Por Mario López M.

Es la última oportunidad de Abbott y Guerra de hacer justicia en uno de los casos más grandes de corrupción en Chile. La condena irrisoria a los dueños de la empresa que financió ilegalmente a la UDI es un mal precedente. Las esposas de Délano y Lavín, el ex diputado de Mussy y el exsenador Carlos Bombal aparecen en la lista.

La gran incógnita es qué pasará con el administrador de Bancard y mano derecha de Piñera en su campaña presidencial de 2009, Santiago Valdés, a quien se le piden cuatro años y accesorias. El propio Presidente Piñera está citado a declarar como testigo.

Una denuncia en agosto de 2013 al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) que daba cuenta que empresarios estaban usando y abusando del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el cual ocupaban para fines distintos a los fijados en la ley, dio más tarde lugar a un descubrimiento impactante. No solo se trataba de algunos delincuentes de baja monta que buscaban defraudar al Fisco, sino que tras la operación había otros delincuentes, esta vez, grandes y “respetables” empresarios.

Una de estas grandes empresas era nada menos que el grupo Penta, de propiedad de Carlos “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, ligados a conocidas empresas e incluso a la Teletón. También al entonces Presidente Sebastián Piñera, que estaba ejerciendo en su primer mandato. De hecho, Délano -socio y amigo del Mandatario-, había prestado “servicios” en el Segundo piso de La Moneda.

Luego, buscando el destino de los dineros defraudados, surgió otro hallazgo: ese dinero no había ido mayoritariamente a lucro personal, sino que a financiamiento ilegal de políticos. Al hilar más fino, se determinó que se trataba de la UDI y abarcaba a un sinnúmero de parlamentarios de esa colectividad.

Del escándalo al empate

La UDI sufrió el golpe directo al ver mezclados a sus líderes más importantes. 2014 fue de terror para la colectividad, que de paso había salido del gobierno al ganar las elecciones la Presidenta Bachelet. Senadores y diputados, así como sus líderes partidarios, desfilarían en tribunales ante la incredulidad pública, que comenzaba a conocer de la corrupción de la política.

La derecha comenzó a equilibrar la cancha mediante una campaña de “empates”, lo que se vio beneficiado por la aparición de otras empresas y otros sectores tras la misma o similar figura: políticos recurriendo a empresarios que bajo cuerda financiaron sus campañas. Casi nadie quedaba fuera de este perverso mecanismo. Lo que no se sabía era cuál había sido la moneda de cambio para tan generosas contribuciones empresariales.

Luego vendrían otros hechos que fueron marcando el derrotero del caso Penta. La derecha montaría el caso Caval, que apenas empezado 2015 le pegó en el nivel de flotación a la Primera Mandataria. No sería lo único. A fines de ese año, asumiría la Fiscalía Nacional Jorge Abbott, quien logró ascender a ese cargo tras negociar con senadores -muchas de las reuniones secretas, como se conocería más tarde- y donde les dio garantías, públicas, de que los delitos tributarios conocidos como facturas y boletas “ideológicamente falsas” serían satisfechos solo con el pago de las multas, pues no los consideraba “delitos”. Eso liberaba a todos o casi todos los políticos involucrados.

El golpe de timón

A cargo de las pesquisas desde 2014 se encontraban un grupo de fiscales atrincherados en la Fiscalía Oriente, conducidos por Carlos Gajardo e integrado por Pablo Norambuena y Emiliano Arias, entre otros. Varios intentos por arrebatarles el caso terminaron de manera inédita con el Fiscal Nacional de esa época, Sabas Chahuán, asumiéndolo personalmente, con la colaboración de los mentados tres fiscales.

Al aparecer nuevas “aristas” con nuevas empresas y nuevos involucrados, se fueron sumando la fiscal Ximena Chong y otros a cargo de otro emblemático caso, Soquimich (SQM). Al asumir Abbott, una de sus primeras tareas fue disolver el grupo y restarle el mando a Gajardo, el que pasó a depender del nuevo jefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra. Con Arias, quien por entonces dirigía las indagatorias acerca de Corpesca y las pesqueras de los grandes grupos económicos que habían coimeado a senadores y ministros, fuera del equipo y “degradado”, al punto que fue objeto de varios sumarios -todos sin resultados- y trasladado a Rancagua, sacar del camino a Gajardo y Norambuena era solo cosa de tiempo.

Una cuestionada negociación -que quienes estaban a cargo de la causa no conocían- que llevó a un juicio abreviado al senador UDI Iván Moreira, con penas irrisorias y el coetáneo sobreseimiento mediante un acuerdo pecuniario ridículo, de SQM, que le permitió quedarse con el litio al terminarse los juicios del Estado en su contra, colmaron la paciencia de Gajardo y Norambuena, quienes terminaron saliendo del Ministerio Público.

