Por Mario López M.

Nadie puede sorprenderse de la conducta del Fiscal Nacional Jorge Abbott en torno a avalar la impunidad de los casos de corrupción. Su actuar comenzó aún antes de ser nombrado en el cargo, entre gallos y medianoche.

En 2016, apenas designado, Cambio21 titulaba: “Nuevo Fiscal Nacional y salvavidas a la UDI: El triunfo de los poderes fácticos”. Agregaba que “el Ministerio Público era hasta hoy (2016) una de las pocas instituciones que se salvaba del descrédito generalizado que atraviesa a nuestra sociedad. El nombramiento del nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, terminó salpicado por sospechas de negociaciones de dudosa transparencia”.

Lo que hoy sorprende es la imprudencia extrema con que llevó adelante su “doctrina”, que consiste brevemente en un tratamiento jurídico punitivo distinto dependiendo de la persona que se investigue, lo que lo ha llevado incluso a instruir a los fiscales por escrito acerca de cómo debe operar la impunidad para los delitos de cuello y corbata.

“Como Frente Amplio estamos estudiando rigurosamente las acciones que vamos a tomar. Una mayoría creemos que es necesario remover al fiscal nacional. La doctrina Abbott representada en la instrucción general que imparte en su cuenta pública, y expresada en el actuar del Ministerio Público en las causas de financiamiento ilegal de la política, es una doctrina de la impunidad”, afirma el diputado Gonzalo Winter, uno de los parlamentarios tras la acusación ante la Corte Suprema en contra del persecutor.

Las bases de la acusación

En algo existe unanimidad dentro de la bancada del FA que prepara la acusación. No puede haber fisuras en ella misma. Desde luego este es un procedimiento especial pues se interpone ante la Corte Suprema, que actúa como única instancia, y además inédito, pues es la primera vez que se intenta en contra de un fiscal. Por último, se trata de tres causales que deben ser invocadas y probadas, todas muy restringidas pues no cualquier motivo permite la procedencia de la acusación.

Incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones son las exclusivas razones por las cuales la Suprema puede poner fin a la carrera de Abbott. Desde luego desde el Frente Amplio apuntan a la tercera para removerlo. De acuerdo con la ley, sus fundamentos deben dar cuenta con “claridad y precisión los hechos que configuraren la causal invocada y a ella se acompañarán o se ofrecerán, si fuera el caso, los medios de prueba en que se fundare”.

De no cumplirse lo anterior, la acción puede declararse inadmisible, lo que legitimaría los actos impropios que se adjudican a Abbott y provocaría un “chasco” a la bancada acusadora por su falta de acuciosidad.

Los acusadores fundan la causal de negligencia inexcusable, en la concurrencia de tres hechos: el discurso de Abbott en la última cuenta pública que, en los dichos del ex fiscal Carlos Gajardo, creo “la existencia de dos sistemas de persecución penal. Uno para el ciudadano de a pie. Duro con ellos. Otro para los parlamentarios. ‘Responsabilidad’. Increíble cómo se afecta el principio de la igualdad ante la ley”.

Segundo, se le imputan las reuniones impropias con el entonces senador UDI Hernán Larraín y el PPD Guido Girardi, mientras era candidato a Fiscal Nacional. También las realizadas durante su mandato y que rompieron con su inhabilitación por sus relaciones con el caso Penta.

Por último, la existencia de serios problemas de gestión y laborales que lo han llevado a ser demandado.

 

LAS BASES DE LA ACUSACIÓN

I.- “Rompió la igualdad ante la ley”

Los dichos del Fiscal Nacional en su reciente cuenta pública abrieron los fuegos de manera transversal, incluso en el mundo político: “los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórum de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”.

En otras palabras instruyó a los fiscales a cargo de los casos de corrupción que tuvieran un especial cuidado en cómo trataban los casos de financiamiento ilegal de  la política en que estuvieran involucrados parlamentarios, pues podrían –al enjuiciarlos y desaforarlos-, romper los quórums en las cámaras. En los casos de delitos de cuello y corbata, abstenerse.

El senador Carlos Bianchi (Ind.) manifestó de manera expresa el no compartir la llamada Doctrina Abbott: “Se debe perseguir sea político, sea senador, sea diputado, sea obispo o una persona natural. No tiene que haber un privilegio. Esto contraviene absolutamente la igualdad que está establecida por la Constitución, donde todos somos iguales ante la ley”, dijo, agregando que “cuando esto afectó a sectores políticos es probable que el fiscal jefe haya tenido alguna misión que cumplir, y uno puede desprender de sus palabras que un poco obedece a eso. (Es) no entender un sistema democrático”, concluyó.

