Un sacerdote que vive en esas comunas populares habló que se ha ido instalando “una narcocultura”, que “se impone el reinado del terror, que estigmatiza y hace desaparecer a las comunidades”.

 

En diversas comunas populares como San Ramón, Quilicura, La Pintana, La Granja se extiende esta “narcocultura” expresada en balaceras en los barrios, muertos en discotheque que son reductos de reunión de narcotraficantes donde jóvenes drogados disparan de diestra a siniestra, reportajes televisivos nos hablan de narcos casi codirigiendo municipios, familias que viven atemorizadas y encerradas en barrios donde los narcos la llevan y otras situaciones críticas que -no sólo ocurren en seriales de Netflix- sino que son parte de la vida cotidiana de los barrios en el mundo popular.

 

Los portonazos, robos a cajeros están ligados a jóvenes o “soldados de la droga” y por tanto, las autoridades y el mundo político deben enfrentar estas situaciones que revelan el alto nivel de inseguridad en que viven las familias en las comunas populares.

 

Las soluciones tradicionales de mayor contingente policial en esos barrios han fracasado. Combatir a esta nueva delincuencia no pasa por tener más carabineros, en especial en esta etapa en que las instituciones policiales están perdiendo la confianza ciudadana producto de las situaciones de corrupción en que están envueltas.

 

Hay que mejorar la operatividad y la efectividad de los organismos policiales en estos barrios narcos pero eso no es suficiente.

 

El país no puede seguir indiferente ante esta narcocultura que amenaza a las comunas populares. Se requiere voluntad política para que los narcos no se tomen la política ni los municipios, lo cual exige reformas que apunten a generar una muralla china entre la política y los narcos, eso especialmente debe hacerse a nivel local donde hay diversos políticos locales –según lo revela la prensa- ligados a dudosos negocios vinculados a narcotraficantes.

 

No podemos aceptar que en la política local, donde aparecen actores con recursos millonarios para dedicarse a la política local, contratar activistas y publicidad local, ligados a negocios que surgen de permisos locales otorgados con un alto nivel de opacidad. Políticos que después “controlan” partidos locales y después van ascendiendo en la pirámide política producto de su control de importantes porciones de votos.

 

Es hora de que construyamos esa muralla china entre política local y narcos, es hora de que elevemos el nivel de transparencia e información sobre el patrimonio y bienes de quienes se desempeñan a nivel municipal, incluyendo la limitación de la reelección de los alcaldes a dos períodos alcaldicios.

 

También ha llegado la hora de que impulsemos en esas comunas populares expuestas a la narcocultura tanto de la zona sur y norte de la Región Metropolitana como en las zonas fronterizas del norte del país entre otras, reales políticas anti drogadicción con un foco mayor en la prevención ex ante, donde se dé un rol central a la educación de calidad y a la recreación sana.

 

En esos barrios, los colegios públicos debieran extender su jornada con actividades deportivas y culturales para que los jóvenes estén sanamente recreándose en el colegio y no estén “dando vueltas” en los barrios donde se ven amenazados por “los soldados de la droga”.

 

Para los jóvenes que no estudian ni trabajan deben implementarse eficientes programas de capacitación laboral orientados a generar una formación que apunte a su mejor integración en el mundo laboral.

 

Es importante que en esos barrios expuestos a los narcos se implementen programas de recuperación de espacios públicos, más luminarias, más inversión en infraestructura deportiva y cultural con apoyo de monitores calificadosy motivados por esta tremenda tarea que es “sacar de la droga a la juventud popular”.

 

Eso requiere articulación entre la inversión regional del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) con los recursos de cada municipio, pero debemos asumir la responsabilidad de unir a las comunidades que quieren vivir libres del flagelo de la droga y la delincuencia y que esperan que la dirigencia política tenga voluntad política para asegurarles que podrán vivir en barrios tranquilos y seguros.