Por Mario López M.

La impunidad de los casos de corrupción entre empresarios y autoridades ha quedado de manifiesto. El perdonazo de Abbott y Guerra beneficiará a todos los demás involucrados en las otras aristas. Inaceptable, dicen abogados y ex fiscales.

“Nosotros (la Fiscalía) no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado si ellos (Délano, Lavín, Wagner) no aceptan responsabilidad por el delito de cohecho. Dicho de otra forma, si ellos no están dispuestos a aceptar su responsabilidad y a no discutir la existencia del delito de cohecho y su participación, nosotros no vamos a estar dispuestos a un procedimiento abreviado (…) Ello, por la relevancia que tiene este delito; más allá de la pena, tiene relevancia en cuanto al bien jurídico que afecta, que es la probidad pública, y es un tema que nos parece intransable”, dijo el fiscal Manuel Guerra de manera expresa en una entrevista en junio de 2016 con los periodistas Mónica Rincón y Daniel Matamala.

Sin embargo, menos de dos años después, el pasado 26 de abril, el mismo fiscal Manuel Guerra ingresó un escrito en el Tribunal en que da cuenta de un acuerdo de la Fiscalía con los acusados Carlos Alberto “choclo” Délano, (foto) Carlos Lavín (ambos dueños y controladores de Penta) y Pablo Wagner (exsubsecretario del primer gobierno de Sebastián Piñera), en que desiste de perseguir el delito de cohecho respecto de los tres y transforma la figura penal en “enriquecimiento ilícito”, tecnicismo que permite rebajar las penas de 10 años a cuatro para los dos primeros y a solo os para el tercero.

La mano que mece la cuna

Si Manuel Guerra no estaba “dispuesto” a transar, ¿quién sobre él sí lo estaba? El único posible es el fiscal nacional Jorge Abbott, su superior jerárquico. Y si aceptamos que Guerra cambió de parecer, ¿pudo hacerlo sin el visto bueno de este? No. Y ojo, que Jorge Abbott, como el mismo lo reconoce, está inhabilitado, dado su parentesco (primos hermanos) con el hoy ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien pasó directamente de la gerencia de Penta -la empresa y grupo económico investigado y hoy beneficiado con el perdonazo-, al gobierno actual.

“Lamentablemente el Fiscal Nacional no rectifica su concepción de dos clases de justicia. Además no queda claro si Abbott se inhibe efectivamente en el caso Penta donde parientes de él tienen o tuvieron interés. ¿Dónde quedó su inhabilidad en el caso Penta?”, se pregunta el ex fiscal Pablo Norambuena. Nadie sabe.

Para el abogado querellante del caso Penta, Mauricio Daza, esta decisión pudo haber tenido influencias políticas dadas las declaraciones de Abott sobre el desafuero de legisladores: “Las investigaciones del Ministerio Público tienen como límite en la práctica la afectación del funcionamiento de otros poderes del Estado (…) Los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones (…) alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”, dijo el persecutor para justificar el trato especial que debía darse a los políticos vinculados a casos de corrupción, ya que se podría alterar quorum parlamentarios, aunque después dijo que no dijo lo que dijo.

Lo de Abbott no es nuevo. Lo comprometió antes de asumir frente al Senado: “La prudencia de los fiscales la exigiré cuando sea Fiscal Nacional”, les dijo para asegurarles que no habría persecución que les afectara.

Y así fue. Al segundo que asumió, removió a Carlos Gajardo y Pablo Norambuena del caso SQM. Fue el comienzo. Luego vino el fiscal Emiliano Arias a quien sacó de Corpesca, desarmó los equipos, les hizo la vida imposible a los persecutores con sumarios y ley mordaza hasta llegar a transar con SQM y el senador Iván Moreira, lo que terminó por colmar la paciencia y sacar del Ministerio Público a Gajardo y Norambuena.

La vuelta de carnero

Como se recordará, recién el 14 de marzo la fiscalía presentó acusación en contra de Délano, Lavín y Wagner. Sobre los dos primeros se solicitó la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo y multa del 300% del valor del tributo eludido como autores del delito tributario contemplado en el artículo 97 número 4 inciso primero del Código Tributario, cometido en carácter de reiterado y estando dicho delito consumado. A eso se suma la pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, tres años de suspensión de cargo u oficio público en su grado máximo y multa del duplo del provecho otorgado al funcionario público como autor de delitos reiterados de soborno  del artículo 250 del Código Penal, en carácter de consumado.

