El cambio de gobierno generará un giro importante en las políticas públicas, aunque durante la segunda vuelta el Presidente electo acogió ideas como la gratuidad para la educación superior técnica hasta el 90% de la población y se abrió a respaldar la idea de un AFP estatal; pero también aparecen en el horizonte propuestas “regresivas” en relación a avances legislativos consagrados durante esta administración.

 

Es regresivo -incluso así lo reconocen sus promotores- la reinstalación de un sistema tributario integrado donde las rentas del capital pueden ser amortizado por los impuestos que pagan las personas, lo que genera evidentemente menor recaudación fiscal que en el caso chileno se ha calculado que la integración del sistema tributario modificando la reforma tributaria del 2014 significaría  0,6 % del PIB como menor recaudación fiscal.

 

Para resolver esta menor recaudación fiscal se propone algo más regresivo como es subir el IVA a 20 %, lo que también afectaría al consumo de los sectores vulnerables, aunque se insista que eso se “devuelve” con los beneficios sociales focalizados. O sea, volver a la integración del sistema o rebajar impuestos tendría un efecto negativo en la recaudación fiscal que es lo que requiere este país para avanzar en beneficios sociales para la clase media y sectores vulnerables y más regresividad genera elevar el IVA. Malas ideas trae el nuevo equipo económico y nada se escucha sobre como incorporar valor agregado a las exportaciones o como mejorar la productividad de la economía.

En materia laboral se anuncia una reforma a la reforma laboral que apunta a potenciar a “los grupos negociadores” en la negociación colectiva dándoles titularidad lo que genera una situación de mayor debilidad a los sindicatos.

 

Asimismo, se anuncia la creación legal de una agencia pública destinada a facilitar la evaluación ambiental de los grandes proyectos de inversión con lo cual se intenta debilitar el rol de los servicios públicos que deben cautelar el cumplimiento de la ley 19.300 que establece razonables estándares medioambientales para los distintos proyectos de inversión, así como la relación de esos proyectos de inversión con las comunidades locales. Una agencia pro empresarial sólo busca inhibir la función pública de resguardo y proyección del medioambiente, de las comunidades locales y de los territorios que cumple la institucionalidad medioambiental y que ha funcionado razonablemente en el país que permitió aprobar el año 2016 proyectos que sumaron una inversión de US$ 28.415 millones.

 

El país requiere respeto a la institucionalidad, en especial los proyectos de inversión ya sea a nivel ambiental como a nivel municipal y el reciente fallo de la Corte Suprema cuestionando una importante inversión inmobiliaria en Valparaíso reitera este principio que la inversión debe respetar –y no saltarse ni vulnerar- la institucionalidad y la legislación; por tanto, una agencia que ayude a los inversionistas a saltarse la institucionalidad es también otra mala idea.

 

Se requerirá una oposición unida y vigilante desde el 11 de marzo para hacer respetar esa institucionalidad y/o evitar iniciativas que hagan disminuir la recaudación fiscal y/0 rechazar iniciativas que debiliten a los sindicatos y potencien a los grupos negociadores. Ese tipo de oposición aún no se ve en el horizonte político; incluso de modo preocupante se informa por los medios que un sector de diputados DC estaría buscando “un acuerdo administrativo” para la estructuración de la mesa de la cámara y la presidencia de las comisiones, lo que claramente es una señal política compleja.

 

Otra materia preocupante es la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de reforma al código de aguas en materia de fiscalización y sanciones -que es un aperitivo del fallo sobre el nuevo SERNAC- donde declaró inconstitucional el nuevo artículo 175 que define que para todos los casos en que no exista expresamente un órgano competente para aplicar multas será la DGA.

 

Esto significa que hay una mayoría en el TribunalConstitucional que es contrario a otorgar facultades sancionadoras a los órganos administrativos y el primero en sufrir esa mayoría conservadora serán las potestades sancionatorias del nuevo SERNAC.

 

Es muy grave que los órganos del Estado que tienen potestad sancionatoria en resguardo del bien societal que han sido otorgadas por Parlamentos democráticos se les ampute esa facultad por un órgano como es el Tribunal Constitucional.

 

Son preocupantes estas señales regresivas.