El Presidente Piñera mediante campañas de marketing y operaciones políticas con la Democracia Cristiana, se esmera en revertir los malos números de la economía está consciente que los sectores medios que lo apoyaron en diciembre del 2017 por la promesa de “Tiempos Mejores”, “más empleo y mejores remuneraciones” que claramente no llegaron y que explican la baja aprobación ciudadana en las encuestas (apenas 25% en CEP y 29% en la encuesta favorita de La Moneda). Ésta débil aprobación ciudadana es el principal problema político del gobierno y por eso su prioridad es modificar esta baja aprobación.
Pero los datos duros de la economía muestran la persistencia de este estancamiento. Los números del índice de producción industrial a mayo revelan una fuerte contracción de la actividad económica ya que el IPI decreció en -0,2% en relación a mayo 2018, la actividad minera muestra una fuerte caída de -2,0% en los últimos 12 meses; esos datos de la producción industrial anticipan un IMACEC del mes de mayo de 2,0% o menos y ratifican pronósticos que la economía este 2019 crecerá sólo 2,5%.
El desempleo tampoco muestra avances ya que la tasa nacional de 7,1% sigue siendo superior al año pasado y lo más preocupante es la tasa de desempleo femenino que llega a 8,2% -la más alta de los últimos siete años-.
Está instalado en la sociedad chilena que “el país está estancado” y ese sentimiento es más fuerte en los grupos medios y bajos que alcanza al 60% y 63% respectivamente.
Las respuestas del gobierno ante estos malos números económicos son el impacto virtuoso de su acuerdo tributario con la directiva DC –pero que es cuestionado por diputados DC de la Comisión de Hacienda y sus senadores- que validaría la reintegración tributaria lo que permitiría hacer “su rebaja impositiva a las grandes empresas”, que en el lenguaje gubernamental permitiría recobrar confianzas en el mundo empresarial.
Otra iniciativa impulsada por el Gobierno es su agenda de aceleración económica donde anunció la implementación de un plan de inversión pública por US$ 1.382 millones para ser materializado el año 2020 ya sea con inversión directa o con licitación de concesiones para años posteriores en especial en materia de aeropuertos. Estos montos son menores (1,9% del presupuesto fiscal) y corresponden a proyectos de inversión que estaban en la cartera de implementación desde el año pasado y que hoy se reactivan después de 15 meses de paralización.
Para el gobierno –a diferencia de lo que muestran los informes de competitividad- este es un problema puntual producto de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que se profundizó más allá de lo deseado y que el país debe apostar a diluir en los foros internacionales esta tensión arancelaria y comercial.
Sin embargo, no se enfrentan los problemas claves del cobre-dependencia que es construir acuerdos de largo plazo para diversificar la matriz productiva y dar más valor agregado a lo que exportamos; lo que requiere generar espacios de diálogos políticos y técnicos con un mayor sentido estratégico es decir que apunte a desatar “nudos” que dificulten esa mayor diversificación y ese mayor valor.
A no abordar este diálogo sobre productividad y competitividad seguiremos siendo una economía dependiente del precio del cobre en los mercados internacionales y nuestro futuro seguirá dependiendo si estamos en un ciclo expansivo o de menor dinamismo externo.
Ya hay bastante consenso en diversos sectores del país -en especial en el mundo progresista- que es necesario tener esa visión y compromiso de largo plazo para ir modificando nuestra estrategia de desarrollo lo que debiera plasmarse en propuestas para sacarse el mote de “obstruccionista” que el Gobierno difunde cotidianamente.
También debiera visibilizar a la derecha y al empresariado que no quieren asumir este diálogo productivo y que prefieren seguir haciendo lobby para que le rebajen los impuestos y no tienen ningún interés por ejemplo para mejorar la inversión en innovación productiva y en desarrollo tecnológico que nos podría dar una mayor capacidad de progreso en el futuro.
Es hora de que el país empiece de verdad a conversar sobre productividad y competitividad para conocer quién puede sacar al país del estancamiento que están sufriendo los grupos medios y sectores vulnerables de nuestra sociedad.
