Hace una semana el presidente Piñera describió su visión del Chile actual diciendo que "nuestro país es un verdadero oasis"; en eso reveló su más absoluta falta de empatía con los dramas que viven la mayoría de las familias chilenas.

Piñera -en estos 20 meses de su gobierno- no fue capaz de identificar el malestar social que el mismo generó con su promesa incumplida de “los tiempos mejores”; ya que hoy el crecimiento económico 2019 va en 2,2% mientras que en enero prometió un crecimiento de 4%.

Adicionalmente se generó un espiral de alzas tarifarias en metro, luz, bencina etc. que afectó principalmente a los grupos medios que ven que su expectativa de acceder a la sociedad de consumo se posterga y no se concretiza. A pesar de sus esfuerzos y ganas las familias de clase media no mejoran ni su calidad de vida ni el acceso a más consumo y aumenta su endeudamiento.

Ese malestar social generó una serie de movilizaciones sociales que partió con los estudiantes, pero el fin de semana sumó a familias tanto de comunas populares como también en comunas de altos y medianos ingresos como Las Condes y Ñuñoa.

Esa transversalidad social del malestar no es leída por el Gobierno, quién decidió descalificar el movimiento como expresión de “una minoría anarquista con lumpen y delincuentes” y decidió aplicar la vieja e ineficaz receta del orden declarando el Estado de excepción constitucional, colocar a los militares a cargo del orden público y definir toques de queda para cinco regiones del país.

Este movimiento no es sólo por el alza tarifaria del Metro es la expresión de un malestar social por el tipo de sociedad desigual y abusiva que se ha construido en los últimos 30 años, donde el 50% de los asalariados ganan menos de $400.000, donde 2,0 millones de pensionados de las AFP’s tienen pensiones miserables, especialmente las mujeres donde la mediana es $110.000 mensuales o sea 50% de las mujeres pensionadas de las AFP’s reciben esa miserable pensión. También hay molestia porque el Gobierno decide rebajarle a 25.000 súper ricos su tasa impositiva en 9,45% mediante la reintegración tributaria.

A este cuadro de malas políticas debe agregarse la desidia y tozudez de varios ministros como Hutt en Transporte que se negó a revisar la tarifa del metro, Fontaine/Economía que sugirió que la solución era que los trabajadores se levantaran más temprano para acceder a una tarifa más baja.

El gobierno de Piñera mediante sus políticas aumentó las desigualdades sociales y se alejó de sus promesas de campaña que explican su deterioro de credibilidad en la opinión pública.

En noviembre la tarifa de la luz subirá 9,2% pero gobierno se niega a activar un subsidio transitorio para las familias más vulnerables a pesar de que Senado le rechazó el presupuesto de la Subsecretaría de Energía como señal para que revisará su negativa.

Ante la crisis social, el Gobierno ha insistido en su lógica de que este malestar social es producto de una minoría de delincuentes y por tanto, su rol es defender a esa mayoría silenciosa que quiere que se restablezca el orden público. Si la oposición cae en ese juego de que lo prioritario es el orden público y no implementar una potente agenda de reformas sociales que apunte a morigerar las actuales desigualdades estaría cometiendo un fuerte error estratégico.

Las elites políticas deben asumir que parte del malestar social está dirigido también hacia su rol de no avanzar en crear un real sistema de protección social que atenúe las desigualdades; por ello, deben ser activos en la tarea de promover una agenda efectiva de cambios sociales que aborden los problemas en pensiones, salud pública, calidad de la educación, modificación de la regulación tarifaria de los servicios básicos, más recaudación tributaria proveniente de las personas de más ingresos ya que una nueva política de protección social requiere más recursos fiscales para su adecuado financiamiento.

La derecha ha sido desbordada por el malestar social, ha sido incapaz de verlo y tampoco tiene respuestas que restablezcan la paz social, lo que anticipa su debacle electoral para 2020 y 2021.

Pero el malestar puede extenderse al resto del sistema político si no hay reformas.