Por Alfredo Peña R.

Desde fuera del oficialismo, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, percibe que el gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene un déficit en la búsqueda de acuerdos. 

En conversación con Cambio21, el diputado apuntó que “es poco aceptable que la coalición gobernante no tenga todo el apoyo posible cuando tenemos un contexto desbordado en materia de delincuencia y seguridad. No se entiende”.

El exalcalde de Maipú y exministro de Obras Públicas abordó con Cambio21 los temas de seguridad. El parlamentario aseguró que “el anuncio del plan de intervención de 46 comunas que concentran los delitos más violentos es un gran avance. Pero como lo ha dicho la alcaldesa Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, es un primer paso que debe ampliarse en el territorio, porque la delincuencia no tiene por qué residir, planificar y ocultarse en las mismas comunas donde realizan sus actividades criminales”.

¿Qué le parece que el frente amplio y el PC no apoyaron al gobierno en la ley Nain-Retamal?

Es un error por dos razones. Primero, porque no puede ser que parlamentarios de gobierno voten en contra de acuerdos que el mismo gobierno ha construido, en este caso diputados y diputadas votando en contra de un acuerdo que el gobierno construyó en el Senado. Eso es serio y complejo para cualquier gobierno y ya es repetitivo en los temas de seguridad.

Pero más grave aún es que la votación de Apruebo Dignidad y del Partido Republicano (ambos se opusieron a la ley por razones distintas) no permiten construir la necesaria unidad contra la delincuencia y el crimen organizado. En temas de seguridad, la pugna no es entre izquierda, centro y derecha, sino que lo necesario es la unidad de todos contra la delincuencia y el crimen organizado.

Por eso el Frente Amplio y el Partido Comunista se equivocan dos veces.

La presidenta del PS dice que esa decisión fue inaceptable

Es poco aceptable que la coalición gobernante no tenga todo el apoyo posible cuando tenemos un contexto desbordado en materias de seguridad y delincuencia. No se entiende.

¿Qué le parece que el presidente del partido de Boric, diputado Diego Ibáñez, en el momento que se votaba esa ley de su gobierno, saliera a la calle a protestar contra esa ley?

Esos gestos no ayudan. Más bien dan la sensación de que no se está dialogando y creando un sano debate frente a un tema tan grave. Las personas están en su derecho de manifestarse protestando pero es confuso que esa herramienta la ocupe alguien tiene voz y voto para incidir directamente en ese debate, sin necesidad de protestar.

¿Es suficiente lo que hace el gobierno en materia de seguridad?

El anuncio del plan de intervención de 46 comunas que concentran los delitos más violentos es un gran avance. Pero como lo ha dicho la alcaldesa Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, es un primer paso que debe ampliarse en el territorio, porque la delincuencia no tiene por qué residir, planificar y ocultarse en las mismas comunas donde realizan sus actividades criminales. Asimismo, llama la atención la ausencia de algunas comunas, por lo que deben transparentarse los criterios de selección.

¿Cuál es la mirada de su partido respecto de los problemas de seguridad que vive el país? ¿Qué proponen?

Quienes delinquen deben ser detenidos; los que reinciden no pueden volver a la calle; no tener papeles al día ha de tener consecuencias en el caso de los delincuentes; las armas ilegales no deben llegar a manos homicidas; las fiscalías regionales deberán jugar un papel importante por su dedicación a la investigación de los homicidios; los autos robados no deben circular durante meses sin ser recuperados; los tribunales deben realizar los juicios en tiempo oportuno y la policía debe poder defenderse de un ataque en sus labores cotidianas; debemos perseguir al crimen organizado en el territorio, pero al mismo tiempo perseguir el dinero, y ello requiere nuevas normas.

La lista se puede alargar. Es en la cadena completa la que hay que intervenir, partiendo por las medidas preventivas. Si, como dice el ministro de Justicia, Luis Cordero, hay que cambiar la impunidad por la persecución penal efectiva, incluyendo realizar en la práctica las órdenes de detención vigentes, entonces todos los sectores han de colaborar para que la agenda de seguridad sea una política de Estado que no exime a nadie de aportar a su construcción. Por eso señalamos que debe haber una temporada de acuerdos para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

¿Cómo ve las propuestas de la derecha en esta materia o medidas como la del Alcalde Rodolfo Cárter?

Es vital que tengamos una mirada país sobre esto con la sobriedad de saber que no hay fórmulas mágicas. En ese sentido, las soluciones son más complejas que sólo lo que hace el alcalde, más allá de que es un aporte. En todo caso, vuelvo a la necesidad de construir unidad contra la delincuencia y el crimen organizado, y evitar la polarización. Si el país se polariza, una solución autoritaria le parecerá más adecuada a muchos y ese no es el camino para Chile.