Por Mario López M.
Observadores del proceso indican que los persecutores, Juan Agustín Meléndez y Marcos Emilfork, siguieron y están siguiendo una estrategia de anuncios mediáticos de diligencias, pero cuya ausencia de resultados en las investigaciones sobre abusos de menores, es alarmante.
Más allá del uso -y abuso- del caso, la realidad habla de serias violaciones a los derechos humanos de miles de niñas y niños, que amenaza impunidad, debido a la falta de destreza o voluntad de investigar de quienes tienen a su cargo el caso. No bastan los discursos ni usar a los menores de “trampolín”.
No está lejos el bochorno sufrido por la Fiscalía Nacional en 2015, que nombró como persecutor con dedicación exclusiva al actual fiscal regional de los Ríos, Juan Agustín Meléndez, quien se trasladó por todo el país, reunió equipos de detectives y profesionales y tomó declaración a más de 100 menores abusados y terminó archivando la causa sin acreditar delito alguno. Meses después se conocerían las muertes de niños en centros dependientes del mismo Sename.
Fue a mediados de 2013 cuando por primera vez estalló en la prensa el escándalo y los abusos de los niños atendidos en la red del Servicio Nacional de Menores (Sename). La luz de alerta la dio una exhaustiva investigación realizada por el poder judicial, en colaboración con Unicef, que determinó en múltiples y específicos casos, las graves y severas violaciones a los derechos de los niños y jóvenes a cargo del Estado.
Se destapa el escándalo
Los tribunales y la organización internacional invirtieron más de 200 millones de pesos de la época en un seguimiento que duró varios meses y en el cual trabajaron tres magistradas de los juzgados de familias, una doctora en derecho y una socióloga especialista, todos a cargo de la jueza Mónica Jeldres. Los informes revisaron las condiciones de vida de 6.500 de los 15 mil niños que en esa fecha vivían en hogares vinculados al Sename, encuestando presencialmente a 384 de ellos en más de 60 residencias.
Los resultados del trabajo fueron alarmantes. Se detectaron y acreditaron la existencia de redes de explotación sexual, hechos de violencia física y verbal contra niños, medicación sin supervisión médica que incluso implicaron tratamientos de desintoxicación de menores. Además de abusos y maltratos de personal de los centros, se acreditó como habitual en algunos de ellos, situaciones de abusos entre los menores.
Era el último año de la primera administración del Presidente Piñera y el director de Sename de la época, Rolando Melo, que fue requerido por explicaciones y acciones y tuvo que resistir varias peticiones públicas de renuncia al cargo. El revuelo de la información fue generalizado, se movilizaron acciones al interior del propio poder judicial, de las organizaciones del sector y el Ministerio Público entró en acción anunciando “la designación de un fiscal especial para acreditar y sancionar responsabilidades.”
(Foto: Fiscal Juan Agustín Meléndez)
Malas prácticas
Para una investigación que prometía ser escabrosa, el fiscal nacional de la época, Sabas Chahuán, designó como encargado al entonces fiscal regional de Magallanes y la Antártica, Juan Agustín Meléndez. La importancia mediática del caso era tal que se lo designó “con dedicación exclusiva” y con atribuciones para desplazarse por todo el país y determinar si había hechos constitutivos de delitos y la gravedad de estos
La trayectoria de Meléndez no ha estado exenta de polémicas. El abogado de la Universidad Gabriela Mistral, había ejercido en la Fuerza Aérea de Chile, llegando a fiscal de aviación. Proveniente de esas instancias entró al Ministerio Público. Fuentes judiciales recuerdan que “justamente tenía trabajos profesionales con especialidad en investigación de delitos sexuales y económicos”, esto lo llevó a ser designado jefe de la fiscalía local de Punta Arenas, lo que le permitía la subrogancia de la fiscalía regional ante la ausencia del titular de entonces, Pedro Corti.
Este último hecho, sin duda, fue un antecedente relevante para que, tras la formulación de la terna por parte de la Corte de Apelaciones, el año 2010 fuera designado como Fiscal Regional de Magallanes, cargo en el cual supuestamente estaría hasta este año 2018. Sin embargo, Meléndez, adelantándose al término de su período en el Ministerio Público, en 2015 postuló y fue designado por segunda vez por Sabas Chahuán, como fiscal regional, pero esta vez en Los Ríos. Al igual como ha ocurrido con otras designaciones del Ministerio Público, la Asociación Nacional de Fiscales expresó su preocupación ante los procesos de selección de jefes regionales del organismo, acusando “malas prácticas” que atentan contra “los legítimos intereses de ascenso y carrera funcionaria de los fiscales adjuntos del país”.