Sobre Wagner se solicitó la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y multa del 300% del valor del tributo eludido y 40 UTA como autor de delitos tributarios contemplados en el artículo 97 número 4 incisos 1°, 3° y final del Código Tributario, reiterados y consumados. Además, la pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, tres años de suspensión de cargo u oficio público en su grado máximo y multa del 100% del beneficio recibido, como autor de delitos reiterados y consumados de cohecho. A lo anterior se agrega la pena de dos años de presidio menor en su grado medio y multa de 200 UTM como autor del delito consumado de lavado de dinero.

Hoy Délano y Lavín, quienes cometieron delitos de corrupción que afectaron la fe pública, se van a casa con apenas 275 días de condena cumplidos, 46 de ellos en prisión preventiva, 111 días con arresto domiciliario total y 118 con arresto domiciliario nocturno. La fiscalía reconoce ahora “colaboración sustancial” y “reparación celosa del mal causado”, lo que sumado a la irreprochable conducta anterior y a la recalificación del cohecho a enriquecimiento ilícito, permite rebajar las penas.

El abogado Daza dijo acerca del perdonazo del Ministerio Público que “no hay ningún motivo objetivamente razonable para explicar esta decisión, en esta fase del proceso”. Del “intransable” delito de cohecho, no quedó nada.

“La máquina para defraudar al fisco”

Así llamó a Penta en marzo de 2015 el ex fiscal Carlos Gajardo en la audiencia de formalización de los controladores de la empresa, quienes enfrentaban cargos por emisión de boletas por servicios no prestados, soborno y adulteración de contratos forwards, además de fraude fiscal.

El delito de soborno de Délano y Lavín a Wagner, quien cometió cohecho, se basaba en que el último, siendo subsecretario de Minería, recibió “honorarios” por tres millones de pesos mensuales de Penta, los que sumaron un total de $42 millones. La justificación de deudas pendientes no tenía asidero alguno, más aún cuando este emitió boletas de su cuñada.

Aunque para que se concretara el soborno los acusados no tendrían necesariamente que haber recibido una retribución de parte de Wagner, según los querellantes, esta sí la hubo y por partida doble: el exsubsecretario hizo lobby ante el ministro de la época para que Carlos Lavín asumiera como director de Codelco. La segunda retribución fueron las gestiones que realizó en favor de minera Dominga.

Así, el caso que alertó del incestuoso vínculo entre ambiciosos empresarios que mantenían a políticos con dineros entregados al margen de la ley y que lucraban de sus servicios en el parlamento o el gobierno, llega a la etapa final, tras casi cuatro años de investigaciones y denuncias, 230 testigos de que disponía la Fiscalía, miles de documentos, confesiones, peritajes y millones de pesos tirados a la basura, tras el “acuerdo” que determinó impunidad en favor de quienes cometieron estos ilícitos. Penta es el único caso de dineros dirigidos hacia un solo sector: la derecha y muy en particular a la UDI. 

Lo que viene

Si bien el espurio acuerdo no necesariamente debe ser acatado por los tribunales, viendo las resoluciones del Octavo Juzgado de Garantía en otros casos de corrupción sería ilusorio esperar otra cosa que no sea ratificarlo, con pequeños cambios, si es que los hay.

El juicio abreviado es un procedimiento que se efectúa a petición del fiscal ante el Juez de Garantía, en este caso el 8° Juzgado, cuando la pena requerida no excede de cinco años. En estos casos los imputados deberán aceptar los hechos materia de la acusación y los antecedentes en que se funda, como asimismo deben estar conformes con la aplicación de este procedimiento. Los hechos que reconocerán serán menores.

Lo que ocurra en este caso influye sustancialmente en todos los otros casos de corrupción donde hubo soborno y consecuentemente cohecho de algún funcionario público, como los casos SQM, Corpesca, etcétera. Sin ir más lejos, los grandes favorecidos serán el exministro de Economía Pablo Longueira y el exsenador Jaime Orpis, aunque dados los múltiples delitos de este último es el único -sí, leyó bien-, el único que puede terminar cumpliendo pena efectiva, a menos que se intente lo mismo que se hizo ahora y se intentó con Longueira: cambiar el cohecho por “enriquecimiento ilícito” o  “tráfico de influencias.

Guerra asegura que demostrar el soborno y cohecho era para él muy difícil. El simpatizante RN y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, a pesar de ser ultraderechista e incluso pinochetista, dijo en una reciente entrevista: “Estábamos absolutamente convencidos de que los hechos ameritaban la calificación de cohecho, eso está absolutamente claro”, en relación a Délano, Lavín y Wagner. Pero no a Guerra.

