Las familias de clase media emergentes viven con un miedo latente ante la posibilidad de un robo o un asalto/portonazo, lo que es amplificado por los medios televisivos que hacen casi cadenas nacionales mostrando los carterazos a mujeres, los robos a chorro etc. La lucha contra la delincuencia está entre los tres problemas ciudadanos más acuciantes hace ya varios años.
La actual administración ha señalado en la última cuenta presidencial que “la primera prioridad de nuestro Gobierno ha sido, es y será combatir la delincuencia y la drogadicción”; sin embargo, esta semana hemos conocido que diversos alcaldes de la Región Metropolitana (Puente Alto y Renca principalmente) han reclamado contra el clasismo en la implementación de las políticas públicas contra la delincuencia, incluso el alcalde de Renca ha denunciado que la distribución de recursos policiales y de seguridad se concentra donde menos se requiere, señalando que “se ha normalizado que en Las Condes tiene un carabinero por cada 570 habitantes, en Renca es 1 por 999 habitantes y en Cerro Navia uno por 1.200" y esto ocurre en momentos en que la actividad delictual crece en la zona sur y norponiente –mientras decae en la zona oriente de la región- y los recursos económicos y policiales siguen concentrados en Santiago Oriente.
Ese clasismo o sesgo en la implementación de una política pública relevante como es la seguridad ciudadana; además ha servido para potenciar el liderazgo nacional del alcalde de las Condes quien “se pasea” por los programas de televisión mostrando sus herramientas que sólo pueden sostenerse por el alto nivel de recursos que una comuna millonaria ($271.000 millones de presupuesto 2018) destina a esa lucha antidelincuencia.
Además, este 2019 en la Subsecretaría de Prevención del Delito se eliminó el Programa “Comuna Segura” que implicaba transferencia a los Municipios para implementar planes anti delincuencia local por más de $13.000 millones.
Para el 2019 la autoridad política decidió discontinuar este programa (con el reclamo infructuoso de Asociación de Municipalidades) y en ley de presupuesto 2019 anunció tres nuevos programas que significan una menor inversión de la Subsecretaría en la lucha contra la delincuencia ya que sólo representa el 70% de lo que se invirtió el año 2017 en el plan comuna segura vía los Municipios.
Lamentablemente no sólo hay menores recursos para los municipios, sino que los nuevos programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito (Gestión en Seguridad Ciudadana, Innovación y Tecnología para Prevención del Delito y Red Nacional de seguridad Pública) tienen una deficiente ejecución al 30 de junio pasado, son definidos centralizadamente por la autoridad política sin consulta a los municipios y sin rigor técnico como sería focalizarlo en los territorios donde aumenta la actividad delictual.
Es preocupante que al término del primer semestre y con mayores delitos en la zona poniente de la Región Metropolitana programas como Gestión en Seguridad Ciudadana sólo lleve ejecutado 1,25% de su presupuesto anual o en Innovación y Tecnología para Prevención del Delito sólo lleve una ejecución del 1,8%.
Hay un hecho indesmentible: los municipios tienen menos recursos para combatir la delincuencia, la Subsecretaría de prevención del Delito ha sido ineficiente para ejecutar su presupuesto en programas que debieran combatir la delincuencia y al final esto sólo favorece a los municipios millonarios como las Condes, Vitacura y Providencia mientras aumenta la criminalidad en los municipios sur y nor poniente.
En una sociedad no se pueden normalizar estas desigualdades y clasismos. También es grave que los medios de comunicación, en especial los televisivos reproduzcan estos prejuicios y no importe ni se informe sobre la matanza de cinco personas en Puente Alto y se le dé más importancia a un lanzazo en la comuna de Las Condes. No nos podemos acostumbrar a que los sucesos violentos ocurran en Puente Alto o en la Pintana o en Quilicura; porque cualquiera sea la comuna o condición social de las víctimas debemos luchar contra la delincuencia.
Es hora que como país exijamos que estos clasismos no sigan en las políticas sociales, se requiere que la Subsecretaría de Prevención del Delito no siga ninguneando a los Municipios y se terminen estas fórmulas centralizadas donde la subsecretaría decide asignar estos programas.
