Por Mario López M.

El gobierno, claro que no cuenta con mayoría en el Parlamento y que la oposición ya se puso a la defensiva y no está dispuesta a apoyar “cualquier cosa” que les propongan, aplica planes alternativos. Intentar captar parlamentarios en casos puntuales y si no es posible, legislar a través de decretos, al mejor estilo de la dictadura.   

Lo han dicho en la derecha de manera expresa, harán todo lo posible por “desmalezar” vía motosierra las Reformas del gobierno de Michelle Bachelet.  Primero invitaron a la oposición entera a actuar “patrióticamente” en grandes acuerdos nacionales, pero solo mostraron los títulos. No se la creyeron. Empezó entonces el plan B, trabajar uno a uno los votos y partidos, selectivamente… no les ha dado mucho resultado, sobre todo en el Senado. Vino el plan C, dictar decretos que les permitieran cumplir el fin de socavar los derechos sociales

Tampoco han renunciado a seguir utilizando al Tribunal Constitucional, mal que mal poseen allí seis de los 10 ministros y les ha resultado. Basta ver la impugnada ley del Sernac o con la reciente autorización al lucro en la educación superior a través de empresas controladoras.

Abortando el aborto

Uno de los primeros decretos con los que se busca anular el efecto de las leyes, debutó en salud. El objetivo, satisfacer el deseo de los más conservadores, casi todos UDI, que buscaban anular la llamada Ley de Aborto en Tres Causales, aprobada en el gobierno anterior y que había incluso sobrevivido en gran parte a los tijeretazos del Tribunal Constitucional. Sin poder modificar la ley la vía fue aplicar el “decretismo”, esta vez mediante un “protocolo” dictado por el ministerio de Salud que le torció la nariz a la legislación, ampliando el derecho de “objeción de conciencia” y de paso aumentando las arcas de las clínicas privadas.

Emilio Santelices, el titular de la cartera, modificó, por vía administrativa, el protocolo de objeción de consciencia de la ley. El nuevo protocolo de la ley de aborto en tres causales elimina un párrafo del documento previo elaborado por la administración de Michelle Bachelet, el cual le impedía declarar objeción de conciencia a instituciones que mantuvieran convenios con el Ministerio de Salud para la atención de pacientes del sector público en las áreas de obstetricia y ginecología. En otras palabras, ahora la institución puede negarse a practicar abortos en las 3 causales pero seguir recibiendo subsidio estatal.

Para la diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática (RD), “Se ha vulnerado la democracia porque hay un acuerdo en el Parlamento, donde de manera democrática se legisló para entregar a las mujeres al acceso al aborto en tres causales”. Su colega diputada Natalia Castillo, dijo que “El gobierno borra con el codo lo que se escribió con la mano y está legislando como en los peores tiempos de nuestro país (…) No podemos volver a gobernar por decreto, que lo sepa la UDI, que lo sepa la derecha y que lo sepa Sebastián Piñera. Las leyes se discuten en el Congreso”, señaló en un acalorado discurso frente al ministerio de Salud en los instantes en que se materializaba el protocolo del gobierno.

¿Resquicios legales?

Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer, reaccionó frente al mecanismo utilizado por el gobierno señalando que “el cambio está vulnerando parte de la idea matriz que tenía la legislación. Ha sido un cambio que se ha hecho de manera unilateral, sin esperar que la propia justicia se hubiera manifestado cuando dos instituciones presentaron un recurso (...) Aquí no se invitó ni al parlamento, ni a las organizaciones de mujeres, ni a las ex autoridades a conversar”.  

Su par, la ex vocera del  gobierno de Bachelet, Paula Narváez dijo que “La ley fue una conquista de un derecho de las mujeres largamente demandado. Es una conquista y esa conquista hay que defenderla. Sin embargo, ya la administración anterior de Piñera nos acostumbró a la letra chica, por lo tanto, las advertencias que estamos haciendo hoy día que es que miremos bien que esta vía administrativa no signifique retroceder en materia del reconocimiento de esos derechos de las mujeres”, sostuvo.

“La objeción de conciencia no puede ser una política que se cambie por el gobierno de turno. Lo que hizo Piñera fue tomar el decreto aprobado en enero, copiar y pegarlo en su mayoría, modificando un par de puntos que posibilita que las clínicas particulares pueden seguir recibiendo aportes estatales, pese a que se nieguen a practicar una interrupción del embarazo. Esto me parece poco serio”, reclamó a su vez la senadora socialista Isabel Allende.

