No ha comenzado bien este año. Llega el Papa Francisco y la conclusión de su visita es que en la Iglesia actual no se protege a los que fueron abusados sexualmente por clérigos y son ellos los que deben demostrar que sufrieron tal tormento. Incluso la máxima autoridad eclesial no escucha a la comunidad de Osorno y prefiere respaldar al Obispo de esa ciudad que ha sido acusado de encubridor de los responsables.

 

Parece el mundo al revés en la Iglesia; donde las víctimas deben sufrir la falta de protección, que en el pasado fue refugio de perseguidos, defensora de los Derechos Humanos de los desvalidos y hoy no lo es. Por esa razón un influyente Obispo de Estados Unidos señaló  que comprendía que esta actitud “fuera una fuente de gran dolor para los sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero o cualquier otro autor”.

 

Los “dichos” y gestos del Papa -pidiendo pruebas a las víctimas- duelen, porque reviven historias comunes de daño a las personas y reviven ese pasado de abusos e impunidad.

 

En la misma semana hemos conocido de la renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y  Pablo Norambuena destacados fiscales que investigaron los casos Penta, Soquimich y descubrieron las irregularidades en materia de financiamiento de la política- quienes no aceptaron los acuerdos tendientes a generar una sensación de impunidad en relación a la causa del senador Iván Moreira quién llegó a un acuerdo con la Fiscalía por $ 35,0 millones que lo exime de responsabilidad ante la justicia.

 

Razón tienen los opinólogos cuando califican esto como “una mala señal”. Ellos dieron una dura batalla investigando a los poderosos y su corrupción, “hicieron confiar a muchos que era posible hacer Justicia. Hoy no les queda más que renunciar: ganan los corruptos”.

Es lamentable que se instale esta sensación en la sociedad de que quienes deben abandonar la pega son los corajudos, valientes y que se atreven a buscar la verdad y finalmente quién gana es la opacidad y el intento de ocultar la verdad.

 

Y ya para agravar más esa sensación de que “los malos van ganando el juego” aparece la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Sernac donde la mayoría conservadora cercena declara inconstitucional las facultades sancionatorias, fiscalizadoras y normativas que el Parlamento democrático -en sus dos cámaras- había aprobado con importantes mayorías; o sea seis miembros del Tribunal Constitucional revierten y dejan sin efecto la decisión democrática de diputados y senadores.

 

Hay una señal política gravísima del TC en desmedro de la institucionalidad democrática, pero más en contra de los derechos de los consumidores, que es observada por el voto de minoría.

 

Mientras los consumidores sufren este retroceso, ya que no habrán sanciones contra las empresas que abusan, por su parte, el empresariado vía Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su satisfacción por este fallo, que según ellos restablecería “el equilibrio entre consumidores y proveedores que el proyecto de ley alteraba”. Resulta inaudito que el empresariado-avalado por fallo del TC- siga insistiendo que la relación consumidores/proveedores es “equilibrada” y que no se requiere un órgano público como el nuevo Sernac que sancione y fiscalice.

 

Claramente el fallo de mayoría del TC adopta un criterio de verdadera aversión a la protección de los derechos de los consumidores y también sobre la existencia de una política pública que proteja a los débiles –sancionando las malas prácticas de proveedores-.

 

Así la mayoría conservadora del TC borra un avance democrático, frustra a la mayoría de la población y hace retroceder al derecho administrativo al siglo pasado porque le quita esa potestad sancionatoria que se instaló transversalmente en diversos órganos públicos -Superintendencias, Dirección del Trabajo, SII etc. con el afán de proteger y garantizar el derecho a las personas.

 

Estas tres señales políticas van en una compleja dirección de desproteger a la sociedad: no hay protección al derecho de los consumidores, los abusados sexualmente deben ellos demostrar las pruebas y los investigadores probos del Ministerio Público terminan renunciando.

 

Pareciera ser cada día más verdad lo que denunció la pastora Nelly León “en Chile sólo se encarcela la pobreza” y debiéramos agregar, que sigue vigente la protección a los poderosos.     

 

En estos años hemos corrido el cerco hacia mayor equidad y justicia social pero parece que vienen malos tiempos.