La gran debilidad del Gobierno de Piñera es no haber cumplido las promesas de “más empleo y mejores remuneraciones”. El desempleo es 7,3% superior al 2017, las remuneraciones están estancadas y en 12 meses caen -0,2% según índice del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las bencinas han subido durante ocho semanas de manera consecutiva y superaron el precio récord del 2014 llegando a los $ 900 la bencina de 93’ y ahora entre “gallos y medianoche” sube en $20 el pasaje en Transantiago.
O sea hay un cóctel alcista, no se cumplen las promesas de la campaña presidencial y ante eso, el gobierno implementa una operación comunicacional buscando cambiar la agenda pública con el proyecto de #AulaSegura, difunde videos que muestra la violencia extrema de un grupo menor de estudiantes del Instituto Nacional Barros Arana (INBA) contra Carabineros –cuestión que toda la clase política rechaza- y presiona al Congreso para que se apruebe un proyecto de ley abiertamente ‘inconstitucional’, que además, en ninguna parte considera las sanciones a los agresores a Carabineros.
Lo hace porque sus encuestas revelan apoyo a este proyecto de Aula Segura e insiste en su discurso que los estudiantes son delincuentes. Es lamentable que un problema grave como la violencia en la convivencia escolar que afecta el desarrollo de los jóvenes -que terminó en el colegio Alianza Francesa con un suicidio de un estudiante por una acusación injusta- sea tratado tan banalmente por parte del MINEDUC.
Uno quisiera un MINEDUC que ilustrara las complejidades de la violencia en los colegios (ya sea entre estudiantes, hacia profesores, rol de los apoderados), que mostrara que esto ocurre sea en colegios del barrio alto como en Liceos públicos de clase media y en barrios populares , que hiciera una autocrítica de qué modo incide la vigencia de un modelo educativo que acentúa la competencia por tener buen rendimiento en el SIMCE y en la PSU; pero sólo tenemos una ministra que repite consignas simplistas tratando de mostrar que la única solución es la expulsión de “la manzana podrida” sin el debido proceso ni menos con un adecuado proceso de acompañamiento psicopedagógico.
Los senadores advirtieron que proyecto del Ejecutivo era inconstitucional –que no respetaba el mínimo debido proceso de indagación y defensa de los inculpados- y además, señalaron que debía abordarse un debate técnico que resolviera la complejidad del problema actual; por tanto, debía modificarse un mal proyecto de ley.
Ante estas críticas, el MINEDUC y La Moneda desataron una inusitada campaña comunicacional insistiendo que los estudiantes son delincuentes y que los parlamentarios que cuestionaron la iniciativa gubernamental son “aliados” de esos delincuentes. Así no se puede resolver un problema que está afectando la calidad educativa y también la convivencia escolar.
El país requiere debates sensatos y profundos, con argumentos técnicos sólidos y no sólo la motivación politiquera de ganar réditos políticos a los Bolsonaro.
