La esencia de la democracia es un adecuado funcionamiento del sistema institucional; de tal manera, que la ciudadanía sepa que hay instituciones promoviendo el bien común, el respeto y seguridad de las personas y que cada una de ellas respeta el tramado legal democrático que generó un Congreso elegido democráticamente.

 

En los últimos meses vemos con preocupación que aumenta la percepción que no están funcionando algunas instituciones en diversos sectores de la sociedad generando desconfianza ciudadana.

 

Por eso es grave lo ocurrido con el Tribunal Constitucional que con su actuación eliminó las potestades sancionatorias y fiscalizadoras del nuevo Sernac –generadas democráticamente en el Congreso- dejando en la más absoluta indefensión a los consumidores frente a los proveedores/empresas. Más grave ha sido la lectura del fallo del Tribunal Constitucional donde se observa que la mayoría conservadora sobrevalora el derecho a la propiedad y la libertad económica en desmedro de los derechos de los consumidores y que un órgano público asuma potestades sancionatorias para inhibir malas prácticas de los proveedores, dando un golpe duro al derecho público y a los órganos que poseen actualmente estas facultades.

 

Las malas prácticas de los proveedores continuarán –ya lo vimos con una aerolínea este verano- y los consumidores seguirán indefensos y sin derechos, producto de lo obrado por la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.

 

Otro caso grave han sido los roces institucionales entre la Fiscalía y Carabineros a propósito de la acción investigativa de casos de terrorismo en la Araucanía, donde parecieran haber dudas razonables de la acción de Carabineros y que más bien habría actuado dolosamente implantando conversaciones que serían las únicas pruebas para inculpar a ciertas comunidades mapuches. Hemos visto como la inteligencia policial está en manos de profesionales de escasa calificación, muestran software de dudosa eficiencia e incluso la televisión hace operaciones comunicacionales para convencer a la opinión pública, pero los profesionales informáticos desmienten a posteriori.

 

Parece que tenemos una institución policial –como Carabineros- que no da el ancho para dar la lucha contra los narcos en diversos barrios del país –origen de peligrosas bandas delictuales-ni tampoco para investigar y desarticular la actividad terrorista en el sur del país.

 

Institución policial que –además- generó un fraude financiero de cerca de $ 30.000 millones en su interior producto de la falta de control de su gestión presupuestaria.

 

Esto es un grave problema para la democracia, que describía un analista dominical de la siguiente manera: “tenemos un cuerpo policial autonomizado, impermeable al escrutinio público y ciudadano, con independencia financiera y operativa, de bajísimo niveles de transparencia, que se niega a cualquier proceso de evaluación; que, de diferentes formas, ha resistido la sujeción al poder civil”.

 

La clase dirigente del país –tanto de derecha como de centro-izquierda- debiera asumir –en parte o en su totalidad- este crítico diagnóstico de la situación institucional de Carabineros. No se puede seguir con políticas que refuercen esta falta de control producto de la valoración ciudadana en las encuestas; hoy estamos en otra fase de descrédito acelerado que requiere un acuerdo político para introducir reformas que le aseguren al país tener una policía con alta capacidad profesional para enfrentar los desafíos de luchar contra una delincuencia más sofisticada y también contra los grupos terroristas.

 

La construcción de un Chile más seguro, especialmente en los territorios; requiere una policía profesional, sometida a controles democráticos, que funciona de modo transparente y en permanente accountability ante la ciudadanía y sus representantes. Estos últimos meses no hemos visto esa policía profesionalizada sino al contrario, donde la inteligencia policial es precaria, sin equipos especializados –cuando en el mundo moderno es clave para enfrentar a narcos, a grupos terroristas y a otras bandas delictuales-.

 

El país requiere políticos corajudos y con visión de futuro que sean capaces de exigir y elevar los estándares de funcionamiento para Carabineros y no los políticos acríticos, que sólo se dedican a “dar apoyo y sacarse fotos” con representantes policiales.

 

Para avanzar en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo se requiere una reforma a Carabineros que asegure mayor profesionalidad y y controles democráticos; sólo así podremos construir ese país que da “seguridades” mediante un adecuado funcionamiento de sus instituciones.