El gobierno de Sebastián Piñera no ha mostrado una gestión de excelencia en estas tres primeras semanas. Nombró a 26 seremis en distintas regiones del país que no reunían los requisitos académicos y de experiencia laboral que fijó la nueva ley de Alta Dirección Pública, revelando una improvisación casi amateur.

 

Da un señal muy preocupante en materia de tributos ya que por la vía administrativa rebaja en 3% la tasa de contribuciones que deben pagar anualmente los propietarios de las viviendas, perjudicando a los municipios que son los beneficiarios de esos mayores ingresos. ¿Esto quiere decir que insistirá en rebajar impuestos a las grandes empresas -vía reintegración del sistema y rebaja de tasa corporativa de 27% a 25%, que significa una merma de recaudación fiscal de US$ 2.000 millones anuales- y lo compensará con medidas regresivas como sería aumentar el impuesto al consumo como es el IVA que lo pagan la clase media y sectores vulnerables?. Eso sería una grave regresión social.

 

Consistente con esta prioridad en la cota mil, crea en economía un oficina de grandes proyectos tendientes a facilitarles la evaluación ambiental a los grandes inversionistas. El shock de inversión prometido -hablan de US$ 74.000 millones en proyectos de inversión- significará “presionar” a los servicios públicos comprometidos en la evaluación medioambiental de los proyectos de inversión -mediante esta oficina- para que rebajen estándares ambientales y mecanismos de protección a las comunidades que se requieren como exigencias básicas a los proyectos de inversión.

 

Parece que todo puede esperarse de un gobierno de derecha que pareciera viene a favorecer a los deciles más ricos, a las familias de la cota mil y no a las mayorías sociales como corresponde a un buen sistema democrático.

 

Coadyuvante a esta tarea administrativa de favorecer a los más ricos, nuevamente la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional hace su aporte a esta ideología de mercado; ya que declara “inconstitucional” el artículo 63 y el 18 transitorio del nuevo proyecto de ley de educación superior que era parte del marco regulatorio para evitar que las Universidades y en este caso sus controladores mayoritarios “aguas arriba” tuvieran fines de lucro.

 

Al permitir una ventana en el marco regulatorio -que controladores de aguas arriba tengan fines de lucro- genera un mecanismo que distorsionará la función universitaria que es formar profesionales y producir conocimiento para el desarrollo de la sociedad; por eso, es unánime la opinión de rectores de Universidades Públicas y Privadas que este fallo del Tribunal Constitucional es “gravemente erróneo” y que sigue dejando la puerta abierta al lucro, cuestión que es rechazado por la mayoría de los actores sociales y políticos del país.

 

El país en estos últimos años se pronunció contra el lucro en la educación, tanto a nivel escolar como en la educación superior; ha rechazado las malas prácticas de controladores que utilizaban “resquicios”-como inmobiliarias, compra de cursos, capacitación de ejecutivos y docentes- para lucrar.

 

La nueva legislación crea una Superintendencia de Educación Superior y este marco regulatorio debilitado por el fallo del Tribunal Constitucional; por tanto, la oposición debiera exigir al Ministerio de Educación rápida y eficiente implementación de la nueva institucionalidad regulatoria y reponer una legislación ad hoc que evite el lucro en las instituciones de la educación superior; en especial, en aquellas ligadas a grupos económicos nacionales e internacionales -como grupo Laureate que reporta en Estados Unidos ganancias millonarias de sus universidades chilenas que provienen de los altos aranceles que les cobran a sus estudiantes de grupos medios y vulnerables-.

 

Chile hizo una opción por una educación de calidad y equitativa, es decir que favoreciera a todas las capas sociales, para ello eliminó el lucro en las instituciones educativas y este fallo es un retroceso que daña ese transitar social. Es esperable que los actores sociales se movilicen en contra de este fallo que permite el lucro y que ha tenido un gobierno de derecha bajándole el perfil a la gravedad del fallo, en especial las autoridades del Ministerio de Educación (MINEDUC).