Se terminó el gobierno de la Presidenta Bachelet que quedará marcado como un período de importantes reformas sociales destinadas a nivelar la cancha de las oportunidades de progreso y se inicia una administración derechista donde aún subsiste la incógnita de si será un gobierno contra reformista o no.

 

Chile hoy no es un país destruido ni en caos por las reformas como majaderamente insistieron los empresarios y la derecha. La economía se recupera producto del mejor precio del cobre en los mercados externos, quedando atrás los años de bajo crecimiento asociado a la caída de los commodities, hoy nadie en el país discute que este 2018 la economía crecerá entre 3,5% y 4% siguiendo el ciclo positivo del cobre.

 

Pero el gobierno tiene más recursos fiscales permanentes producto de la reforma tributaria del 2014 que permitió elevar la recaudación fiscal en 3% del PIB con un mayor pago de impuestos de las rentas del capital y que aporta el 1% más rico del país. Fue una reforma tributaria progresiva o sea concentrada en las rentas de los más poderosos del país, que naturalmente nunca perdonaron una Reforma Tributaria que hiciera pagar de verdad impuestos a las grandes empresas y sus propietarios.

 

Esa mayor recaudación fiscal permitió financiar una serie de reformas y beneficios sociales que tendrán impacto gradual en tener un Chile mejor y más solidario. Por ejemplo se legisló un aporte familiar permanente en marzo de cada año a las familias que tienen hijos/as por los cuales reciben asignación y subsidio familiar; se amplió sustantivamente los cupos en la educación inicial tanto en jardines como salas cunas, se entrega un computador en 7º básico a todos los alumnos de colegios municipales y particular subvencionado, se eliminó el co-pago de las familias en la educación particular subvencionada y municipal, se legisló para dar gratuidad y calidad a los jóvenes del 60% de familias más vulnerables, para que ellos/as pudieran estudiar gratuitamente en la educación superior, terminando así con la mochila familiar de tener que pagar una matrículas y aranceles en las instituciones de educación superior, se edificaron cerca de 20 nuevos hospitales públicos, como se mejoró la infraestructura de la salud primaria y así pueden seguir enumerando beneficios sociales que se lograron otorgar a las familias de clase media y vulnerables gracias a los recursos de la Reforma Tributaria del 2014.

 

El empresariado descalificó esa reforma porque debe pagar más impuestos, pero el gobierno producto de su poca eficiente gestión comunicacional no logró explicar que los avances sociales requieren responsabilidad fiscal y que ello significa que deben estar financiados con mayor carga impositiva de los que más tienen.

 

Esa reforma tributaria le permitió mayor recaudación fiscal, lo que se tradujo en financiar nuevos beneficios sociales y en eso la gestión de Michelle Bachelet logró un avance social sustantivo y debiera reflejarse en el inicio de una senda de mayor inclusión y justicia social.

 

 Por esa razón preocupa que el Gobierno del Presidente Piñera anuncie un proyecto de simplificación tributaria que trae aparejado una rebaja de tributo al 1% más rico y por tanto, habrá una menor recaudación fiscal lo que significará que  beneficios sociales conquistados en este período  carecerán de financiamiento fiscal permanente.

 

El ideologismo conservador que se instala siempre buscará debilitar el rol de producción de equidad de las políticas públicas y apostará a que la inversión empresarial –la compasión social- juegue ese rol; por ello, coloca al Presidente de la principal agrupación empresarial como Ministro de Desarrollo Social apostando a que sea el empresariado quién aporte –vía incentivos tributarios- recursos para darle continuidad a esas políticas sociales.

 

Los distintos actores de la centroizquierda debieran defender la responsabilidad fiscal que es amenazada por la rebaja de la carga impositiva y en especial, defender los avances sociales que se verán amenazados por esas iniciativas regresivas del nuevo Gobierno.

 

Chile debe seguir luchando contra las desigualdades sociales y eso requiere más recursos fiscales -no menos- deben provenir de los sectores sociales más pudientes, los que deben pagar más impuestos y no menos.