La silla musical
Según los fiscales del Ministerio Público, en la designación de Meléndez en Los Ríos se cayó en una verdadera “silla musical”, donde un fiscal regional que está a cargo de un determinado asiento regional, postula a otro, aún no terminando su período de 8 años. En la práctica, se aseguró un cupo en la terna de la cual el fiscal nacional elige a quien ocupará el cargo que queda vacante y vulnera el objetivo de la ley que busca que los fiscales regionales no estén más de ocho años en un cargo.
A esas alturas y tras dos años de investigación, en 2015, poco antes de asegurar su cupo en Los Ríos, Meléndez terminaba con dos “tereas importantes”, por una parte se había desaforado al Senador de la zona, el independiente Carlos Bianchi, quien afrontaba un Juicio Oral del cual finalmente fue absuelto de todas las imputaciones (derrotando en la corte al Ministerio Público) y paralelamente el mismo fiscal Meléndez optaba por archivar la investigación sobre abusos en el Sename, sin “descubrir” ilícito alguno. “Fueron a lo menos llamativas coincidencias”, se escuchaba en los pasillos de los tribunales magallánicos, las últimas resoluciones del fiscal antes de emigrar a Los Ríos.
Diversas asociaciones sobre derechos de los niños lamentaron los inexistentes avances en la presunta investigación desarrollada por el Ministerio Público y Juan Agustín Meléndez con su dedicación exclusiva.
Vergonzoso cierre
En los dos años en los que se investigaron las denuncias de abusos y redes de corrupción acreditadas por el informe del poder judicial, declararon en la causa más de un centenar de menores que vivían en residencias del Sename y relataron los abusos sufridos. También se interrogó a funcionarios, técnicos y autoridades. El fiscal se trasladó a realizar diversas diligencias a más de cinco regiones, abriendo diferentes “aristas” de investigación, por posibles delitos de abusos, tráfico de personas, omisión de denuncias, delitos relacionados con drogas, etc.
Incluso el fiscal a cargo del caso declaró ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que su investigación decía “relación con la actuación de magistrados, de funcionarios y autoridades, que participaron en el proyecto de levantamiento de información aludido. Se refiere a que pueden estar vinculados al deber de protección de estos niños y consecuente obligación de denuncia. Sobre este tema puedo señalar que las actuaciones u omisiones constituyen un punto de mayor relevancia dentro de la investigación y evidentemente está dentro de la línea investigativa”, dijo el fiscal.
La importancia dada por las autoridades la época al caso fue tal, que se designó y puso a disposición del fiscal Juan Agustín Meléndez un equipo especializado de detectives en delitos de abuso sexual. El equipo fue conformado por 23 detectives pertenecientes a las regiones de Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, más dos de la Región Metropolitana y uno de la XII Región y se instruyó a los investigadores que se trasladaran junto al fiscal Meléndez a las diversas regiones del país cuando este lo solicitara en el marco de las indagatorias.
No hay peor ciego que el que no quiere ver
Pero todos los recursos de las policías, los tribunales y el Estado no fueron suficientes. En octubre de 2015, tras dos años de investigación, el fiscal Juan Agustín Meléndez, decidió dejar temporalmente suspendido el caso que tomó como fiscal especial en julio de 2013. Según informó a la prensa en la oportunidad, el fiscal Meléndez decidió archivar el caso, a la espera de nuevos antecedentes que pudieran aportar a la investigación, reconociendo que no podía descartar la existencia de delitos en recintos del Sename, pero que no había logrado antecedentes para formalizar y menos enjuiciar a persona alguna.
A esas alturas la repercusión mediática del caso fue menor. La prensa ya estaba acostumbrada a las malas noticias del Sename.
Sólo un par de años después, a raíz de la muerte Lissette Villa de 11 años en el centro Cread Galvarino de Estación Central, del Sename, el ministerio público reactivaría sus gestiones, ahora nombrando al fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork para la investigación. Cabe decir que esa investigación aún está en desarrollo.
