La autocomplacencia es una mala señal de quienes están en el poder; lo decimos porque el presidente Piñera se puso “un seis para arriba” como evaluación de su gestión en este primer año de gobierno.

 

Muy distante de lo que piensan los ciudadanos –que en diversas encuestas, incluida la CEP - revelan que la aprobación a su gestión (o sea los que le pondrían un seis para arriba) son apenas un 37% de la población.

 

Pareciera que la autoridad máxima del país no es capaz de asumir el incumplimiento de su principal promesa de campaña que fue “más empleo, mejores salarios y más seguridad”; el desempleo sigue alto en 7,1% -apareciendo nuevos signos en el mercado de despidos y rebajas salariales para el 2019-;  los salarios siguen estancados y prefiere quedarse con los indicadores del Ministro de Economía que destaca los viajes y el consumo de los grupos sociales altos.

 

En materia de seguridad no ha logrado cumplir su promesa ahora agudizado por la crisis de Carabineros que no está presente en la lucha contra el narcotráfico en las villas populares de la Región Metropolitana producto de la parálisis institucional que ha significado el asesinato de Camilo Catrillanca, síntoma de una crisis institucional nunca vista en la República.

 

Estamos frente a una institución que estructuralmente ha instalado la mentira y la corrupción en su quehacer que se refleja en los últimos años en el fraude de $28.300 millones del Pacogate, en la Operación Huracán donde se detectó una red de mentiras y pruebas falsas dirigida por el General encargado de la Inteligencia y en el asesinato de Catrillanca se ha logrado detectar la mentira institucionalizada de los suboficiales del GOPE, de los oficiales a cargo que no reportaban a su director General que quedó completamente desacreditado ante la opinión pública y frente a la autoridad presidencial.

 

Esta situación no partió en los últimos años, se arrastra desde los tiempos de la dictadura militar donde las instituciones armadas y policiales tuvieron el poder político sin ningún contrapeso y en la transición democrática está aún pendiente la subordinación de ellas al poder civil y democrático.

 

Para mejorar el rol de esas instituciones debe haber controles civiles y democráticos de su quehacer institucional. El video del asesinato de Catrillanca revela un grupo de policías sin consciencia de su sometimiento a la ley y a las instituciones judiciales, sus posteriores mentiras a sus oficiales directos y al país revelan una aguda crisis institucional que debe ser remediada con una Reforma institucional que modifique la gobernanza de Carabineros donde se establezcan los controles del Gobierno, el Congreso y la Comunidad a nivel de los territorios.

 

Lo mismo debe realizarse para las Fuerzas Armadas modificando el mecanismo de compra de su equipamiento que hoy realiza sin ningún tipo de control civil que han originado graves situaciones de corrupción. Las compras de equipamiento militar y policial deben estar en manos de una agencia civil, con profesionales del Ministerio de Defensa, que esté sometida a la fiscalización del Congreso y de la Contraloría que evite la corrupción institucionalizada en las compras públicas de las Fuerzas  Armadas y Carabineros.

 

Adicionalmente el Gobierno ha manejado mal otras crisis como fue el conflicto con los trabajadores portuarios eventuales de Valparaíso se alargó por 35 días y cuya culminación terminó con un arreglo donde el concesionario privado –grupo Von Appen- termina siendo subsidiado con recursos fiscales, ya que parte del compromiso con los trabajadores será financiado con recursos fiscales del SENCE, mientras el concesionario privado no sufre merma en sus utilidades y se mantiene la precariedad laboral de contratar por turnos diarios en el trabajo portuario, práctica laboral que han desestimado el resto de los puertos generando un funcionamiento más estable en una actividad que es clave para el sector exportador de la economía.

 

Resulta, a lo menos, curioso que la autoevaluación del gobierno sea tan autocomplaciente y no sea capaz de leer las señales de molestia ciudadana porque el exitismo económico del Gobierno no le ha llegado –ni le llegará el 2019 donde la economía crecerá menos- y los grupos medios y las familias vulnerables seguirán esperando que lleguen los tiempos mejores prometidos en la campaña presidencial del 2017.