En la misma línea el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, mando en su propia cuenta pública, un mensaje: “no es adecuado que los fiscales tengan en consideración factores extrapenales al tomar una decisión o dirigir una investigación en un caso concreto”.

El abogado querellante en casos de corrupción Mauricio Daza dijo a Cambio21 que los dichos de Abbott son “algo que no solo es ilegal e inconstitucional, sino que además una muy mala excusa para tratar de garantizar la impunidad a un  puñado de personas que tienen cargos públicos y que han incurrido en hechos delictuales o en atentados graves a la probidad”.  

 

2. Las espurias reuniones

El abogado Mauricio Daza sostiene que hay que distinguir entre las reuniones previas a su nombramiento como fiscal nacional y las posteriores, cuando Abbott ya se encontraba inhabilitado para el caso Penta.

La efectuada antes de ser designado en el cargo se trató de “una reunión privada con el entonces senador (Hernán) Larraín en la oficina de un abogado, quien era además parte interviniente en una causa importante para el Ministerio Público. El entonces nominado Abbott era además funcionario público, desempeñándose como director ejecutivo nacional de la Fiscalía, que en la práctica es el segundo cargo más importante”, recuerda el abogado.

“La segunda reunión que se ha revelado tiene una connotación mucho más grave, pues si bien se solicitó e informó de esta audiencia de acuerdo con la Ley de Lobby, el problema no es acá una cuestión de transparencia, sino que derechamente de ilegalidad. Lo que hizo fue recibir una petición en relación a un caso sobre el cual él se había inhabilitado previamente, como lo es Penta, vinculado en el nexo que existe entre quien era en ese entonces presidente del Banco Penta con el actual Fiscal Nacional. A pesar de esto y de tener prohibición de intervenir en el caso, igualmente recibió a un tercero ajeno al proceso, como lo es el senador Larraín, para discutir acerca de la situación de alguien que estaba acusado en el caso Penta”, explica Daza.   

“Además –agrega-, hay un objeto ilícito en esa reunión, pues lo que se pretendía en ella era obtener algún tipo de instrucción particular respecto de una causa que el fiscal nacional no tenía a su cargo”, puntualiza el abogado, que no patrocinará la causa contra Abbott, como se había sugerido.

Lo que se ha conocido y se puede afirmar con certeza, es que el fiscal nacional no solo se reunió con Larraín dos, sino tres veces, ignorándose el contenido de la tercera de ellas. Lo claro es que la última fue al día siguiente de la segunda vuelta presidencial, el lunes 18 de diciembre. Días después se anunciaba el perdonazo al senador Iván Moreira.

 
3. Graves problemas de gestión interna  

El tercero de los fundamentos que sustentarían la causal de grave negligencia por parte del fiscal nacional dice relación con la delicada situación interna al interior del Ministerio Público, que ha llevado incluso a tribunales nacionales y extranjeros a Abbott como demandado.

La Federación de Funcionarios del Ministerio Público ha denunciado serias “dificultades con los gremios al interior de la institución, no haciéndose cargo (Abbott) de las reiteradas denuncias formuladas por los trabajadores y que, incluso, han llegado hasta la OIT, siendo acogidas por dicha entidad”.

Las acusaciones dicen relación con casos de “vulneraciones y arbitrariedades cometidas con los trabajadores del órgano persecutor”, a lo que se suman “variadas sentencias de tribunales laborales del país que confirman prácticas reprochables durante su período como timonel del Ministerio Público, como despidos injustificados o por represalia”, aseguraron a Cambio21 la presidenta Paulina Ruiz y el director de relaciones laborales Fabio Trujillo, ambos dirigentes de Fenamip.

Los dirigentes declaran que “resulta preocupante que el fiscal nacional no reconozca  la serie de conflictos que se han presentado en las fiscalías y sobre algunas de las cuales se han pronunciado los Tribunales Laborales. Peor aún, que en varios casos no se acojan las solicitudes para iniciar investigaciones administrativas contra quienes puedan haber cometido maltrato o acoso en contra de los funcionarios de la institución”, afirman. Además se utilizará como fundamento de la causal los serios problemas que se achacan a Abbott en el pago de horas extras en la Fiscalía Sur.



