Claramente el gobierno no sabe gobernar “con el viento en contra” de las encuestas y de los indicadores económicos.

 

El  ministro de Hacienda post Imacec de junio que fue 1,3% que significa un promedio de 1,7% para el primer semestre –muy lejos del 3,8% prometido en enero, del 3,5% prometido en junio- no muestra caminos alternativos, ni tranquiliza a los analistas y sólo pide rezar. Hace dos meses decía que “dormía tranquilo” con la proyección del 3,5% y ahora pide rezar revelando su absoluto fracaso económico ya que las proyecciones para la economía este 2019 es que el crecimiento no superará el 2,5%.

 

Esto ha generado una fuerte caída de la credibilidad del ministro de Hacienda, incluso un prestigioso comentarista dominical refiriéndose a él señaló “no hay peor ciego que el que no quiere ver, o que viendo se hace el loco”. Larraín cree porque aprobó la reintegración tributaria en la Comisión de Hacienda por un voto dio tranquilidad a los mercados y que por esa vía se reactivará la esquiva inversión privada. Hay una élite que desconfía del Ministro de Hacienda.

 

Hay una crisis de credibilidad en las autoridades por su cortoplacismo e improvisaciones. La semana pasada el presidente Piñera anunció la locación del Hospital público para la zona norte en un terreno rural de difícil accesibilidad en la comuna de Colina –con alcalde UDI- y descartó la posibilidad de instalarlo en la comuna de Quilicura; la comunidad inmediatamente reaccionó cuestionando la decisión de localizar un Hospital público en un territorio de difícil accesibilidad, que hoy no tiene transporte público y que debe subsanarse esa omisión al año 2025 momento en que entrará en operación el Hospital de la Zona Norte. Este episodio revela la improvisación y la politización de decisiones que debieran ser estrictamente técnicas.

 

Las improvisaciones y chapucerías del presidente Piñera y el ministro del Trabajo frente al proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas es otro ejemplo más de eso. Primero descalificaron la iniciativa por provenir de diputadas comunistas –sin darse cuenta que era una propuesta con apoyo político transversal-, después señalaron que era “inconstitucional” argumentando que significaba más recursos públicos en la administración, pero parece que no leyeron la propuesta porque esta reducción de jornada está planteada al Código del Trabajo y no en el Estatuto Administrativo de los funcionarios. La rebaja de jornada laboral de 48 horas a 45 horas el año 2000 se inició también en una moción parlamentaria de Lavanderos y Ruíz Esquide, además ya el Tribunal Constitucional señaló que los proyectos deben analizarse su constitucionalidad privilegiando el objetivo principal (rebajar jornada gradualmente) y no los efectos colaterales.

 

Pero la sorpresa de la ciudadanía fue mayor el jueves pasado cuando el Gobierno anunció una indicación en que proponía rebajar la jornada laboral promedio a 41 horas –trae letra chica que perjudica a los trabajadores y consolida la negociación individual que perjudica al mundo laboral- ratificó que el Gobierno estaba “acorralado” ante una iniciativa que tenía 74% de apoyo ciudadano en las encuestas de La Moneda.

 

Aquí otra vez el Gobierno careció de empatía y no es capaz de leer el cansancio ciudadano con las jornadas laborales extenuantes que además son impuestas por un empleador que quiere administrar a su amaño las jornadas -como lo reconoció el ministro Fontaine- y donde los/las trabajadores no reciben adecuada compensación salarial.

 

La campaña del terror del empresariado -“nos vamos al subdesarrollo”- no calan en una ciudadanía que tiene bajos salarios (50% de trabajadores gana menos de $402.000 mensuales) y largas jornadas de trabajo. La gran masa laboral quiere conciliar calidad de vida familiar con una jornada menor con similar salario.

 

Este episodio ratifica la intuición ciudadana que el gobierno con sus propuestas favorece a los más ricos: propone flexibilizar la jornada laboral con decisión del empleador concentrando agotadoras jornadas en 4 o 3 días y pelea por la reintegración tributaria porque así rebaja en 9,5% los impuestos a las grandes empresas.

 

Por eso las propuestas gubernamentales carecen de apoyo en las clases medias, porque estas ya empezaron a percibir que Piñera “gobierna para unos pocos y carece de preocupación por las mayorías”.