Se cumplieron dos meses del gobierno y ya se revelaron serias desprolijidades y errores en el manejo legislativo y administrativo del Gobierno que es reconocida por la mayoría de los analistas políticos y de la ciudadanía.

 

La Contraloría declaró como ilegal las modificaciones al Protocolo de implementación de la ley de interrupción al embarazo en tres causales que introdujo el nuevo ministro de Salud -motivo por el cual fue interpelado por la oposición liderada por la diputada Hernando-. Ratificando la clásica doctrina de la Contraloría ratificó que los órganos privados que cumplen una función pública en subrogación debe primar el interés público y no deben existir objeciones institucionales como lo planteaban diversas clínicas privadas en esta materia. Defiende así una sujeción a la legalidad administrativa del servicio público, aún cuando sea prestado por una empresa privada, lo que es muy importante ya sea en salud como en educación u otras acciones que se emprendan con recursos públicos.

 

Por otra parte, el ministro de Hacienda implementó una estrategia comunicacional destinada a mostrar que la administración Bachelet se había excedido en el gasto fiscal, que dejaba gastos comprometidos por US$ 5.500 millones y que era necesario entonces “apretarse el cinturón” o sea reducir el gasto fiscal.

 

Pero nada dijo que ese monto de supuestas presiones de gasto fiscal sin respaldo presupuestario era un listado potencial de mayor gasto en 4 años.

 

La presión fiscal entonces para 2018 sólo de US$ 1.470 millones y nada dijo que ese monto es apenas un 2% del presupuesto 2018 que son US$ 73.000 millones. Ni menos señaló que la ejecución del presupuesto fiscal entre 2010 a 2013 (Piñera 1) fue del 97% del presupuesto; por tanto, ese 2% de mayores gastos se pueden gestionar con el mismo presupuesto 2018 y sus reasignaciones.

Un ministro de Hacienda que no gestione presiones de gasto del 2% del presupuesto no está calificado para el cargo; porque es de la esencia de su puesto administrar presiones-en especial de mayor gasto fiscal- pero también debe resolverla con una adecuada gestión política -cuestión que carece-usando las herramientas de la flexibilidad presupuestaria. Es grave desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal que el gobierno señalice que la ley de presupuesto no es el límite o techo del gasto; lamentablemente el ministro de Hacienda validó estas presiones fiscales y señalizó que para él la ley de presupuestos es el piso y no el techo del gasto fiscal.

 

Pero lo peor vino después, cuando conocimos que el ministro Larraín en abril hizo un viaje privado a Harvard (invitado hace nueve meses) a presentar su libro y financió su ticket de avión y viáticos con fondos públicos. No se puede pedir austeridad fiscal a los ministerios, que se rebajen gastos superfluos, si él no lo hizo. Un ministro de Hacienda no puede ser el padre Gatica que predica y no practica la austeridad fiscal, eso debilita claramente su credibilidad para ser el jefe de las finanzas públicas.

 

El plan de austeridad fiscal anunciado por el ministro Larraín pretende ahorrar US$ 1.200 millones anuales y fue calificado por los analistas económicos como “improvisado y con falta de información”. Lamentablemente en el Senado se conoció una indicación legislativa del Ejecutivo  que recorta beneficios sociales obtenidos en enero pasado en la Cámara de Diputados y que hoy pretende eliminar en el Senado que perjudican a más de 150.000 asistentes de la Educación. Este recorte de beneficios no sólo es rechazado por la oposición sino también por parte de las bancadas de gobierno.

 

El ministro Larraín carece de sensibilidad al no percibir la molestia ciudadana por su viaje privado a Harvard con fondos públicos ni percibe el rechazo político a un plan de austeridad fiscal que apunta recortar beneficios sociales como lo revela este caso que afecta a los asistentes de la Educación que son los actores sociales más vulnerables de la comunidad educativa.

 

Estos errores y autogoles son preocupantes porque hablan de un mal gobierno, de desprolijidades y eso ahonda la desconfianza ciudadana en las instituciones, cuando Chile quiere avanzar hacia un desarrollo democrático y equitativo se requiere un funcionamiento cualitativamente mejor de las instituciones democráticas. Y estos 2 meses son augurios de una gestión gubernamental precaria muy lejos de los tiempos mejores.