(Foto: Fiscal Marcos Emilfork)
Los muertos que el fiscal no vio
La Cámara de Diputados acreditó que los niños muertos en residencias del Sename suman casi 200 en los últimos años y que el 63% de los niños en residencias están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 de ellos no tienen la debida atención médica de personal especializado.
En Magallanes, el paso de Meléndez por el tema de menores solo dejó la huella del cierre del “Hogar del Niño Miraflores de Punta Arenas”, el que si bien estaba dentro de las instituciones investigadas contaba con cierto prestigio. Sin embargo, más allá de lo mediático de las acciones del Fiscal Meléndez lo cierto es que sus procesos, que implicaron gran movilización de recursos financieros y humanos no tuvieron resultados judiciales, contribuyendo más bien para pavimentar su permanencia y ascendente carrera al interior del Ministerio Público.
Aún el Ministerio Público no encuentra delitos en la red de centros de cuidado de menores del Sename. Ahora es el fiscal Marcos Emilfork quien debe asegurar algún tipo de logro en las investigaciones.
(Foto: Fiscal Nacional Jorge Abbott)
Mucho ruido, pocas nueces
Emilfork, un fiscal del gusto de Palacio, asumió ya hace un par de años el caso “Sename”. Hasta el momento no se aprecian sus avances, que no sea por el mediático uso -y abuso-, de declaraciones para la “galería”; acciones grandilocuentes, como allanamientos; trascendidos a la prensa involucrando a personas que se enteran “por la prensa” de sus dichos y eventuales acciones que se seguirá en su contra, actuando bastante más allá de lo que llevó a sancionar al fiscal Emiliano Arias, por ejemplo y otras conductas muy publicitadas que hoy lo tienen con solicitudes de ser removido de la causa.
El fiscal Emilfork, ha investigado 878 decesos de niños, de los cuales -según sus dichos-, 278 nunca fueron denunciados. “Nadie los lloró”, dijo de manera dramática, asegurando que buscaría la responsabilidad, incluso, de las más altas autoridades. Llegó incluso a señalar que citaría a determinadas personas en calidad de “imputados”, los cuales se enteraron de tal situación por lo medios de comunicación, lo que es contrario al principio garantista que regula los procedimientos.
“Ha sido un trabajo duro, pero reconfortante desde el punto de vista profesional y también emocional. Uno es padre y no puede abstraerse de lo que ve. He sido fiscal 15 años investigando y llevando a juicio diversos delitos graves, como homicidios, pero con toda esa experiencia nunca esperé, ni esperamos como equipo, una aproximación a cómo el Estado estaba cuidando, o en muchos casos descuidando a los niños y niñas en Chile. Es fuerte, porque no se trata de una elección”, certero diagnóstico del fiscal, pero más allá del discurso, no se ven los resultados.
El llamado en círculos del Ministerio Público, como el “regalón de La Moneda” y en particular de Sebastián Piñera, es un personaje cercano al ex fiscal Alejandro Peña, quien pasó de la Fiscalía a transformarse en asesor en el Ministerio del Interior que dirigían Rodrigo Hinzpeter y el subsecretario Rodrigo Ubilla, quien se repitió el plato en la actual administración. Junto a Peña, participó de la puesta en escena del “caso bombas”, el primer fiasco de proporciones del Ministerio Público.
Es un secreto a voces que el fiscal de Palacio busca beneficiar a La Moneda derribando del Consejo de Defensa del Estado a la exministra Javiera Blanco. De formalizarla, como lo sugirió por la prensa, provocaría su salida del CDE, cargo que debería llenar la actual administración, asegurando un poder similar al que mantiene en el Tribunal Constitucional. Una “movida” que gusta en el oficialismo.
Emilfork, también cuenta con el beneplácito del Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien le ha permitido licencias que no ha dejado pasar a otros persecutores. “Tiene la vista puesta en la fiscalía regional que dejará libre Pablo Gómez”, aseguran a nuestro medio desde el Ministerio Público. Como sea, los niños del Sename siguen esperando, mientras se les usa para escalar o ganar aplausos de la galería.
De hecho, Abbott solo ordenó investigar las filtraciones, pero calló frente a entregarle a otro fiscal la investigación. No solo eso, también evitó una sanción similar a la aplicada al fiscal Arias por el caso de las pesqueras.