La estocada final

Guerra, quien había dicho a los cuatro vientos que jamás renunciaría a imputar cohecho a los dueños de Penta y soborno al exsubsecretario de Sebastián Piñera Pablo Wagner, de la noche a la mañana recalificó los ilícitos y reformalizó a estos por simples delitos tributarios. Era cambiar una pena de 10 años por una pena remitida.

No fue lo único que fue sembrando la impunidad de la mano del Fiscal Nacional y sus más cercanos fiscales regionales, Manuel Guerra y Pablo Gómez -quien había sido designado por Abbott a cargo de las investigaciones de SQM-. Decenas de empresas tanto o más implicadas en casos de financiamiento ilegal de la política que se habían autodenunciado ante el SII, no serían investigados. También políticos, empresarios y “boleteros” -que prestaron boletas y facturas para defraudar al Fisco, beneficiándose del 10% de la devolución de impuestos-, quedaron sin ser investigados y sin sanción alguna.

Así fue cerrada la parte “gruesa” del caso Penta, con los empresarios libres y solo un político sancionado, Jovino Novoa -sindicado como el “financista” intermediario entre los Penta y la UDI-, a quien también se le aplicó mano blanda al momento de acordarse con él un reconocimiento de delitos menores, no persiguiéndose los verdaderamente graves.

Años de escándalos en el caso de corrupción -en democracia- más grande de la historia patria, prácticamente sin sanción, en una muestra de inequidad judicial que beneficiaba a los llamados “delincuentes de cuello y corbata”. Una frase del ahora exfiscal Gajardo, dicha al cerrarse el caso a los operadores de Penta, grafica el fin: “En Chile, al final, solo se encarcela a la pobreza”.

Ahora queda el “raspado de olla”

Pero quedaba todavía una pequeña parte de involucrados sin sanción. No más de 22 acusados entre políticos, las esposas de los dueños de Penta y ejecutivos de las empresas del grupo Penta, sumados a otros involucrados en operaciones relacionadas, como las de los casos forwards y Chilevisión (CHV), entre otras, fueron pasados a juicio oral. Muy pocos de los acusados arriesgan penas de cárcel y algunos que sí la arriesgan están negociando acuerdos con la Fiscalía, lo que terminaría, sin dudas y viendo la conducta de Abbott y Guerra en casos similares, en acuerdos de dineros más o menos, pero sin sanción penal efectiva.

Lo “anecdótico” del caso es que quedaron al final enganchados en el tema las dos mujeres de los Carlos -Délano y Lavín-, quienes, “sin haberle trabajado un día a nadie” -como dice Piñera-, poseen un gran patrimonio y durante años emitieron boletas de servicios millonarias, que resultaron ser ideológicamente falsas. María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, arriesgan cuatro años de presidio como autoras de delitos tributarios. Una prognosis de sanción deja en claro que no arriesgan cárcel.

Otro hecho anecdótico es que la misma condena se solicita para el ex candidato presidencial Laurence Golborne y para el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett. Para el ex diputado UDI Felipe De Mussy, se pide una pena de 541 días y para la operadora de la UDI Carmen Luz de Castro, tres años y un día. Los otros acusados son funcionarios de las empresas Penta -Francisco Astorga Silva, Óscar Buzeta y Marcos Castro-, se pide sugieren entre cinco y siete años. Igualmente fueron acusadas las cuatro personas jurídicas: Empresas Penta, Inversiones Penta III, Asesorías Challico e Inversiones Santa Sarella Ltda.

El “hombre” que puede involucrar a Piñera

Aunque es improbable -no imposible- que vaya a la cárcel, Santiago Valdés, mano derecha de Piñera en su campaña presidencial 2009 y su hombre de confianza en las empresas Bancard, entonces de propiedad del actual mandatario -hoy traspasadas a los hijos-, arriesga “la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y multa del 300% del valor del tributo eludido y 40 UTA como autor de los delitos tributarios contemplados en el artículo 97 número 4 inciso primero y final del Código Tributario, estando dichos delitos consumados y en carácter de reiterados”, se lee en la acusación del Ministerio Público en su contra.

Si bien podrá beneficiarse de atenuantes, no es claro que pueda hacerlo del de "cooperación eficaz", pues se ha negado a entregar todos los antecedentes que le han sido requeridos. De hecho, sigue estimándose inocente, al punto que solicitó el sobreseimiento ante el mismo 8° Juzgado de Garantía, lo que le fue denegado. Apeló de la medida.

