La reiterada agenda social no resuelve las demandas ciudadanas de una vida más digna. Incluso la encuesta gobiernista señala que el 80% de la ciudadanía considera que estas medidas no sintonizan con las exigencias ciudadanas. El enroque masivo de funcionarios no es la solución ni menos poner como jefe de gabinete a quien redactó el programa anti-reformista.
Este mal manejo de la crisis ha significado una fuerte caída de la aprobación gubernamental al 14% - medido antes de la marcha del viernes- y además, un incremento importante del rechazo a su gestión que llegó al 78%.
Ya la semana pasada anticipábamos el fracaso político de Piñera, pero ahora la profundidad de la crisis no se resuelve con este mínimo cambio de gabinete ni menos con su plan social donde intenta aprobar “su agenda legislativa de soluciones pro mercado y privatizadora” como se observa en el mal llamado proyecto de sala cuna universal –donde sólo busca abrir espacio a la oferta privada en la educación parvularia-, lo que también ocurre con proyecto sobre seguro catastrófico donde potencia al sector privado y debilita a la salud pública y el mecanismo de estabilización de precios en sector eléctrico debiera focalizarse en los clientes residenciales y excluir a las farmacias, supermercados y empresas. Por otra parte, en su idea de ingreso mínimo garantizado parece razonable que el objetivo sea que trabajadores/as de pequeñas empresas accedan a una remuneración mensual de $350.000 líquidos y, por tanto, no accedan a este subsidio estatal las grandes empresas.
Este conflicto social no se resuelve con un exiguo gasto fiscal que alcanzaría a sólo 0,4% del PIB –que se financiaría con reasignaciones- y presionando al Parlamento para que apruebe “una agenda legislativa privatizadora”.
El gobierno no entiende nada del malestar social. En pensiones toda la oposición unida le pide aprobar reajuste a PBS y APS que beneficia sólo 1,5 millones de pensionados y que proyecto largo de pensiones se negocie con Parlamento para incorporar la solidaridad intra e intergeneracional pero gobierno anuncia indicaciones al proyecto largo e incorpora en articulado permanente un incremento del 0,8% de la cotización previsional para “seguros sociales previsionales” pero después en articulado transitorio que esos exiguos seguros previsionales se legislarán en otro proyecto de ley que ingresará 60 días después de aprobado este proyecto largo que consolida modelo de AFP de las cuentas individuales o sea Piñera no entiende nada de lo ocurrido, porque parte importante de la movilización es en contra las pensiones miserables y el negociado de las AFP’s.
No entiende nada y chantajea para aprobar su proyecto pro AFP. Lo razonable sería que la oposición se uniera para sólo aprobar el artículo 2º transitorio donde estaría el incremento de la PBS de $110.000 a $132.000 mensuales para 600.000 perceptores de la PBS y el mejoramiento de la APS de $3.000 mensuales para 900.000 pensionados de AFP’s y el resto del proyecto pro AFP de Piñera debiera rechazarlo para así iniciar una negociación para tener un sistema de pensiones más solidario que el actual.
El 27 de noviembre debe estar despachado la ley de presupuesto 2020 que equivale a US$ 74.000 millones y cuyo incremento del 3% es totalmente insuficiente.
Se requiere un re-diseño del presupuesto 2020 con soluciones transversales aprobadas en el Parlamento. Un paquete social responsable que atienda las demandas ciudadanas a lo menos debe significar un mayor gasto de 1,5% del PIB para incrementar la inversión social en salud pública, pensiones, educación pública pero también se requiere un potente plan de Inversión pública -que reactive una economía cuyo crecimiento para 2019-2020 caerá a 2,0%- especialmente en regiones con sequía, en más viviendas sociales, en infraestructura y para enfrentar el estancamiento económico se requiere aumentar inversión en I&D –que hoy está en 0,35% y debe implementarse un programa 2020-2023 que permita llegar al 1% del PIB- potenciando la diversificación productiva y dar valor agregado a nuestras exportaciones.
Un gobierno con sólo 14% de apoyo ciudadano no está en condiciones de imponerle al Parlamento “su agenda legislativa privatizadora y de mercado” ni su presupuesto 2020 austero; por tanto, el nuevo gabinete debe ser capaz de negociar con la oposición.