4. Las otras reuniones secretas de Abbott

A las tres reuniones de Abbott con Hernán Larraín, entonces senador UDI y hoy ministro de Justicia, cuestionadas por ilegales, se suman otras que han pasado inadvertidas y que también dicen relación con el caso Penta, en el cual estaba inhabilitado por su relación directa de primo hermano por lado de madre con el actual ministro Alfredo Moreno Charme, entonces presidente del banco Penta. La empresa y controladores  están formalizados por soborno y diversos delitos tributarios.

Una de ellas se realizó el 20 de enero de 2017 con el abogado Rodrigo Zegers, representante del exgerente de Bancard y exadministrador electoral de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, quien está formalizado en la causa Penta, la misma en que Abbott, de manera imprudente –e ilegal, según los acusadores-, ha actuado.

 En el portal de la Fiscalía consta que Zegers asistía a la reunión para exponer que su representado estaba siendo investigado tanto en Penta como en SQM y quería unir las causas. A pesar de estarle prohibido legalmente, Abbott se reunió con él.

Lo concreto es que no se inhabilitó. Peor aún, terminada la reunión solicitó a los fiscales Manuel Guerra (Penta) y Pablo Gómez (SQM) un informe acerca de la conveniencia de acumular las investigaciones relacionadas con la mano derecha de Piñera, lo que fue informado negativamente por ambos persecutores. 

¿Qué se trató en la reunión a la que también asistió Samuel Donoso, el abogado de Patricio Contesse? Dos datos no menores. El lobista Eugenio González, que asistió a algunas de las reuniones, reveló que en la con Guido Girardi, “él (Abbott) esperaba que Carlos Gajardo no obtuviese votos en la próxima elección de la Corte de Apelaciones (para la Fiscalía Oriente)… En el minuto que yo le manifesté que por el éxito que estaba teniendo como fiscal pudiese tener buenas votaciones para el cargo que estaba postulando, él dijo ‘no creo que tenga y ojalá no los tenga'”.

El segundo dato da cuenta que el fiscal nacional se reunió además en su oficina de la Av. Kennedy con Alejandro Espinoza, Abogado de Pablo Longueira, entre otros acusados por delitos de corrupción.

La excandidata presidencial Beatriz Sánchez se preguntó: ¿Cuántas personas en Chile acusadas por la justicia tienen la posibilidad de que sus amigos o parientes se reúnan con el fiscal nacional? Ahora entiendo por qué el fiscal Abbott pidió diligencia para algunos casos”.

El imputado privilegiado

Valdés enfrenta imputaciones por delitos tributarios en virtud de un contrato de futuro vinculado a la empresa CB Consultores -de la familia Cruzat-, que también poseía un forward con Penta. En paralelo está también formalizado por el delito de facilitación de facturas falsas a empresas SQM, emitidas desde las sociedades Vox Populi, Bancorp e Inversiones La Música, por un monto de $366 millones. También posee cargos en su contra por su participación en la emisión de boletas a las empresas Aguas Andinas y Pampa Calichera: 12 facturas, por un total de $58 millones.

La fiscalía solicitó en la acusación, presentada en marzo de 2017, la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo en contra de quien fuera mano derecha de Piñera durante su primer gobierno. A ello se suma una multa del 300% del valor del tributo eludido y 40 UTA. Se le imputa a Valdés ser autor del delito tributario contemplado en el Artículo 97 número 4 inciso primero y final del Código Tributario, estando dicho delito consumado y en carácter de reiterado.

Aunque fracasaron, el propio abogado de Valdés reconoció que “se han abierto conversaciones con el Ministerio Público destinadas a explorar una eventual suspensión condicional del procedimiento”.

Se suman además reuniones sostenidas entre mayo y agosto de 2016 con otros abogados de la causa Penta, entre ellos Cristián Muga, Rodrigo Aldoney y Luis Ortiz, quienes patrocinan al empresario Enrique Yarur, vinculado al caso Penta por facturas relacionadas con Laurence Golborne. Esas reuniones fueron en forma separada con el fiscal.

 “No voy a renunciar, no tengo miedo”, respondió Abbott al anuncio de removerlo del cargo. Para la diputada acusadora, Claudia Mix (FA), sus dichos son una provocación que reafirma el recurso ante la Suprema.