Por Mario López M.

Si hubo algo que llevó al dictador a estar al borde de acordar su salida de la comandancia en jefe del Ejército y de todos sus cargos fue la proximidad de una investigación al origen de su patrimonio y el rol de su familia en él.

Cada vez que el poder civil se lo pidió –incluido el entonces Presidente Patricio Aylwin lo hizo personalmente- el general se negó rotundamente. En el caso del fraude de los cheques estuvo el minuto de debilidad.

Corría el año 1991 y las relaciones entre el Ejército -generalmente respaldado por la Marina- con el gobierno democrático, no eran las mejores. Diversas acciones del Presidente Patricio Aylwin y su gobierno molestaban profundamente a la institución castrense y en especial a su entonces comandante en jefe, que no era otro que el exdictador Augusto Pinochet.

No solo eso, había diseñado de la mano de Jaime Guzmán, el ideólogo de la UDI, un hábil sistema respaldado en la propia Constitución de 1980, que aseguraba al “poder militar” tener injerencia directa y resolutiva en el poder político. Senadores designados que rompían la voluntad popular, un Consejo de Seguridad Nacional que invadía las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo con presencia militar y la frase incorporada a la Constitución que transformaba a las FFAA en “garantes de la institucionalidad”, eran solo algunas de esas demostraciones del poder real que mantenía.

Aylwin le pide la renuncia

A pesar de ello, era un deber moral de las fuerzas democráticas que exigían la salida del dictador pedirle la renuncia y nadie mejor para ello que el propio recién asumido Presidente de la República. Era un gallito necesario y de seguro con final conocido, pero debía intentarse y así se hizo.

Al día siguiente de haber resultado electo, el futuro Mandatario le pidió la dimisión. Así lo recuerda un exministro de la dictadura, Carlos Cáceres: “Al día siguiente de que Aylwin ganara la elección presidencial de 1989, fue a visitar a Pinochet a La Moneda. En esa reunión, que fue muy protocolar, muy seria, Aylwin le manifestó a Pinochet la posibilidad de que él dejara la comandancia en Jefe del Ejército, a lo cual Pinochet le contestó en forma muy rápida, muy directa, que el mejor apoyo que él podía tener a la gestión presidencial era que él se mantuviera en la comandancia en jefe del Ejército”. Cáceres, fue testigo directo del hecho.

No sería la única vez que tal episodio se repetiría. Tanto Aylwin como Eduardo Frei Ruiz-Tagle hicieron llegar de manera personal a diversos intermediarios la petición de renuncia. La respuesta siempre fue la misma y el Presidente de la República por entonces y hasta la modificación Constitucional de Ricardo Lagos, no tenía las facultades de removerlo. Pinochet, hasta 2002, cuando renunció a su calidad de senador designado, mantuvo un fuerte poder avalado por los mismos que hoy se encuentran enquistados en el poder, civiles que le sirvieron de soporte para presionar a la democracia.

Pinochet se abre a la salida

Sin embargo, hubo una oportunidad en que fue el propio Pinochet quien mandó una oferta de renuncia en bandeja de plata a La Moneda. Sujeta, eso sí, a condiciones. En 1991 hubo muchos “encontrones” entre el dictador, ahora en la comandancia en jefe de Ejército, y La Moneda, con Aylwin de huésped. Uno de ellos tocaba directamente al propio general y otro a su hijo homónimo, Augusto Pinochet Hiriart, en el denominado caso “pinocheques”. Se trataba de tres cheques por un total de $ 971 millones (unos tres millones de dólares), por la adquisición de la empresa Valmoval, que se encontraba al borde de la quiebra.

No solo investigaban los tribunales, también se había formado una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, que en su indagatoria se acercaba peligrosamente al propio Pinochet y a averiguar el origen de su riqueza. Por aquel entonces no se conocían, como hoy, los casos Riggs y otros que le allegaron ilegalmente una importante fortuna. Se conocían las violaciones a los DDHH, mas no las maniobras de enriquecimiento indebido a costa del fisco, que se mantenían bajo rigurosa reserva y nombres falsos.