Un grupo de diputados, encabezados por Karol Cariola, Camila Vallejo y Maite Orsini, entre otros, optó por recurrir a la Contraloría General de la República, reclamando en contra del nuevo protocolo de objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto en tres causales, que permite, tras el resquicio administrativo  aplicado por el gobierno, a todas las instituciones privadas de salud declararse como objetoras, en virtud de una nueva resolución exenta emanada desde el Ministerio de Salud y seguir recibiendo aportes estatales.

Crean la “Cámara de Apitutados”

No es la única oportunidad en que se ha legislado vía decreto. Recientes nombramientos fallidos de Seremis, dejaron al descubierto cómo se terminó designando a familiares y amigos en cargos inexistentes. Los casos de la hija del Alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, Macarena Zarhi, quien había sido designada por error como seremi de Deportes en la RM, siendo que tal cargo no ha sido creado por ley, dio paso a que se le designara, vía administrativa, como delegada regional de Deportes. Otro cargo inexistente.

No fue el único, porque igual aconteció con el exministro y exdiputado RN Alberto Cardemil, que había sido designado seremi de Hacienda, un cargo inexistente en la ley. Pues bien, se le designó vía decreto como “asesor regional” en el Maule. Nada importó tampoco que Cardemil, de cuestionado pasado en dictadura donde ofició de vocero de Pinochet, hubiera sido formalizado por  financiamiento ilegal de la política mediante el uso de palos blancos que entregaron boletas falsas para reunirle dinero para la última frustrada campaña parlamentaria y que estuviera con firma mensual como salida alternativa. ¿El sueldo del asesor regional? $2,6 millones mensuales.

No menos cuestionados han resultado los nombramientos de familiares en puestos claves de La Moneda y ministerios, entre los que destacan los dos hijos del ministro del Interior Andrés Chadwick (quien es a su vez primo del Presidente Piñera), se suman el actual ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, cuya prima Magdalena Díaz es jefa de gabinete del Presidente, mientras que el primo del padre de Nicolás, Cristián Monckeberg, es el ministro de Vivienda. La ministra del Deporte, Pauline Kantor, tiene un integrando el equipo de asesores de Larroulet en el segundo piso de La Moneda. El actual ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine es tío del asesor Arturo Fontaine Ducci, y la titular de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, es esposa del senador Andrés Allamand.

A ellos debe sumarse las hijas del Alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, María José y Javiera Jefa de Programación del Segundo Piso y Directora de Comunicaciones del Ministerio de Deporte, respectivamente. Cristián Larroulet, a cargo de los asesores del Segundo Piso, ubicó a su yerno, Sebastián Villarreal, como subsecretario de Servicios Sociales. ¿Y los Longueira? Gozan de buena salud, sino mire a Juan Pablo Longueira, quien es el jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. No es coincidencia de apellidos, es el mismísimo hijo de Pablo Longueira. Una treintena de otros cargos llenados vía decretos con familiares de connotados personeros de derecha, ponen la guinda de esta verdadera Cámara de Apitutados.

Los truchos y peligrosos “delegados ministeriales”

Un mecanismo se ha puesto en movimiento y amenaza en transformarse en una verdadera burla a la ley. Se trata de sacar de su cargo a un funcionario electo por Alta Dirección Pública sin estar autorizados para ello, designar al segundo conforme a le ley, pero sin darle ninguna función central sino que designando un “Delegado Ministerial”, cargo trucho que en los hechos se ha ido transformando en el verdadero jefe del Servicio, violando la ley. Tal es el caso de Cenabast, organismo encargado de la distribución y adquisición de fármacos en el país, donde Sebastián Piñera hizo la cuestionada movida.

Allí designó a Juan Carlos Corbeaux, como su “Delegado Ministerial”. Corbeaux posee una cuestionado conflicto de interés, pero eso tampoco importó al designarlo. Se trata del ex gerente general para Chile de GSK, farmacéutica considerada una de las más grandes del mundo. Piñera utilizó fórmula del “delegado ministerial” para instalar a un hombre de confianza, sobrepasando al actual director electo por Alta Dirección Pública. Corbeaux aparece en el área farmacéutica como no es un nombre desconocido en el rubro. Gerente general de GSK -una de las farmacéuticas como “lobbysta” en representación de esas empresas en un área en que justamente ahora lo designan.

