Familiar y su cobertura alcanza a 1,5 millones de familias vulnerables lo que es absolutamente insuficiente. Y hay miles de pensionados que deben sobrevivir con sus miserables pensiones sin aportes extra.

Hay un 1/3 de los trabajadores que no está recibiendo ningún apoyo lo que debe remediarse a la brevedad, así como el acceso a créditos para salvar a miles de empresas de la posible quiebra. Espacio fiscal para implementar políticas de protección más potentes, lo que falta es voluntad política.

Ya ha quedado claro que de los US$ 11.750 millones del plan 1.0, sólo significan US$ 4.000 millones de gasto efectivo en la economía. Un plan que fiscalmente gasta 1,5% del PIB es una burla para las miles de familias chilenas que deben empezar a sufrir la falta de ingresos y donde para otras se opta por el esquema de usar los ahorros de la cuenta individual de cesantía y cuando esta se agote operara el Fondo Solidario de Cesantía.

La crisis requiere más protagonismo del Estado. El Banco Central debe tener más herramientas para enfrentar estas crisis económicas, por lo que se hace necesario tramitar las reformas constitucionales al artículo 109 de la CPE que presentaron los senadores Pizarro y Montes.

Ante una crisis profunda –con fuertes caídas del PIB interno- se requieren medidas excepcionales, más gasto fiscal, más endeudamiento si es necesario, usar parte del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
Chile ha sido responsable fiscalmente y ha ahorrado para momentos críticos y esta es la hora de la solidaridad.

El conservadurismo derechista se equivoca al creer que esta crisis la resuelve el mercado, se necesita de manera urgente un potente plan fiscal de verdad para zafar de la crisis y permitir una recuperación razonable de la actividad económica para 2021.