El propio Aylwin relataría más tarde este “ambiente”: “Bueno, en su momento, antes de asumir y después de elegido, yo le pedí que dejara la comandancia en jefe. Me dijo que creía que era un error, que debía cumplir con la Constitución que le daba ocho años de comandancia en jefe. Y yo que soy hombre de derecho y que conozco lo que es cumplir la Constitución, no tenía ningún instrumento para forzarlo”.

La ira de Pinochet

Contrariado por las investigaciones, Pinochet ordenó a sus asesores directos -civiles y militares-, que buscaran una salida a la situación que podría involucrarlo y a la de su hijo. Según relatan cronistas y testigos, el 5 de diciembre de 1990 se le hicieron llegar las conclusiones. La reunión se efectuó en el ministerio de Defensa, solo a pasos de La Moneda. Estaban presentes el entonces Auditor General del Ejército, Fernando Torres (hoy en Punta Peuco), el abogado castrense Juan Romero, el general Jorge Ballerino (mezclado en el caso Riggs), y los ex personeros del régimen militar Carlos Cáceres, Miguel Alex Schweitzer, Hernán Felipe Errázuriz y Gonzalo García, además del entonces jefe de seguridad del comandante en Jefe, coronel Jaime Lepe.

Ese día había sido precedido por innumerables reuniones de Ballerino con ministros de Aylwin buscando una salida al conflicto (también estaba en boga la situación de los militares vinculados y judicializados por el caso Letelier). El general le había comunicado a Pinochet que, como moneda de cambio, el gobierno pedía su renuncia o al menos acortar sus ocho años en la comandancia en jefe.  Venía de maratónicas reuniones de ese día con el entonces ministro de Defensa, Patricio Rojas, que no era del agrado del dictador. “Pinochet debía renunciar entre marzo y abril de 1991”, era la condición. Inaceptable para él.

Además, en la reunión le habían entregado las conclusiones, que fueron dadas a conocer por Schweitzer, que no eran lo que Pinochet buscaba: “en el terreno jurídico, era totalmente factible evitar que su figura fuera afectada, sin embargo, no le podían garantizar lo mismo respecto de su hijo”.

Ese fue el instante preciso en que comenzaría una de las pruebas más duras para la feble democracia de “en la medida de lo posible”. Recuerdan testigos de aquel momento, que el comandante en jefe dijo: “Ustedes me han dado una solución jurídica. Pero yo tengo otra”. Terminaba la reunión y comenzaría el llamado “Ejercicio de Seguridad, Alistamiento y Enlace”.

Los tecitos de Ballerino y Correa

Varios de los asistentes recuerdan que justo antes de suspenderse el encuentro ingresó a la sala el general Guido Riquelme, comandante de la Guarnición de Santiago. Él sería el que llevaría adelante el movimiento de tropas. La decisión de Pinochet y su plan B, la presión al gobierno, entraba en escena. Una larga escena que tendría un segundo capítulo más de un año después.

Qué tan sincera fue la oferta de Pinochet de renunciar, si esta fue otra de sus ladinas movidas o hasta dónde estaba dispuesto a llegar con el movimiento de tropas -si a “cruzar la calle” o solo eran bravuconadas-, es algo que tiene múltiples interpretaciones. Que disponía de la fuerza de las armas para hacerlo, nadie lo duda, sin embargo, el peso internacional sería inaceptable e inaguantable. El horno no estaba para bollos y el exdictador la sabía.

La oferta de “acortar el plazo del comandante en jefe del Ejército”, fue sugerida en una reunión con el entonces ministro Enrique Correa (el mismo del lobby actual con empresarios), que fue “invitado a tomar té” a la casa de Ballerino, quien le hizo saber la voluntad de Pinochet de buscar “un gran acuerdo entre el Ejército y el gobierno”, que pusiera término a temas como el de los cheques, los derechos humanos y otras.

La moneda de cambio fue sorprendente, aunque no concluyente: Ballerino deslizó que podría ir desde la cooperación de los senadores designados en proyectos de interés del oficialismo hasta “el acortamiento del plazo del comandante en jefe”. Era la primera vez que Pinochet se abría a renunciar y era dicho por su mano derecha, lo que le asignaba credibilidad.

¿Mal manejo?