El lado oscuro de la luna 

Los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena no han dejado pasar ninguna oportunidad de representar las inconsistencias de Abbott y Guerra. Las redes sociales han sido su arma mortal. Allí, Gajardo, apenas se conoció el apócrifo acuerdo de la Fiscalía con la defensa de los dueños de Penta y Wagner, tuiteó: “Cada día puede ser peor. Para la @FiscaliadeChile condenar por soborno en el Caso Penta era ‘intransable’. Así lo declaraba el Fiscal Regional Manuel Guerra en @CNNChile. Nada ha cambiado desde entonces. Qué triste ver como transformaron la Fiscalía en una liquidadora”.

La respuesta de Abbott vía entrevista en El Mercurio, no se hizo esperar: “La verdad es que si él (Gajardo) quiere orientar las cuentas públicas, que postule a fiscal nacional y ponga lo que él crea que es importante. Yo he puesto lo que creo que es relevante para nuestra institución”, dijo. La réplica de Gajardo vino de inmediato: “Entrevista a Jorge Abbott de hoy insiste en trato diferenciado en favor de autoridades de elección popular: -Hay que ser ‘lo más eficiente’ –‘Hay que tener una especial responsabilidad que es distinta al ciudadano común’ Resultado: Las causas se cierran sin condenas. ¡Inaceptable!”.

Otro fue el término usado por Mauricio Daza, pero igualmente duro con el perdonazo: “Resulta especialmente impresentable si se considera que involucra eliminar uno de los pilares del caso, que es precisamente la imputación por cohecho, consistente en el pago de sobornos al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner a cambio de realizar gestiones a favor del proyecto Dominga (...) Espero que no se haya llegado a este acuerdo por razones meramente políticas, pero es una hipótesis que no se puede descartar”, remató.

Piñera escapa ileso

Al cierre del juicio que abrió las puertas para conocer la magnitud de la corrupción política en Chile y tras años de investigaciones, existen solo dos condenados, 36 acusados, dos parlamentarios que fueron formalizados y con salida alternativa y una sola persona que arriesga pena efectiva de cárcel. $7.000 millones de fraude tributario; el financiamiento ilegal a políticos superó los $750 millones; la emisión de facturas y boletas ideológicamente falsas para pagar bonos a ejecutivos y sacar dineros evadiendo impuestos alcanzó a más de $1.000 millones; el uso de forwards falsos superó los $2 mil millones.

El acuerdo presentado el pasado 26 de abril por la Fiscalía pone en el tapete público la imposibilidad de hacer justicia en contra de algunos connotados personajes del quehacer nacional y que encarnan el uso y abuso del poder económico y político en nuestro país. Los raspados de ollas, los eternamente agradecidos y agradecidas y tantas otras ruines conductas quedarán impunes ante la opinión pública.

Alegría en La Moneda. Ello, porque existía la clara posibilidad que el actual Mandatario, Sebastián Piñera, hubiera sido citado a estrados, puesto que su nombre figuraba entre los testigos que ofreció la Fiscalía.

Su relación con el caso pasa por los vínculos de algunas de sus empresas y ejecutivos con los fraudes tributarios que se investigan. Desde luego debía dar cuenta de la relación del grupo Bancard y las empresas Administradora Bancorp S.A. y Vox Populi. Además debería dar antecedentes sobre su relación con el acusado Santiago Valdés Gutiérrez, su mano derecha, y qué sabía el propio Piñera respecto de los pagos por parte de SQM a Bancorp S.A., Vox Populi e Inversiones La Música.

Las empresas de Piñera aparecen en los tres tipos de fraudes tributarios objeto de la acusación. Desde luego su incidencia en los más de $7.000 millones defraudados es muy importante. Funcionarios de su gobierno y parlamentarios de su sector fueron parte del financiamiento ilegal a políticos; sus empresas emitieron facturas ideológicamente falsas y él usó los dineros allegados por ese concepto para pagar bonos a ejecutivos y sacar dineros evadiendo impuestos. Además hubo gravitación en el uso de forwards falsos, que trianguló con Penta y con  CB Consultorías y Proyectos, de su amigo Manuel Cruzat.

Ahora, queda exento de tener que testificar.

El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por parlamentarios socialistas, no tiene buen futuro, si se tiene en cuenta que hoy siete de los diez ministros fueron designados por la derecha y ojo, la derecha dura.