A Valdés dos temas lo complican seriamente. Uno es que además deberá declarar en el juicio oral del caso SQM, donde deberá dar cuenta sobre la triangulación de boletas y facturas falsas que se efectuó con varias empresas en tiempos de la campaña presidencial que llevó por primera vez a Piñera a La Moneda. Allí se desviaron ilegalmente dineros entregados por la minera no metálica (y otras empresas) para pagar bonos de desempeño a los más altos ejecutivos de Chilevisión, en la época en que el actual Jefe de Estado era el dueño de dicho canal.

El segundo problema es más delicado. No involucrar a Sebastián Piñera, quien está citado a declarar como testigo, para que aclare los hechos materia de la acusación, como el “conocimiento que tiene de la empresa Bancorp S.A., sus actividades y giro, del conocimiento de Santiago Valdés Gutiérrez, de las funciones que éste desempeñaba en Bancorp S.A. y Vox Populi S.A., del conocimiento que mantiene respecto de pagos por parte de SQM a asesorías efectuadas por Bancorp S.A., Vox Populi S.A. e Inversiones La Música Ltda., y demás circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a los hechos materia de acusación, participación de los acusados en ella, y de todo cuanto le conste respecto los hechos materia de la acusación”, sostiene el escrito judicial. 

Piñera podrá declarar vía oficio, por escrito, evitando inculparse. Hasta hoy Valdés ha dicho que el mandatario no sabía el origen de las platas ni su destino, menos de los forwards -operaciones a futuro, que fueron falsas-, exculpándolo. Quienes conocen al presidente aseguran que bien le viene, al interior de sus empresas, la frase del dictador: “aquí no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”.

Piñera buscará declarar vía oficio, por escrito, evitando inculparse. Hasta hoy, Valdés ha dicho que el mandatario no sabía el origen de las platas ni su destino, menos de los forwards -operaciones a futuro, que fueron falsas-, exculpándolo. Quienes conocen al presidente aseguran que bien le viene, al interior de sus empresas, la frase del dictador: “aquí no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”. El riesgo de resultar salpicado es obvio.

¿Justicia?

Un caso fallado hace pocos días, que terminó con Rafael Garay -hombre de negocios que estafó a 29 personas en algo más de $1.000 millones-, condenado a siete años de cárcel efectiva, puso en el tapete la “vara de la justicia” en casos similares. El primero que se vino a la mente de muchos fue el de las condenas en el caso Penta, donde los controladores del grupo defraudaron a todo el país al evadir impuestos y donde la reiteración de ilícitos supera con mucho a los de Garay.

Solo en la arista del caso Challico, vinculado con el caso Penta, se defraudó al Estado por $247 millones. A esto deben sumarse los $392 millones de pérdida ficticia por conceptos de contratos “forwards” de Penta con Asesorías VSA en 2013 y los $341 millones por 140 boletas ideológicamente falsas emitidas entre 2008 y 2014 que fueron en directo beneficio de las esposas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Asimismo, se especificó que Penta pagó $71 millones a Jorge Valdivia e Iván Álvarez. Eso fue la punta de iceberg que llegó a una defraudación de cerca de 7.000 millones de pesos. A ellos se les condenó a cuatro años de libertad vigilada y al pago de $1.700 millones.

¿Por qué esa diferencia si se trata de situaciones similares, en altas cuantías, múltiples delitos y múltiples víctimas? El juez que falló el caso Garay se hizo cargo de la respuesta: “sin conocer las circunstancias concretas de los casos invocados por la defensa, de haber sido similares al que ha conocido este Tribunal, llamaría la atención de estos juzgadores que tales casos fueran sustraídos de un juicio oral mediante la aplicación de procedimientos y penas que no parecen proporcionados a la gravedad de hechos semejantes…”

“La reflexión del Tribunal resulta particularmente pertinente atendido el resultado que otras investigaciones, entre ellas las vinculadas al financiamiento político, en que se ha preferido por parte de la Fiscalía términos pactados y se ha impedido consecuencialmente que sea un Tribunal de Justicia el que ejerza sus funciones jurisdiccionales para determinar la sanción a aplicar en el caso concreto, toda vez que en el procedimiento abreviado por disposición legal se le impide al juez imponer una pena superior a la pedida por el fiscal (…) Soluciones tan distintas para casos semejantes contrarían gravemente el principio de la igualdad ante la ley. Ese principio que la Fiscalía debiera ser la primera en asegurarle a todos los chilenos”, expuso el ex fiscal Carlos Gajardo.