Toda la ciudadanía ya sabe que tenemos un Presidente de la República que gobierna mirando las encuestas; cuestión que le resultó exitoso en la campaña presidencial del 2017 y en especial, en la segunda vuelta donde hizo una multiplicidad de promesas para los distintos nichos electorales.

 

Pero instalado ya en el poder ese método debe ir acompañado con mucha eficiencia en la gestión para cumplir las altas expectativas que esa ciudadanía se generó escuchando el listado de 745 promesas presidenciales. Ya con seis meses de gobierno esas altas expectativas le están pasando la cuenta a Piñera y a su Gabinete (a los cinco meses hizo su primer cambio de gabinete y la desaprobación sólo ha aumentado) hay una ciudadanía –en especial la nueva clase media que quiere ver las promesas cumplidas ahora y éstas se ven muy distantes-.

 

En marzo con la instalación del nuevo gobierno y la reiteración de su discurso de “una nueva transición al desarrollo” que Chile “crecerá con empleos de calidad y mejores sueldos” generó inicialmente alto apoyo ciudadano, el optimismo sobre el futuro inmediato, que se retomaba la senda de progreso alcanzaba a casi dos tercios de los encuestados.

 

Hoy a seis meses de gobierno, la evaluación ciudadana es dura -tomando la encuesta “regalona” de la Moneda como es Cadem-: la desaprobación a la gestión presidencial llega a 44%, al equipo de ministros tiene un alto nivel de rechazo -45% de desaprobación y sólo 32% de aprobación-; los que creían que Chile recuperaba el progreso perdido que en marzo era 55% hoy cae a 37%.

 

Este dato es consistente con otras encuestas como Adimark, Criteria Research; y la mayoría de los analistas coinciden que esta caída de la aprobación del gobierno está ligada al incumplimiento de las promesas de campaña: no hay empleos de calidad –al contrario el desempleo sube más que el 2017-, incluso en regiones con alto desempleo hay enormes retrasos en la ejecución de la inversión pública regional vía FNDR como Atacama, donde la ejecución es inferior al 2017 en -37%; en la región más pobre como la Araucanía el retraso es similar -37% que el año pasado; no hay mejores sueldos al contrario están estancados –según el INE -0,1% real en 12 meses, desciende el consumo y se mantienen las altas cifras de delincuencia y narcotráfico en los distintos barrios de la Región Metropolitana y en otras regiones del país.

 

Muchos anuncios, fuerte parafernalia comunicacional en la televisión y en redes sociales, pero casi nada de concreción que mejore la vida cotidiana o se note en los bolsillos. Y esas fallas en gestión empezaron a generarle problemas estructurales al gobierno de Piñera: por ejemplo, anuncia una reforma como es “la modernización tributaria” que simplificaría la vida a las PYMES que las convertirá en “motor de creación de empleos” como repiten los voceros gubernamentales, pero las encuestas le traen malas noticias al Gobierno.

 

La desaprobación al proyecto tributario del gobierno sube de 26% a 34% y el apoyo cae de 40% a 35%; quienes creen en el discurso gubernamental que es una reforma pro Pyme es sólo el 9% de la ciudadanía, pero el discurso crítico de la oposición que es una iniciativa regresiva que sólo favorece a las grandes empresas coincide con la opinión del 56% de la ciudadanía. Otra vez el problema de la credibilidad de un gabinete que es ampliamente cuestionado por la ciudadanía.

 

Para mostrar avances en delincuencia lanza un discutido y cuestionable proyecto de ley como es el denominado Aula Segura donde califica a estudiantes como violentistas y trata de instalar la idea que los Directores de colegio no tuvieran la herramienta de expulsar a quién altera los derechos de la comunidad educativa, cuestión que ya se legisló en la ley de inclusión escolar del 2015. Erradicar la violencia de la vida escolar no es un problema que se resolverá con nuevas leyes o más duras sino requerirá un enfoque educativo que permita crear climas favorables en los colegios y liceos a esas medidas.