Aylwin entregó el manejo de las siguientes reuniones al ministro de Defensa. La posibilidad de renuncia se diluyó. Rojas nunca fue para el dictador un interlocutor de su agrado. Así lo recuerda el también entonces ministro de Justicia, Francisco Cumplido: “Pinochet tenía a ministros que realmente no soportaba (…) cuando teníamos que asistir a las celebraciones de las Fuerzas Armadas, nosotros tratábamos de ubicarnos generalmente al lado de los Carabineros y no al lado del Ejército”.

Entre el 13 y el 18 de diciembre hubo carreras de todos lados. Edgardo Boeninger era el hombre preciso para manejar la situación, estimaba Correa. Sin embargo, Aylwin, un hombre de derecho, quiso que las negociaciones se llevaran por la vía institucional y allí era Rojas el encargado de hacerlo.

Ni Pinochet ni Ballerino se llevaban bien con él. Rojas recibió la confirmación de la oferta, pero las condiciones eran al parecer inaceptables. Dos reuniones sellaron el retiro de la renuncia: la primera, en que se hizo formalmente la oferta por Ballerino, y la respuesta, apenas unas horas después.

“El presidente no quiere discutir minucias -le respondió Rojas a Ballerino-; es condición ineludible que Pinochet se vaya antes del 15 de abril”, agregó. Seco, frío, distante, con un rostro inmutable, sus palabras le sonaron a un portazo a Ballerino y así se lo hizo saber a al comandante en jefe. La suerte estaba echada, no habría renuncia; sí plan B, el Ejercicio de Enlace, como sería conocido.

“¿Enlace o bravuconada?”

Pinochet ordenó el acuartelamiento de tropas al mismo tiempo que reunía en el ministerio de Defensa a su Estado Mayor. El ambiente era tenso y la noticia se filtraba: el Ejército se acuartela, algo sucede.

Qué Pasa dio a conocer un diálogo que refleja el momento: “Un testigo recuerda el siguiente diálogo entre Pinochet y uno de sus ex ministros. ‘¿Y a usted que le parece, mi amigo?’, le preguntó el general al ex ministro, un militar retirado. ‘Vamos a poder cruzar al frente sin problemas, general’, señaló éste apuntando hacia La Moneda. ‘Pero después la situación va a ser difícil, muy difícil, mucho más difícil que todas las anteriores’”.

Las noticias, ya conocido el extraño e intrincado movimiento de tropas, llegaba a la prensa, que entregaba versiones contradictorias. Algo estaba pasando, pero nadie reconocía qué. Rojas salió a entregar “tranquilidad” a la población, mientras en privado actuaba de interlocutor entre Aylwin y Pinochet. Fueron un día y una noche largos, muy largos.

Ya tarde, después de las 22 horas, el oficial de guardia en la residencia de Pinochet avisó la llegada de un bus de Carabineros, que iban a rodear la casa para “proteger al general”, según le habían dicho. “Avisen que si no salen en dos minutos serán expulsados por la fuerza”, fue la respuesta.

A las 8 de la mañana, al desayuno, Ballerino y Rojas comenzarían a poner paños fríos a la crisis que tras varias reuniones terminó “solucionándose” ese mismo día. A las 11:30 Pinochet y Aylwin se verían las caras.

El asunto concluyó con un acuerdo que nadie reconoce, pero se dio entre Ballerino y Correa: Pinochet no sería afectado por la comisión investigadora de los cheques y su hijo comparecería a prestar declaraciones.

Así sucedió. Augusto hijo concurrió a la Comisión Investigadora, siendo preparado para contestar por los entonces parlamentarios derechistas Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN), ambos hoy ministros de Sebastián Piñera. El segundo reconoció la reunión y los participantes: “Lo que hicimos fue explicarle la importancia de su testimonio para limpiar el nombre de su padre, que sabíamos que era inocente”.

Años más tarde, otro hecho relacionado con estos cheques generaría un nuevo roce, con otros actores. En La Moneda estaba Frei Ruiz-Tagle.

En 1993, la investigación judicial se reactivó por parte del Consejo de Defensa del Estado, citándose a declarar a ocho oficiales. Pinochet esta vez no negoció de manera previa, sino que ordenó un movimiento de tropas, vestidos de combate, con sus rostros tiznados, sin casco, pero con boinas. Eran paracaidistas los que rodearon el edificio de Defensa el 28 de mayo de ese año, en lo que se llamó “El Boinazo”.

Luego de eso la causa se paralizó y el CDE no siguió adelante.