Pasó otra semana más en que la ciudadanía debió sufrir los efectos negativos en su calidad de vida de una mala gestión del Gobierno. Eso la opinión pública ya lo tiene internalizado -sólo 24% aprueba gestión del gabinete de Piñera- y lo ocurrido en Osorno donde el gobierno es incapaz de utilizar las herramientas de gestión para exigirle a ESSAL que resuelva el suministro de agua potable a 200.000 personas de la provincia de Osorno, es otra prueba de esa mediocridad.

El corte del suministro de agua potable genera un trastorno en la vida de las personas y ESSAL reveló incapacidad para resolverlo; pero también el Gobierno –vía Intendente Jurgensen, el ministro del Ministerio de Obras Públicas, el Superintendente de Servicios Sanitarios- ejemplificaron la mediocridad gubernamental para calibrar la situación inicial y colocando al gobierno de “vocero” de una empresa que no tenía estándares de servicios que alargó el corte de agua desatando la molestia y rabia no sólo de los osorninos sino del país.

Los servicios básicos en una sociedad deben ser provistos por entes responsables, si no cumplen ese estándar de servicio oportuno el Estado debe tener las herramientas legales y la voluntad política de caducar esa concesión. Estamos frente a un gobierno que no tiene la voluntad política de caducar la concesión-que ya se hizo en otras regiones anteriormente- y sólo se contentará con aplicar suaves multas a una empresa como ESSAL ligada a Aguas Andinas que se acostumbró a pagar multas bajas pero que no afectan sus altas rentabilidades aseguradas por ley.

Es hora que el país revise a la baja las rentabilidades aseguradas en servicios básicos como la distribución eléctrica y también en el agua potable que dan millonarias utilidades a las empresas que dan servicios caros y malos a la ciudadanía como lo revela ESSAL en Osorno.

La opinión pública progresista debe ser más exigente que antaño, especialmente reclamando la caducidad de las concesiones cuando haya manifiesta negligencia –como lo ocurrido en Osorno- y también revisando la legislación para rebajar las rentabilidades anuales fijas en este sector.   Hay que mejorar las regulaciones en el sector sanitario estableciendo reales facultades de fiscalización a los organismos encargados, con multas y causales de revocación de las concesiones que disuadan los incumplimientos; como así también evitando la puerta giratoria de ex autoridades sectoriales que terminan ocupando sillones en los directorios de las empresas sanitarias.

Esta mala gestión también se observa en Educación donde la ministra Cubillos expresa que en la implementación del sistema de Admisión Escolar en la Región Metropolitana “se harán evidentes las fallas” y pareciera anunciarnos una situación crítica en que ella es “una espectadora” más cuando es la responsable legal de implementar adecuadamente la ley del SAE. La ministra tiene por misión cumplir las leyes y con su entrevista de prensa ella le notifica al país que no hará esa labor, sino que se dedicará a que falle la implementación del SAE buscando así sumar más desconfianza en la educación pública.

El conflicto docente se alargó innecesariamente por la incapacidad de diálogo de la Ministra Cubillos, los recursos para la educación pública aún Mineduc no los transfiere a los colegios (US$ 645 millones este 2019).

Mineduc perdió el foco.