Tiene eso sí una limitación a la que aún no encuentran resquicio legal para sobrepasarla: está inhabilitado para firmar documentos por el servicio.  Juan Carlos Corbeaux, en su calidad de representante legal de GlaxoSmithKine Chile Farmacéutica Ltda., ha sido objeto de sanciones administrativas consistente en multa (200 UTM), de la que fuera posteriormente sobreseído por el ISP tras la apelación del sumario que lo sancionó. Corbeaux ha quedado al mismo nivel que el Director del Servicio, solo que cuenta con el beneplácito del gobierno, el que por esta vía acorrala al titular aislándolo hasta que renuncie. Ya Piñera había sacado al director original, nombrando como subrogante al jefe del área jurídica Cristián Venegas, y ahora completando la obra vía decreto.

Por esta oblicua vía puede, más allá de los costos que asumirían todos los chilenos, llegar a reemplazar a los 275 jefes y directores de servicios públicos claves que son por ley intocables, más allá de los 12 de que puede disponer. Cerca de $115 millones mensuales le cuesta al Estado buscar vía concurso a los postulantes para los cargos de Alta Dirección Pública entre personas calificadas académica y laboralmente. Mucho más que eso costará la gracia de sacarlos por secretaría vía decreto.

El “veranito de San judas”

A la inmediata negativa del ministro del Interior Andrés Chadwick a tramitar la nueva Carta Fundamental cuyo proyecto legal a última hora la administración Bachelet envió al Congreso, un nuevo desaire ha efectuado el gobierno en materia de acuerdos con la oposición. Se trata de la modificación a las atribuciones del Tribunal Constitucional, tantas veces socializada entre el gobierno anterior y la oposición derechista, hoy en el gobierno.

Más allá del fallo adverso en materia del aborto en las tres causales, ese organismo ha servido como “tercera cámara” para armar o desarmar proyectos ya legislados bajo la excusa de existir cuestiones de constitucionalidad. No pareciera que nadie se oponga a la existencia de tal organismo de larga data en Chile, pero sí en dos materias que son sustanciales, sus atribuciones y su composición.

Por ello diversos personeros de la oposición llamaron al ejecutivo a cumplir la palabra y además la que era promesa de campaña de Piñera, solicitándole entrar a la discusión de tal magna reforma, pero el portazo se sintió hasta en La Haya: “Estamos concentrados en prioridades más urgentes”, respondió, agregando que “si nos apuramos en ver todos los temas y poner todo en debate no vamos a ir más rápido. Al contrario, como lo ha dicho el Presidente, hay que ir priorizando y la prioridad estará dada por los temas más urgentes y más exigentes por parte de la ciudadanía”.

Camarón que se duerme…

Otras situaciones de hecho e inconsultas, como la modificación de la Ley Antiterrorista, han generado en gran parte de la oposición un toque de alerta. No existía tal voluntad de acuerdos nacionales o búsquedas patrióticas de consenso, no se trataba de un veranito de San Juan, se trata en realidad de un veranito de “San Judas”, pues mientras se invita a dialogar, se pasa aplanadora en agendas sociales y valóricas vía resquicios legales.

Uno de los parlamentarios que levantó la voz, fue el senador PPD Felipe Harboe: “Es una urgencia por respeto a los principios democráticos, hoy tenemos un grupo de personas que se han arrojado facultades legislativas y judiciales que no le corresponden y obviamente está alterando las mayorías ciudadanas, y nosotros no lo vamos a permitir (…) hacemos un llamado al Presidente Piñera a recapacitar, si quiere acuerdos nacionales no hay problema, pero primero reformemos el Tribunal Constitucional”, dijo a nuestro medio.

La estrategia de José Antonio Kast de posicionamiento de la extrema derecha en el mapa político, que fue torpemente avalada por extremos violentistas, el juicio en La Haya y la pobre actuación mediática del Presidente de Bolivia Evo Morales que no ha hecho sino que favorecer al actual gobierno de Chile, sumado  a un cada uno para su santo en la oposición, ha favorecido la estrategia del Presidente Piñera, que ha “legislado” pero no a través de leyes, sino que de decretos y en los hechos, sobrepasando la mayoría nominal en las cámaras que tiene la oposición. Camarón que se duerme…